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A partir del pasado 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el escrache vuelve al debate público como una de las herramientas que las víctimas han utilizado para visibilizar agresiones en contextos de impunidad. En Colombia, donde las cifras de violencia de género alcanzan niveles alarmantes, la Corte Constitucional, en su sentencia T-289/21, analizó esta práctica y sus implicaciones para los derechos fundamentales.
La sentencia aborda el fenómeno del escrache, una práctica social que consiste en denunciar públicamente a una persona, generalmente por conductas reprochables como violencias basadas en género, abusos de poder o corrupción, a través de manifestaciones en espacios públicos o en redes sociales. En el documento, la Corte reconoció que el escrache es una manifestación del derecho a la libertad de expresión, especialmente relevante para las víctimas de violencias basadas en género.
Según la sentencia, “el escrache constituye una manifestación del derecho a la libertad de expresión, en tanto permite a las víctimas denunciar vulneraciones graves a sus derechos, especialmente en escenarios de impunidad o falta de acceso a la justicia”. Sin embargo, la alta instancia también advirtió que este derecho no es absoluto y debe equilibrarse con la protección de otros derechos fundamentales, como la honra y el buen nombre.
Un ejemplo al respecto es el caso del pasado 11 de noviembre. Ese día, Yelena Stefi Arboleda Mendoza fue asesinada en el barrio Las Cruces de Bogotá. Desde entonces, colectivos feministas han realizado plantones frente a los juzgados de Paloquemao, exigiendo justicia. Estos actos, aunque simbólicos, ponen nuevamente en el centro del debate la necesidad de denunciar públicamente cuando las instituciones fallan.
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Sobre este tipo de casos, la Corte subrayó que el escrache surge en contextos donde las víctimas sienten que las vías formales no son suficientes: “Estas manifestaciones cumplen una función social al cuestionar las dinámicas de poder que perpetúan la impunidad y las violencias”. Además, la instancia también fue clara en que el escrache no puede sustituir el debido proceso judicial. En sus palabras, “el escrache no puede interpretarse como un mecanismo que sustituya al debido proceso o a las decisiones judiciales”.
Asimismo, se comprende desde la decisión de la Corte que el anonimato en el escrache protege a las víctimas de represalias, visibiliza a los agresores cuando no hay consecuencias legales y evidencia fallas institucionales que perpetúan la impunidad. Aunque el anonimato es considerado válido como denuncia, puede chocar con derechos como la presunción de inocencia, por lo que es fundamental equilibrarlo con la garantía de los derechos de todas las partes involucradas.
Aunque la Corte reitera que no puede convertirse en un mecanismo de condena anticipada o de justicia por propia mano, enfatiza en que los escraches suelen surgir en contextos donde las víctimas sienten que los canales institucionales han sido insuficientes o inaccesibles. En este sentido, la Corte ya había hecho un llamado que las organizaciones de mujeres insisten ante las instituciones: garantizar canales de denuncia eficaces que eviten que las personas recurran únicamente a la exposición pública como medio para buscar justicia.
16 días por la eliminación de la violencia contra las mujeres
A propósito de este 25 de noviembre, El Espectador se sumó al llamado de la ONU para erradicar la violencia de género. Durante una semana, hemos estado historias de mujeres que han enfrentado un laberinto de agresiones y luchas, pero también de avances y propuestas concretas para garantizar derechos históricamente fracturados.
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El escrache, como una de esas luchas, aunque controversial, refleja una realidad ineludible: la necesidad de romper el silencio en un país donde cada 10 minutos una mujer es asesinada por violencia de género. La pregunta ahora es: ¿cómo lograr que estas denuncias no solo generen conciencia, sino justicia real y transformadora?
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