La Defensoría del Pueblo lanzó esta semana una unidad móvil con la que busca llevar servicios de salud y justicia a los territorios más apartados. “Nuestro objetivo es acercar los servicios defensoriales de atención de manera integral y especializada, de cara a los requerimientos de la ciudadanía y las poblaciones más vulnerables, con el fin de promover los derechos humanos, la justicia y la presencia del Estado en zonas rurales y de difícil acceso”, aseguró el defensor Carlos Camargo Assis en el evento de lanzamiento.
Las jornadas de atención integral cuentan con la articulación de diferentes entidades nacionales y territoriales para garantizar la plena asesoría a las poblaciones más vulnerables. Es que, según identificaron, la mayor necesidad en términos de información y atención estaba relacionada con los procesos de justicia y paz en casos de víctimas del conflicto armado.
Los servicios que presta la Unidad Móvil liderada por la Defensoría incluyen: jurídico, con los defensores públicos asesoran a las poblaciones; de salud, que, en coordinación con las secretarías de Salud municipales o departamentales y entidades promotoras de salud (EPS) brindan atención para la cobertura de estos servicios; la rececepción y registro de peticiones en el portal de la Defensoría, y de enfoque diferencial, pues en los casos en que es identificada la presencia de población con características particulares se articula con las Defensorías delegadas, para el manejo de casos de manera diferenciada.
En lo transcurrido del año, la entidad a través de esta unidad ha logrado atender cerca de 12.600 solicitudes e indican que se requiere poner en funcionamiento por lo menos tres unidades móviles más para atender a víctimas, con el fin de mejorar los tiempos de atención y respuesta a las comunidades. Así, se busca facilitar el acceso a trámites de justicia que ofrece la administración pública, dados los efectos del conflicto sobre la población civil.
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Este lanzamiento de la Unidad Móvil se da luego de que la Procuraduría General de la Nación, junto con el trabajo de la Defensoría del Pueblo, Contraloría General y representantes de víctimas, dieran a conocer el informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley de Víctimas. En ese documento se destacaba la necesidad de una política pública que brinde asistencia, atención y protección en los territorios con mayores afectaciones por el conflicto armado.
El informe recalcó su preocupación por la disminución de los recursos que se han asignado a la Política Pública de Atención y Reparación de Víctimas, ya que, en 2023, tan solo se asignaron $5,7 billones a comparación del año 2022 que fue un total de $7 billones de pesos. Así mismo, reveló la crisis humanitaria que se vive en distintos territorios del país, teniendo en cuenta que a la fecha ha habido más de 50 casos de confinamiento que han afectado a 41.106 individuos y que ha restringido a la población civil de acceder a servicios de justicia que brindan las entidades estatales.
Sin embargo, con la nueva Unidad Móvil de la Defensoría, se prevé disminuir la brecha de acceso a la justicia que enfrentan los territorios apartados y poder garantizar la atención y reparación con base en la Ley de Víctima (1448 de 2011).
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