Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
No hay un pedido de justicia que carezca de importancia como para no ser atendido. Esa fue la conclusión a la que llegaron cuatro panelistas este miércoles al hablar sobre los retos y avances que ha tenido la justicia en Colombia. El panel, llamado “Justicia Inclusiva en Bolívar” se desarrolló en Cartagena y estuvo compuesto por expertos que trabajan en pro de los derechos humanos para diferentes grupos de la sociedad.
El Espectador asistió a este foro en que se habló durante cerca de dos horas sobre qué tareas ha hecho el Estado, la sociedad y las organizaciones defensoras de derechos, para que haya justicia para todas las personas que la requieran, ya sean mujeres, niños, grupos indígenas, comunidades afros o personas de sexualidad diversa.
Este evento hizo parte de la inauguración de Don Justo, una política departamental que pretende que en los próximos tres años se salden deudas históricas de justicia, inclusión y presencia estatal a los más de 40 municipios que componen el departamento.
El foro fue inaugurado por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, quien aseguró que “nuestra apuesta con Don Justo es dejar de estar en el territorio para ir al territorio y ofrecerles a todos los bolivarenses la confianza en la justicia que se ha perdido debido a la violencia, el conflicto armado y la falta de eficacia de la justicia”.
En el foro participaron personalidades de diferentes ramas del conocimiento. Por parte del Estado estuvo Johana Delgado, viceministra de promoción a la Justicia del Ministerio de Justicia; mientras que del lado de organizaciones humanitarias hizo presencia Esteba Reyes, director de la ONG Aldeas Infantiles, que vela por el acceso a la justicia de los niños en Colombia.
Viridiana Molinares, profesora de la Universidad del Norte, también asistió al foro para hablar sobre la violencia contra las mujeres y la justicia que se exige frente a esas agresiones; y Kathleen Marún, docente de la Universidad Tecnológica de Bolívar, que intervino para comentar cómo, según su experiencia con víctimas del conflicto y grupos étnicos de la costa Caribe, se puede lograr una articulación entre el Estado, sociedad y organizaciones para que haya justicia a reclamos de abandono estatal, conflicto armado e impunidad.
El panorama
Los panelistas coincidieron en que la búsqueda de justicia no es la misma para todas las personas en Colombia, ya que en el territorio, cohabitan múltiples culturas y personas. Todos estos grupos, aseguraron los expertos, tienen exigencias que varían dependiendo de sus necesidades. En el foro, por ejemplo, se habló que los reclamos de justicia de los niños, que son violentados sexualmente e inducidos en círculos de explotación sexual, distan mucho de lo que las comunidades étnicas piden, que es, inclusión a la sociedad y lograr una vida sin abandono estatal.
Johana Delgado, viceministra del Minjusticia, aseguró que “hablar de justicia es muy divergente. Desde el Ministerio hemos tenido que recibir miles de casos en que los ciudadanos, sean campesinos, mujeres, niños, indígenas, palenqueros o comunidad LGBTIQ+, nos exigen solución a alguno de sus pedidos puntuales, pero no es nuestra competencia abordar temas que, como la violencia de género o la falta de presupuesto para justicia, corresponden a muchas más entidades e instituciones”.
Kathleen Marún, que durante años ha investigado la relación entre el conflicto armado y los grupos étnicos, explicó que es importante tener un enfoque de justicia inclusiva en el país. Ella lo considera importante, pues “se ajusta con un enfoque específico a las necesidades de cada una de las personas. No es lo mismo un pedido de justicia de una víctima de conflicto armado que la de una mujer o la de un niño. Y las respuestas están llegando tarde para todos estos grupos”.
¿Oportunidad de mejora?
Los participantes estuvieron de acuerdo en que, si bien hay muchos retos por delante para asegurar que haya justicia y reparación a miles de personas en Bolívar que la exigen, es importante construir sobre los aspectos positivos.
Por ejemplo, Cartagena, que en la última década ha hecho parte de las 10 ciudades donde más mujeres son agredidas en Colombia, ha intentado cambiar el paradigma con la creación de más canales de comunicación para que se denuncien estas agresiones. Además, hay organizaciones y colectivos de abogadas que, independientemente de las acciones del Estado, ofrecen justicia y asistencia psicosocial a quienes han sido violentadas en razón de su género.
Esteban Reyes, experto en infancia y protección de niños, asegura que, aunque Cartagena se ha convertido en un epicentro de explotación y trata sexual de menores, hay iniciativas valiosas que deben ser potenciadas para que haya prevención y justicia a estos casos. “La empresa privada, como los hoteles, las cadenas de turismo o quienes transportan extranjeros, se han unido a iniciativas para que estas violencias, que usualmente son propiciadas por sus familias o entornos más cercanos, disminuyan”, aseguró.
La conclusión a la que llegaron los cuatro expertos muestra que hay esperanza. Las cifras de vulneraciones a los derechos de mujeres, niños, comunidades étnicas y víctimas del conflicto aún siguen causando alerta, según el MinJusticia. Sin embargo, reconocer esas fallas estatales y estructurales, argumentaron los panelistas, es el primer paso para poder ofrecer justicia en el futuro.
Johana Delgado, del Ministerio de Justicia, aseguró que la causa de las violencias, asesinatos y violencias que vive el país es un paradigma que no podrá ser solucionado rápidamente. Sin embargo, desde su cargo como viceministra, coincidió con los otros expertos en que son más las oportunidades para traer justicia a los colombianos que los retos que impiden que este derecho no llegue a las comunidades.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador