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Una estudiante, víctima del conflicto armado e inscrita en el Registro Único de Víctimas (RUV) como víctima de desplazamiento forzado, presentó una acción de tutela contra la Dirección Nacional de la Policía Nacional, la Dirección de Educación Policial, y la Escuela de Policía Rafael Reyes. En su denuncia, la joven denunció haber sido víctima de acoso, discriminación y tratos degradantes por parte de sus compañeras y superiores en la institución, lo que la llevó a solicitar su retiro voluntario el 14 de septiembre de 2023.
La estudiante, quien inició sus estudios en enero de 2023 en el programa técnico profesional en servicio de policía, aseguró ante la Corte que, a partir de abril de ese mismo año, empezó a sufrir burlas y acoso por parte de sus compañeras, así como de algunos de sus superiores. Según el testimonio, ella fue víctima de comentarios denigrantes debido a que fue víctima de desplazamiento forzado, y que fue acusada injustamente de mantener una relación sentimental con un superior, lo que agravó su situación.
La situación llegó a un punto crítico cuando uno de los oficiales denunció los rumores ante el comité laboral de la escuela, ante la que, según la estudiante afectada, no se tomaron medidas correctivas. En cambio, fue presionada por una superior para abandonar sus estudios y fue eso lo que la llevó a solicitar su retiro voluntario.
Días después, la estudiante intentó retractarse de su decisión, argumentando que había sido influenciada por el acoso que sufría, pero el comité académico rechazó la solicitud. Por ello, la estudiante presentó una acción de tutela que inicialmente fue favorable para ella. Sin embargo, fue revocada en segunda instancia, al considerar que existían otros medios judiciales para resolver su situación.
La denuncia de la estudiante llegó hasta la Corte Constitucional, quien falló a su favor, ordenándole al colegio que la vuelvan a reintegrar a sus estudios. “La accionante podrá optar por una escuela de policía que preste el mismo programa académico”, dijo la alta instancia. Además, le solicitó a la institución realizar una disculpa pública a la estudiante, donde expliquen las deficiencias advertidas en los mecanismos de prevención y sanción del bullying y de la violencia de género al interior de la institución educativa, únicamente si ella así lo desea.
La decisión de la Corte también indica que la Dirección de Educación Policial que tendrá seis meses para establecer un protocolo, el cual debe fortalecer la prevención, investigación y sanción del acoso, el matoneo y la discriminación por razones de género en instituciones educativas policiales.
”Esta herramienta deberá construirse de manera participativa y encaminarse al fortalecimiento de mecanismos eficaces e idóneos encaminados a prevenir, investigar y sancionar tales conductas”, explica la Sala. Además, dice la Corte, esta debe ser una herramienta que incluya un enfoque diferencial de género en los procedimientos que se adelanten.
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