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De acuerdo con el informe anual del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), se evidencia que en Antioquia hubo una reducción del 32% de los homicidios y del 42% de desplazamientos. La organización resalta el trabajo conjunto de diferentes organizaciones sociales, mesas ambientales y redes comunitarias que trabajan desde sus territorios por la construcción de paz y la defensa del territorio.
Pablo Daniel Barrios, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, explica que, según la información que recopilaron: “Encontramos que para 2023, a nivel nacional, hay una reducción importante en las tasas de homicidio, desplazamiento y confinamiento. Podemos decir que esta disminución responde a las temporalidades de cese al fuego entre el Gobierno Nacional, el ELN y el Estado Mayor de las FARC”.
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Sin embargo, Barrios explica que esto no quiere decir que haya bajado la percepción de violencia y presencia de grupos armados en subregiones de Antioquia como el Norte, Nordeste y Bajo Cauca, “lugares donde se presentan las tasas más altas de homicidios y desplazamientos del departamento”, añade.
Dentro de las cifras recopiladas por el Observatorio, se muestra que Antioquia tuvo reducción del 32% de los homicidios. Asimismo, hubo una reducción con relación a las cifras de asesinato a líderes y defensores y defensoras de derechos humanos. A pesar de que hubo una disminución cercana al 10% a nivel nacional, se mantienen encendidas las alarmas en Antioquia, en donde, se registraron 19 asesinatos a líderes y lideresas, concentrados en las subregiones del Norte y Nordeste, y en el Oriente, que registró cuatro asesinatos.
Con respecto al desplazamiento masivo, Antioquia reportó 19 eventos entre enero y noviembre de 2023, que han afectado a 648 familias y 3964 personas. Mientras que, la reducción del desplazamiento forzado en este año fue del 42% con 9651 personas menos que en 2022, para un total de 13.145 afectados.
“Amalfi registró dos desplazamientos, Briceño registró cuatro eventos entre septiembre y noviembre, Cáceres reportó cuatro más provocados por incursión de las AGC en la vereda San Pablo. Por otra parte, Frontino registra un desplazamiento de comunidades Embera eyábida y Segovia reportó cuatro eventos, dos de ellos en conjunto con población de Zaragoza y El Bagre provocados por enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, ELN y AGC”, precisa Barrios.
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El Observatorio de Derechos Humanos también destaca que los hechos de conflictividad armada y de vulneración a los derechos humanos coincide con la presencia de cultivos ilícitos y de minería informal e ilegal en el país. Según los datos que consolidaron para el 2022, en Antioquia hubo una reducción del 4,7% con respecto al 2021. Sin embargo, es de precisar que en el 2021 hubo un aumento del 41,4% de las hectáreas sembradas, con respecto al 2020, explica el Instituto.
El informe, presentado en Medellín, detalla que existe una apuesta desde las organizaciones para la construcción de paz territorial, una que pasa por los derechos humanos y por el reconocimiento de los derechos ambientales del territorio. “En este sentido, buscamos entender de otra manera los derechos en el marco de los fenómenos sociales, las vulneraciones y los conflictos socioambientales que afectan a las comunidades y los ecosistemas”, explica el coordinador Barrios.
Estas acciones de construcción de paz, menciona el IPC, se han venido consolidando especialmente en subregiones como el Bajo Cauca, el Nordeste, el Oriente y el Suroeste. Los habitantes de estos lugares buscan organizar y defender el territorio de una manera integral que permita a comunidades y organizaciones sociales, campesinas, afrodescendientes e indígenas; así como exigen contar con condiciones materiales para su subsistencia y su convivencia con el ambiente y el ecosistema.
“La apuesta es comenzar a promover los derechos de la naturaleza o los entes naturales como sujetos de derecho. Es importante conocer las experiencias que tienen las organizaciones para defender sus derechos y la manera en la que han habitado el territorio frente a la imposición de títulos mineros, como es el caso de Marmato, en Caldas; pero también en el Bajo Cauca, donde tenemos la confluencia de la minería legal con la presencia de una empresa como Mineros S.A.S. BIC y el incremento de minería aluvial por parte de los pobladores del territorio”, agrega Barrios.
En este sentido, experiencias como la Red Pluriétnica por la Defensa del Territorio y la Vida del Bajo Cauca, los Guardianes del Río Cauca, la Mesa Ambiental de Jericó y liderazgos sociales del municipio de Marmato, en Caldas; hacen parte de los procesos sociales que acompañarán la presentación de este informe anual sobre la situación de derechos humanos en el departamento de Antioquia.
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