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En cumplimiento de una de las medidas de reparación colectiva establecidas para el Instituto Popular de Capacitación (IPC) por los hechos de violencia sufridos durante los años más intensos del conflicto armado, se realizó el seminario internacional “Reparar la democracia desde el pensamiento crítico”. Este evento marcó un hito en la historia del IPC al convertirse en un espacio de memoria, diálogo y reflexión sobre los retos actuales para construir una sociedad más democrática y justa. Las actividades incluyeron debates con expertos nacionales e internacionales y el evento “Casa Abierta”, un encuentro de memoria en el que se recordaron las luchas y sacrificios de quienes han formado parte de esta institución.
Desde su fundación a inicios de los años 80, el IPC ha sido un referente en Colombia por su trabajo en educación popular, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de comunidades campesinas, indígenas y hasta urbanas. Su misión ha estado marcada por el compromiso de promover el pensamiento crítico, una herramienta indispensable para cuestionar y transformar estructuras de poder que han violentado a las comunidades. Sin embargo, como recuerda Alonso Tobón, uno de sus miembros históricos, este compromiso tuvo un costo alto: “Desde que nació, el IPC enfrentó vigilancia, hostigamientos y persecuciones. Incluso los vecinos preguntaban qué hacíamos y a quiénes apoyábamos. Éramos una casa común para campesinos, obreros, indígenas, y eso generaba sospechas”.
A pesar de las adversidades, el IPC consolidó su impacto a través de procesos de formación que ofrecían a las organizaciones sociales herramientas en comunicación, administración y política, contribuyendo al fortalecimiento de sus luchas. “Queríamos acompañar al movimiento social y cultural desde una visión pluralista, no como una entidad adscrita a una organización política o partidaria. Era una casa común”, recuerda Tobón. Este enfoque pluralista le permitió al IPC convertirse en una plataforma de resistencia frente a la violencia sistemática que enfrentaron los movimientos sociales en Colombia desde mediados de los años 80.
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Uno de los episodios más emblemáticos de la violencia contra el IPC ocurrió en 1999, cuando cuatro de sus investigadores fueron secuestrados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un hecho que marcó profundamente a la organización. Durante el cautiverio, fueron torturados y acusados falsamente de ser “parasubversivos y guerrilleros”, un estigma que buscaba silenciar su trabajo por la paz y los derechos humanos. Este acto, como señala Carlos Andrés Zapata, presidente actual del IPC, fue parte de una estrategia más amplia de persecución política: “Nos persiguieron por defender valores democráticos, por promover el pensamiento diverso, el activismo y la denuncia de los derechos humanos. Fue una persecución a los valores de la democracia”.
En 2018, el IPC fue reconocido como sujeto de reparación colectiva en virtud de la Ley 1448 de 2011. Este reconocimiento representó un avance en el resarcimiento de los daños sufridos por la institución y su aporte al desarrollo social y democrático. El proceso para ser declarado sujeto de reparación colectiva no estuvo exento de tensiones dentro del IPC. Como explica Marta Lucía Peña, socia de la organización, “reconocerse como víctima generaba debates porque entendíamos que las víctimas no solo sufren, también tienen agencia y son sujetos activos”. A pesar de las dudas iniciales, el IPC aceptó este reconocimiento como una oportunidad para reivindicar su papel histórico en la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz en Colombia.
Sin embargo, el proceso de reparación colectiva ha enfrentado desafíos significativos. Primero, la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva se vio interrumpida entre 2019 y 2024, debido a lo que consideran una falta de voluntad política y a la pandemia de covid-19. “Queremos que nos digan por qué se torturó a nuestros compañeros y cuál fue la responsabilidad del Estado en esos crímenes. Hasta que no tengamos verdad, no habrá una reparación completa”, enfatiza Zapata.
El segundo reto, explica Peña, fue la perspectiva economicista del Estado, que en muchos casos priorizó proyectos básicos de infraestructura sobre el verdadero propósito de la reparación: reconstruir la memoria y fortalecer las capacidades de las organizaciones sociales. “Para nosotros, no ha habido verdad. Las versiones de Justicia y Paz no nos han dado los nombres de los autores intelectuales o materiales de las agresiones. Hasta que no haya verdad, es difícil sentirnos reparados”, afirma.
Así las cosas, el seminario “Reparar la democracia desde el pensamiento crítico” fue un paso significativo en este proceso de reparación. Con actividades como “Casa Abierta”, se recordó a quienes fueron exiliados, perseguidos o asesinados por su compromiso con el IPC y los valores democráticos. Además, los paneles del seminario abordaron temas como los derechos humanos, la construcción de paz y los desafíos ante el auge de ideologías de extrema derecha en Latinoamérica. Al respecto, Zapata destaca la importancia de estos espacios para proyectar acciones que fortalezcan la participación social y política en un contexto cada vez más hostil: “Hoy enfrentamos niveles de violencia más atomizados y dispersos. La labor del IPC sigue siendo peligrosa, pero seguimos firmes en nuestro compromiso”.
Por su parte, Peña subraya que este evento también recordó la importancia del autocuidado institucional, un aspecto que ha sido históricamente relegado dentro del IPC. “Dedicamos mucho a diplomados y educación, pero necesitamos más espacios de cuidado colectivo. Es algo que estamos empezando a reconocer”, declara. Durante el seminario “Reparar la democracia desde el pensamiento crítico”, el acto de memoria incluyó una emotiva ceremonia en la que cada persona llevó una flor, recordando a quienes ya no están. Esta acción simbolizó tanto el duelo como la resiliencia de una institución que, pese a las pérdidas y persecuciones, continúa abanderando causas fundamentales para el país.
El IPC, una reserva intelectual de liderazgo
A pesar de las adversidades, el IPC ha demostrado ser una reserva intelectual y ética. Su trabajo continúa siendo una fuente de inspiración para nuevas generaciones de líderes sociales y defensores de derechos humanos. “Lo que mantiene vivo al IPC es la utopía de la justicia social y la paz en Colombia. La fe en ese proyecto es lo que nos hace seguir luchando”, dice Tobón. Desde sus inicios, la organización ha sido un faro para campesinos, indígenas y líderes de organizaciones sociales, brindándoles herramientas en educación popular, derechos humanos y desarrollo organizativo. Este trabajo no solo ha fortalecido el tejido social en los territorios, sino que ha construido una conciencia crítica significativa para enfrentar adversidades y desafíos estructurales.
Además, el IPC también se ha adaptado a los nuevos desafíos de derechos humanos, integrando un enfoque que reconoce la interconexión entre las personas y sus territorios. Alonso Tobón señala que, en los años 80, el enfoque se centraba en los derechos civiles y políticos, pero ahora es fundamental incluir los derechos de la naturaleza y la justicia ambiental. Este enfoque, explica, es clave para enfrentar problemas como el extractivismo y la degradación ambiental, los cuales afectan tanto a las comunidades como al equilibrio ecológico necesario para la vida.
Además, “hoy, los niveles de violencia están más atomizados y dispersos”, dice Tobón, lo que incrementa los riesgos para comunidades y defensores de derechos humanos. A pesar de ello, el IPC sigue siendo un espacio vital para el pensamiento crítico y la acción social. Como recuerda Marta Lucía Peña, “lo que mantiene vivo al IPC es su compromiso con las comunidades, su capacidad de autocuestionarse y adaptarse, y su apuesta por la educación como herramienta transformadora”. Carlos Andrés Zapata, presidente del IPC, reafirma esta visión: “El IPC ha sido perseguido por defender valores democráticos, pero esta lucha no ha mermado nuestra fe en la justicia social y la paz. La utopía de un país diferente es lo que nos hace seguir luchando”.
Este compromiso se refleja en cada diplomado, en cada encuentro comunitario y en cada acción formativa que busca reconstruir el tejido social, e imaginar un futuro donde la democracia y la paz sean posibles. Así, el legado del IPC es el de una institución que ha resistido a través de la memoria, la educación y el pensamiento crítico. Hoy, a 40 años de su fundación, sigue siendo un pilar para las comunidades de Antioquia y un símbolo de que la democracia, puede y debe ser reparada colectivamente.
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