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Enseñar las prácticas ancestrales de los palenqueros en Córdoba; hablar sobre cómo una comunidad negra o indígena se relaciona con el ambiente; e incluso, aprender cómo, durante siglos, estos grupos étnicos han sufrido violencia y exclusión en Colombia. Esos son algunos de los objetivos que cubre la etnoeducación: un dictamen del Ministerio de Educación que busca visibilizar la diversidad cultural que hay en el país y que hoy está siendo vulnerado, según alertó la Defensoría del Pueblo.
A través de un comunicado, la Defensoría aseguró que más de 10.000 “profes” que enseñan sobre costumbres ancestrales en comunidades negras ven cómo sus derechos están siendo vulnerados. Esto debido a discriminación y tratos diferenciales que los docentes viven, especialmente, en los colegios. Desde la década de los 80 el Ministerio de Educación introdujo en el debate el concepto de “etnodesarrollo”. Es decir, una apuesta para que desde las aulas de clases se enseñara sobre las costumbres, vida, saberes y tradiciones de comunidades étnicas.
Y es que, como explica la publicación Sextante, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes, desde la Conquista, los grupos étnicos fueron obligados a recibir educación “occidental” a manos de la Iglesia y el Estado. Es decir que las costumbres, lenguaje y tradiciones eran ignoradas dentro de las aulas de clase y se perdían a través de los años mientras se enseñaban asignaturas como castellano o aritmética.
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“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que garantice los derechos de estos formadores de país y presente al Congreso de la República, en el segundo semestre de la actual legislatura, que inicia a mediados de febrero próximo, el proyecto de ley sobre el Estatuto Especial de Profesionalización para Docentes y Directivos Docentes Etnoeducadores”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Que la etnoeducación tenga garantías y no sufra de discriminación es importante, pues según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, del DANE, en Colombia conviven más de cuatro millones y medios de personas negras, afro, raizales o palenqueras, que es más o menos el 10 % de la población nacional.
Las reglas del juego
Para ser docente en entidades públicas, el Ministerio de Educación tiene unas “reglas de juego” que están explicadas en el Estatuto de Profesionalización Docente, publicado en 2002. Esta directriz, por ejemplo, obliga a que todos los docentes que quieran enseñar en entidades educativas “posean título de licenciado profesional expedido por una institución debidamente reconocida por el Estado” o los escalafones y jerarquías que los docentes deben tener para poder trabajar como docentes. Sin embargo, en las comunidades étnicas, quienes imparten enseñanzas ancestrales no cuentan siempre con títulos profesionales de pedagogía, pues sus conocimientos son transmitidos de generación en generación y a través de la oralidad.
En 2016, la Corte Constitucional reconoció que el Estatuto presentaba un vacío jurídico, pues la normativa se elaboró a partir de lo que este tribunal calificó de “omisión legislativa”. “(El Estatuto significa) el condicionamiento a la inaplicabilidad del escalafón para los docentes de comunidades negras e impediría su nombramiento, así como sus posibilidades de evaluación y ascenso. Ello los sitúa en condiciones de precariedad laboral y los ubica en desventaja frente a los demás docentes del país”, aseguró la Corte Constitucional.
Por esa razón, la Corte falló a favor de que el Estatuto no se aplique para docentes de comunidades afro. Además, exhortó al Congreso y al Gobierno y sus ministerios a proponer un proyecto de ley para regular esta situación para que los docentes afrocolombianos tuvieran estabilidad laboral y se asegure “la continuidad del servicio público a menores de edad” afro, según explica la sentencia.
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Siete años después de esa decisión de la Corte Constitucional, no ha habido consenso para presentar el proyecto de ley y los docentes afrocolombianos aún sufren de discriminación y tratos desiguales. A finales de 2023, la Defensoría organizó una mesa de trabajo para tratar la creación del proyecto de ley. A esta reunión asistieron funcionarios de la entidad; pero los representantes de MinHacienda y MinInterior, que deben ofrecer sus opiniones y dar luz verde al proyecto, no asistieron.
“No fue posible armonizar los conceptos expedidos para proceder a la radicación del proyecto de ley que ordena la Corte (...) En el caso de Función Pública, solamente ha recibido consideraciones y está a la espera de que sea emitido el concepto solicitado”, aseguró la Defensoría.
“Invitamos a las partes involucradas a superar sus diferencias en el menor tiempo posible y en el marco de la consulta previa, que fue realizada y protocolizada atendiendo a lo ordenado por la Corte Constitucional”, concluyó Camargo.
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