Un proyecto para ofrecer derechos con enfoque étnico y territorial zarpó con buen viento y buena mar por el cauce del río Amazonas. Desde el puerto de Leticia, capital de este departamento, un barco de tres niveles pretende recorrer las poblaciones excluidas históricamente y devolverle los derechos que la lejanía, los estereotipos de género, la falta de atención institucional y la densidad del bosque les han impedido.
Desde mediados de noviembre está funcionando la Ruta Fluvial del Cuidado: un experimento que recorre el río Amazonas que garantiza que cuidar, una tarea históricamente relegada en las mujeres para sostener familias, territorios y comunidades, pueda realizarse en condiciones dignas y dentro de un marco de derechos.
La apuesta no solo es novedosa para las mujeres indígenas, quienes en su mayoría han sostenido los cimientos culturales de los pueblos, sino que tiene un lente étnico que salda deudas del Estado con las comunidades con sabor a justicia social. Esta es la historia de cómo el Estado, a través del Ministerio de Igualdad, logró que el cuidado, en lugar de una obligación o un sinónimo de vulnerabilidad, sea un derecho fundamental garantizado en tierras amazónicas.
“El Amazonas provee vida, pero quienes garantizan la vida digna, en especial sus mujeres, no lo hacen en condiciones de dignidad”, dijo una de las beneficiadas del programa que recorrerá semanalmente 30 kilómetros en aguas del Amazonas para que los ciudadanos, en lugar de gastar tiempo, esfuerzos y dinero buscando derechos, vean como los servicios fundamentales llegan a sus comunidades.
Un derecho luchado
Históricamente, el cuidado ha recaído en las mujeres truncando sus proyectos de vida. Han sido ellas quienes, en escenarios de vulnerabilidad, cuidan las familias, los territorios, la comunidad y atienden los problemas sociales. En contextos urbanos, las abuelas, las “nanas”, las madres o hermanas son quienes postergan su vida para atender niños, población en condición de discapacidad o adultos mayores. Pero en el campo o territorios rurales, como el Amazonas, el cuidado ha sido un sinónimo de trabajar toda una vida cuidando sin recibir, en muchas ocasiones, algún rédito o estabilidad para el futuro.
Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) lo demuestran: las labores domésticas que hacen día a día las mujeres, como cuidar, garantizar la vida digna de sus familiares o atender los oficios del hogar, representaron poco más del 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia en 2022. En el campo o territorios rurales, son las mujeres las que invierten más del 30 % de su vida en hacer estas labores.
En 2023, por ejemplo, la Corte Constitucional resolvió una tutela de una madre que suplicó a su EPS autorizar un cuidador por 12 horas al día para su hijo de tres años con síndrome de Down y que, según argumentó, “es totalmente dependiente de terceros”. En la tutela la mujer defendió que, al ser cabeza de hogar y trabajar prácticamente todo el día, debía escoger entre conseguir el sustento económico del hogar o cuidar a su hijo.
La EPS declinó la solicitud porque, según su perspectiva, obedecía a “pretenciones caprichosas” y el cuidado del menor dependía totalmente de los padres, que tenían que atender el “principio de solidaridad familiar”. La Corte evaluó el caso, obligó a la prestadora de salud a autorizar el cuidador, pero además añadió que cuidar y ser cuidado es un derecho fundamental; es decir, hace parte de la más alta jerarquía de derechos en el país.
Como esa mujer, el DANE ha encontrado que al menos 32 millones de personas hacen labores de cuidado no remunerados en Colombia; lo que equivale a más del 60 % de los colombianos. De ellos, la mayoría son mujeres que utilizan casi un tercio de sus días a estas tareas, lo que causa un efecto dominó que les impide estudiar, alcanzar sus proyectos de vida u obtener un trabajo remunerado que les garantice estabilidad económica. En cifras son más de 6,8 millones de personas que cuidan sin recibir ninguna compensación económica, ni prestaciones sociales, lo que sería el equivalente a casi tres veces la población total de Medellín.
Hay escenarios de mujeres que fungen como madres comunitarias, son privadas de estudiar o alcanzar sus metas personales y, como agravante, viven la violencia intrafamiliar o de género por parte de los hombres de la comunidad. De ahí que, la Ruta Fluvial del Cuidado pretende precisamente revertir eso: que quienes cuidan en la selva amazónica puedan hacerlo en condiciones favorables y sin necesidad de postergar su vida mientras cuidan, sea la selva o sus comunidades. “Hoy Colombia hace historia al reconocer y dignificar a quienes cuidan. Este sistema es un acto de justicia social y una muestra de nuestro compromiso con las personas que hacen posible la sostenibilidad de la vida”, apuntó la ministra de igualdad y vicepresidenta, Francia Márquez.
Cuidando a quienes cuidan
La embarcación consta de tres niveles que desde su arquitectura fueron diseñados con enfoque étnico y de género, pues no es lo mismo atender necesidades de una cuidadora en Bogotá o Medellín, que saldar reclamos históricos de mujeres indígenas en territorios a los que solo se accede a través del río y en contextos rurales.
En el barco, por ejemplo, está presente el Sena, que tiene la obligación de ofrecer formación y certificación a las mujeres para que sus labores de toda la vida tengan un sustento académico y, en el futuro, puedan acceder a empleos en este mismo universo. Pero esa coraza metálica de la Ruta Fluvial del Cuidado también cuenta con otros servicios que, según explicaron algunas de las beneficiadas a este diario, eran cuestión del azar en el pasado, como la atención psicosocial o puntos de conectividad a internet. Ahora, el navío maniobrará desde Leticia hasta otras poblaciones como Nazareth (Amazonas) y Benjamín Constant, una población en los linderos entre Colombia y Brasil.
La propuesta, construcción y zarpazo inicial del barco demuestra que el Estado, sus instituciones, las comunidades y los privados pueden unirse para lograr justicia social, pues en la financiación del proyecto estuvieron presentes la Fundación Barco y Open Society, dos corporaciones que le invirtieron al proyecto de ofrecer derechos por vía fluvial.
Además, el proyecto no hubiese sido posible sin la articulación de las entidades del Estado, considerada por las mismas instituciones como el primer obstáculo para ejecutar políticas públicas. En esta apuesta participaron, por ejemplo, 16 ministerios y se realizaron al menos 180 mesas técnicas para conocer cuál era la situación de derechos vulnerados en las comunidades del Amazonas, pero cuáles podrían ser los antídotos a esos problemas.
Para las mujeres del Amazonas, que son poco más del 48 % de la población del departamento, solo falta esperar que el proyecto sea una apuesta a largo plazo y que el cuidado que han hecho durante todas sus vidas, ahora sea tratado por el Estado, la sociedad y las comunidades como lo que es: un derecho fundamental que, más que protegido, debe ser dignificado.
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