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En las últimas semanas, la violencia en el departamento del Cauca ha ido al alza. Enfrentamientos entre grupos armados, como el ELN y las disidencias de las extintas Farc, han causado zozobra en la población, dejando como resultado confinamientos en diferentes municipios.
En medio del recrudecimiento del conflicto en ese departamento, pese a los diálogos de paz que se adelantan entre el Gobierno y esos grupos armados, están las once comunidades indígenas que habitan el territorio, quienes, aún bajo ese contexto, buscan un acompañamiento institucional para hacer valer sus costumbres ancestrales y sus dinámicas de justicia, reconocidas bajo la Constitución de 1991.
Para que este reconocimiento pueda tener resultados tangibles, las comunidades, mediante el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), y funcionarios de la Rama Judicial, han convocado a la tercera reunión anual de la Mesa Departamental del Cauca, la cual sesiona tres veces al año, y entre varios temas a tocar tendrá como prioridad la situación de inseguridad que vive la población indígena y cómo, mediante integraciones, pueden recibir un apoyo institucional.
Mario Alberto Valderrama Yagüe, magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca y expresidente de la Mesa Departamental, de la cual estuvo al frente en 2019, 2021 y 2022, en diálogo con El Espectador, subrayó cuáles han sido los avances principales tanto en la integración de la Jurisdicción Especial Indígena con la justicia ordinaria, así como respecto a la creación de protocolos en materia de seguridad para proteger la integridad de las comunidades. Bajo su gestión, resalta la creación de mecanismos de articulación entre las autoridades indígenas, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el fin de proteger liderazgos sociales.
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En su ejercicio al frente de la Mesa Departamental del Cauca, ¿Cuáles son los avances que puede resaltar sobre la articulación de la Jurisdicción Especial Indígena con la justicia ordinaria?
En el Cauca habitan once pueblos indígenas: Nasa, Yanakunas, Kokonukos, Eperara Siapidara, Ingas, Misak, Totoroéz, Kisweños, Polindara, Ambalueños y Embera. La mayoría están asociados al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) que en cierta medida es una asociación gremial y política.
Para implementar y consolidar políticas regionales de fortalecimiento de la coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena en las regiones, el Consejo Superior de la Judicatura creó las mesas departamentales, que están conformadas por la Fiscalía, la Defensoría, la Procuraduría, el Inpec, Medicina Legal, Comisaría de Familia, Icbf y el Consejo Seccional de la Judicatura, y las autoridades indígenas de su jurisdicción.
La mesa la preside el Consejo Seccional de la Judicatura, y durante el tiempo que la lideré sacamos adelante el reglamento interno de la mesa y un protocolo de coordinación y articulación de la Jurisdicción Especial Indígena, la Fiscalía, el Icbf, Medicina Legal y el Inpec.
Durante su período como presidente de la mesa, ¿Cuáles ha sido los principales cuellos de botella para que se dé una efectiva articulación?
En mi opinión, los principales cuellos de botella son los prejuicios que no nos permiten comprender y aceptar la cosmovisión y las tradiciones de los pueblos indígenas. Es común el alto nivel de desconfianza entre las autoridades indígenas y las autoridades públicas; la resistencia a aceptar un modelo de justicia distinto al Sistema Judicial Nacional. Con el paso del tiempo se está construyendo confianza y se están superando las barreras creadas por la resistencia a reconocer otro sistema de justicia.
¿En qué estado llegan los diálogos a la tercera reunión de la mesa este año?
En los últimos años se ha venido construyendo confianza. Se ha pasado del discurso de estigmatización de los años anteriores a la sensibilización y práctica con la implementación de protocolos que permitirán la colaboración y apoyo para el fortalecimiento de la justicia propia y también en el reconocimiento de la dignidad humana.
Para el presente año, he propuesto a las autoridades indígenas trabajar de manera mancomunada con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para establecer protocolos para la colaboración de estas autoridades públicas en la protección de las autoridades judiciales indígenas, sobre todo cuando deban cumplir ordenes de captura o perseguir personas comprometidas en hechos delictuosos.
Este protocolo es fundamental porque en el Cauca se han presentado graves atentados contra las autoridades indígenas cuando pretenden aplicar justicia propia por hechos sucedidos en sus territorios. Han sido atacadas y asesinadas. Este mecanismo también aplica cuando ha ingresado a sus territorios el Ejercito Nacional para hacer efectivas órdenes de captura y, como se ha visto, sus miembros han sido retenidos por las autoridades indígenas que no ven con buenos ojos que ingresen sin autorización.
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¿Por qué la mesa debe sesionar tres veces al año? ¿Pueden ser más?
En el caso del Cauca debería sesionar más. Hay mucho trabajo por hacer en el campo de articulación, coordinación y armonización entre la Justicia Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena. La justicia de los pueblos indígenas se aplica con frecuencia. En algunos municipios del Cauca la justicia indígena tiene más demanda que la justicia ordinaria.
Se podría establecer un plan de acción más ambicioso. La dificultad es presupuestal. No hay suficientes recursos que permitan cubrir los gastos de manutención, transporte y alojamiento de las autoridades indígenas. La cooperación internacional y el Consejo Superior de la Judicatura nos apoyan con recursos económicos.
¿Qué puntos se abordarán en el desarrollo de la última reunión de la mesa pactada para este año?
Se abordará un tema importante: lograr la firma de un convenio entre el Inpec y el Cric para la administración de los centros de armonización, donde se encuentran los indígenas condenados por las autoridades judiciales indígenas y por jueces de la República.
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