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Con una trayectoria de vida y profesional que abarca desde el servicio militar hasta su rol en el sistema judicial, Jhon Gutiérrez Vásquez ha dedicado los últimos 30 años a construir puentes de comunicación para la población sorda en Colombia. Su compromiso no solo surge de su trabajo, sino de su papel como estudiante de la primera cohorte de la carrera de intérprete profesional de Lengua de Señas Colombiana (LSC) en la Universidad del Bosque. Desde esa perspectiva académica, Jhon explica cómo su investigación de grado se enfoca en el perfil del intérprete de lengua de señas en las audiencias penales, abordando los múltiples retos y la falta de accesos para personas sordas en el sistema judicial.
Luego de finalizar su experiencia de juventud prestando el servicio militar y luego como policía judicial, en 1994, le comenzó a llamar la atención el trato que tenían las personas sordas y con algún tipo de discapacidad dentro de la rama judicial. Para ese momento, ni los sordos ni las personas con discapacidad eran mencionadas con el trato especial y preferencial que requieren. No había, siquiera, un marco normativo.
Apenas en 2011, Colombia ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que nació en 2009 a nivel internacional. Mucho menos, se había dado Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las personas con discapacidad, que fue adoptada en el país a través de la Ley 762 del 2002. Y la Lengua de Señas Colombiana, para entonces, tampoco tenía un soporte legal, ya que su reconocimiento como lengua propia de a comunidad sorda fue en 1996.
(Lea también: Las barreras que enfrentan personas sordas en Colombia para acceder a la justicia)
“Cuando empecé a analizar me preguntaba: ¿cómo se hace una captura de un sordo?, ¿cómo la policía de vigilancia le materializa los derechos del capturado a una persona sorda?”, se preguntaba Gutiérrez. “Por ejemplo, resulta que un policía capturó a un sordo, porque los sordos roban y los roban, matan y los matan, o sea, un sordo comete cualquier delito, entonces resulta que el policía capturó a un sordo en flagrancia y le coloca las esposas, el sordo puede emitir sonidos, pero ¿cómo se comunica con el policía si su lenguaje es con las manos?”, añade. Por ello, actualmente, su tesis se basa en que debería haber un ajuste del procedimiento a las características particulares de la persona sordas capturadas.
Para explicar esas dificultades de garantizar los derechos a personas sordas en el ámbito judicial a partir de las preguntas de Gutiérrez, es necesario comprender el concepto de ajustes razonables. Resulta que, en el ámbito jurídico, hay dos tipos de ajustes: “ajuste razonable” y “ajuste de procedimiento”. Un ajuste razonable podría ser el uso de rampas o ascensores para personas con movilidad reducida, que son intervenciones físicas y materiales. Mientras que los ajustes de procedimiento implican medidas justas y, en este caso, comunicativas para personas sordas en contextos judiciales. Un ejemplo de este, sería la presencia de un intérprete en una audiencia para asegurar que el procesado sordo entienda sus derechos, actos y decisiones legales.
Además, los ajustes de procedimiento no solo permitirían la presencia de intérpretes en audiencias, sino que también deberían incluir capacitaciones para jueces, fiscales y abogados. De acuerdo con el testimonio de Gutiérrez, estos ajustes son esenciales para que los operadores de justicia comprendan cómo aplicar los derechos de las personas sordas en situaciones específicas, como la legalización de capturas y los interrogatorios, asegurando que se respete su derecho al debido proceso. "
Por su parte, el papel de los intérpretes en el sistema judicial es crucial. Facilitan la comunicación entre las personas sordas y los funcionarios, asegurando que estas puedan expresar sus necesidades y derechos. “Un intérprete no solo traduce palabras; también traduce emociones y situaciones. Es un puente que permite a las personas sordas participar plenamente en el proceso judicial”, enfatiza Gutiérrez. Movido por cómo capturan un sordo, trabajó en la Rama Judicial en este tipo de procedimientos. No solo se enfrentó a la traducción en señas, sino de sonidos, emociones, y movimientos del cuerpo, de personas con discapacidades relacionadas con el sentido del habla y la escucha. Y ahora, a través de su trabajo de grado, busca impulsar un aprendizaje más profundo que garantice el derecho a la justicia de estas personas.
Aunque la oficialización de la Lengua de Señas Colombiana en 1996 (Ley 324 de 1996) fue un hito, su inclusión en procesos judiciales sigue siendo limitada y no es suficiente. Además, su estudio es importante para profesionales que trabajen en la legalización de capturas de personas sordas. Para Gutiérrez, el estudio de la lengua de señas dentro del proceso penal debería ser una especialización, es decir, una categoría avanzada dentro de la interpretación de LSC. “Los intérpretes que trabajan en contextos judiciales deben poseer un conocimiento profundo no solo de la lengua de señas, sino también de los términos y conceptos técnicos del derecho penal y del sistema judicial en general. Esto no se logra únicamente con el aprendizaje de LSC básica; requiere una formación específica en el lenguaje técnico y procedimientos legales”, explica el experto.
Sin embargo, el camino hacia un acceso equitativo a la justicia sigue lleno de desafíos. “Aún falta mucha sensibilización y formación en torno a los derechos de las personas sordas. A veces, los jueces y abogados no entienden la importancia de contar con un intérprete en los procedimientos”, subraya. Este vacío de conocimiento puede llevar a malentendidos y a la exclusión de las personas sordas de un sistema que debería proteger sus derechos. “La justicia debe ser para todos, sin importar la forma en que nos comunicamos”, dice Jhon Gutiérrez, quien aspira a que el rol del intérprete en procesos judiciales sea cada vez más especializado y reconocido.
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