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El homicidio de Cándido Méndez Cochero, líder sindicalista y trabajador de la empresa Drummond Ltda., fue declarado como crimen de lesa humanidad. La decisión la tomó La Fiscalía 77 Especializada de la Dirección contra violaciones de los derechos humanos el pasado 26 de julio, argumentando que este delito, cometido por exintegrantes del Frente Resistencia Motilona del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se ejecutó como parte de un plan sistemático y generalizado, orientado a exterminar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustible y Energética (Sintramienergética).
El despacho también declaró la imprescriptibilidad de la acción penal, lo que significa que la Fiscalía tiene que seguir investigando el caso y, sin importar el paso del tiempo, deberá sostener las labores dirigidas a esclarecer los hechos.
El asesinato del sindicalista está relacionado con la investigación penal que investiga a directivos, exdirectivos y empleados de Drummond por concierto para delinquir agravado, crimen que también fue declarado crimen de lesa humanidad.
De acuerdo con información de Coljuristas, representantes de las víctimas de caso, el 19 de febrero de 2001 fue asesinado Cándido Méndez Cochero. Fue el primer sindicalista que perdió la vida por defender los derechos laborales de los trabajadores de la empresa Drummond Ltda. La testigo principal de los hechos, su hija Maira Marleny Méndez Barbosa, declaró que un grupo de personas armadas y algunas uniformadas llegaron a su vivienda en Chiriguaná (César), quienes lo identificaron como sindicalista de la empresa y luego lo asesinaron.
El hecho violento generó zozobra en el Sintramienergética, debido a que Cándido Méndez era uno de los más importantes activistas de la organización. “El asesinato se enmarcó dentro de las múltiples formas de violencia antisindical en el norte del país, que empezó con amenazas individuales y colectivas que luego se materializaron en asesinatos de líderes sindicales que tenían como último fin el exterminio de este sujeto colectivo”, escribe Coljuristas.
El colectivo de abogados afirma que seguirá insistiendo para que estos casos sean acumulados en la Fiscalía y, de esta manera, se puedan esclarecer los patrones de criminalidad en las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron contra líderes sindicales en la zona minera del Cesar.
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