La tarea de desestigmatizar y proteger a los jóvenes de Quibdó

Foto: USAID

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, Quibdó (Chocó) ha enfrentado una situación crítica de violencia, lo que la ha convertido en una de las ciudades con más tasas de violencia en Colombia. Los homicidios sistemáticos, especialmente contra jóvenes, han dejado en duelo a más de 600 familias.

En respuesta a esta problemática, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) ha implementado seis programas destinados a desestigmatizar a la juventud y promover iniciativas de esperanza. Estos buscan facilitar el acceso a la justicia y ofrecer alternativas diferentes a la violencia, cambiando así los proyectos de vida de los jóvenes.

De acuerdo con la Fundación Círculo de Estudios, en 2022, Quibdó fue la capital más violenta del país. Aunque en 2023 se observó una disminución en la violencia contra menores de edad, en 2024 se ha registrado un preocupante aumento de los homicidios de jóvenes entre 17 y 21 años. Este aumento, según la misma organización, se atribuye a la acción de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que buscan el control de varios barrios de la ciudad. Según el Ministerio de Defensa, entre el 1 y el 30 de junio de 2024 se reportaron 62 homicidios en Quibdó, cifra que se suma a los 109 homicidios registrados en 2023, los 169 en 2022 y los 151 en 2021.

El 23 de agosto de 2024, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, visitó la ciudad y se reunió con víctimas, madres y jóvenes para abordar la situación. Durante el encuentro, anunció la creación de un grupo de trabajo para investigar los asesinatos. La directora de la misión de USAID en Colombia, Anupama Rajamaran, también participó en la reunión, subrayando la importancia de crear espacios seguros para los jóvenes y proteger su desarrollo. Las dos escucharon a las familiares de las víctimas diciendo cómo Kennedy, Los Álamos, El Reposo, San Pedro y Buenos Aires son los barrios donde se concentran la mayoría de los homicidios. Pues allí, se registra una vida perdida cada fin de semana, según la Fundación Círculo de Estudios la cual le entregó a la fiscal general un informe con 207 casos de jóvenes asesinados.

“En las calles, hace poco tuvimos en mi barrio dos asesinatos. A uno le echaron la cabeza, al otro lo hicieron en el piso a plena luz del día. La infancia de los niños y adolescentes no es la misma que tuve yo hace 6 años. Realmente, hoy la infancia en mi barrio ha tenido que sacrificar precisamente eso, la infancia, porque ven todo el tema de localización y de fuerzas violentas, y es la única realidad que tienen. Quizás, en términos de desempleo, esto también atenúa estos hechos”, dijo un joven artista de 24 años.

En ese mismo encuentro, Sara, una joven del barrio El Reposo 1 y amante de la danza, describió cómo muchos jóvenes ven en estos grupos una salida, una oportunidad. “La única oportunidad que hay normalmente en muchos barrios. Por ejemplo, las personas que llegan de lugares que no conocen, que llegan nuevas a un barrio, y sobre todo las que son desplazadas, normalmente llegan a los barrios periféricos, donde también ellos invaden algunos territorios. Los ven como presas, por decirlo así, para atraparlos fácilmente: vulnerables, sin trabajo, sin comida. Entonces, les dicen: ‘Ah, no, que venga me hace este mandadito’. Ah, no, que les empiezan a proponer cositas y les empiezan a dar dinero. Ellos ven que si se van con ellos, les puede ir mejor”.

Ante este panorama, los programas de Usaid buscan promover la inclusión étnica, el liderazgo juvenil y la reparación de las víctimas del conflicto. Juntanza Étnica es uno de estos programas que impulsa la participación de las comunidades afrodescendientes y empodera a los jóvenes para que tomen parte en las decisiones locales.

A través de alianzas con el SENA y la alcaldía, este programa crea oportunidades de empleo y desarrollo para los jóvenes. Otro programa, Restaurando Nuestro Futuro, trabaja en la reparación integral de las víctimas del conflicto; mientras que Jóvenes Resilientes ayuda a jóvenes de entre 10 y 29 años a enfrentar la criminalidad y la estigmatización en sus barrios. Con lo que pese a la inseguridad y la violencia, continúan luchando por sus derechos y construyendo nuevas oportunidades.

Justicia Inclusiva, por su parte, busca acercar a las comunidades más afectadas por la violencia al sistema judicial. Este programa ha representado legalmente 30 casos de homicidios, ha brindado acompañamiento psicológico a 200 madres y ha documentado 108 casos de violencia. Además, ha organizado cinco mesas de trabajo con la Fiscalía para mejorar el acceso a la justicia y apoyado la creación de la Red de Madres y Cuidadoras, quienes ahora participan en el comité local de justicia. En este contexto, 50 madres han podido declarar ante la Unidad de Víctimas.

Los proyectos Inspira Paz y Tierra Dorada también contribuyen, por un lado, a prevenir vulneraciones a los derechos humanos y por el otro, a fomentar el desarrollo sostenible en la pequeña minería. En los últimos dos años, estos programas han logrado avances significativos, brindando asistencia legal y psicosocial, creando una base de datos documental para los casos judiciales e impulsando la participación juvenil en espacios políticos. Asimismo, campañas de sensibilización como “Sueños Apagados” y “Saludablemente” han promovido la desestigmatización de los jóvenes y su participación en la construcción de sus territorios.

Mnemosiné: para la memoria y por la justicia de los jóvenes

En el marco de estos programas, se realizó la exposición Mnemosiné, la cual logró generar una gran sensibilización entre la población, destacando el papel de las madres que han perdido a sus hijos en medio de la violencia.

Se trata de una exposición de fotos estos hijos, las cuales circulan por la ciudad como un recordatorio constante de las vidas truncadas, mientras ellas exigen respuestas ante la situación.

Nury Rodríguez, quien acompaña a los jóvenes en los barrios, explica que muchos de los asesinados eran los cuidadores de sus madres, lo que ha destrozado no solo familias, sino también la economía de los hogares.

“Junto a los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas, creemos que aquellos relacionados con la generación de oportunidades económicas para jóvenes y madres también son una solución a esta problemática. En nuestros programas, tenemos varias actividades, como las oportunidades económicas enfocadas en el emprendimiento inclusivo. Hablábamos justamente de la importancia de generar toda esa fuerza, apoyo y respaldo para que estos emprendimientos sean sostenibles”, dijo la lideresa.

Luego de la reunión con la fiscal general Luz Adriana Camargo, en la que se anunciaron medidas para investigar los homicidios de jóvenes en Quibdó, la directora de la Fundación Círculo de Estudios, Nhora Lucía Álvarez, expresó que aunque los acuerdos incluyeron la creación de un equipo especializado para abordar de manera integral el acceso a la justicia, a corto plazo aún no se ha visto resultado.

Sin embargo, según la directora, un punto importante de este nuevo discurso es que, aunque las madres de las víctimas no han recibido información concreta, se ha logrado establecer un espacio de diálogo con la Fiscalía. Este espacio ha sido importante porque, aunque no se han capturado responsables, “las mamás entienden que hay una institución del Estado que está poniendo los ojos en sus casos”.

Uno de los logros más significativos de estos encuentros ha sido cambiar la percepción de las madres sobre la efectividad de la justicia y la relación con las instituciones estatales. Al respecto, Álvarez señaló que antes “nunca en la vida, en 10 años, se había visto a la Fiscalía en estos casos”. Este esfuerzo ha transformado la relación de las víctimas con las instituciones aunque, recalca, aún falta mucho por hacer, especialmente considerando las dificultades generadas por las dinámicas del conflicto armado y el control territorial por parte de actores violentos.

En paralelo a estas labores, la Fundación ha trabajado en la construcción de una red de apoyo mutuo entre las madres, quienes han encontrado un espacio para compartir sus experiencias y luchar juntas por la justicia para sus hijos. Afirman que antes de este acompañamiento, muchas madres “no habían podido hacer los ritos fúnebres por amenazas o por prohibiciones”, lo cual ha dificultado su proceso de duelo. Por ello, la organización ha organizado ritos simbólicos, tanto religiosos como comunitarios, para ayudar a las madres a cerrar sus duelos y preservar la memoria de sus hijos.

Ahí también radica la importancia de la exposición, realizada en colaboración con artistas locales. A la fecha se ha presentado en la ciudad con tres componentes: uno que relata la vida de los niños y jóvenes asesinados a través de sus pertenencias, un recorrido digital que permite acceder a las historias de las víctimas, y un espacio de reflexión sobre la importancia de preservar la memoria colectiva.

“Es una exposición que cuenta con tres escenarios. Jóvenes, niños y niñas que han sido asesinados, y dos de las madres que cuentan quiénes eran estos jóvenes y cómo fueron asesinados”, explicó la vocera del Círculo de Estudios.

La exposición busca no solo generar conciencia en la población local, sino también llevar la discusión a nivel nacional e internacional. Incluso, las obras estarán presentes en la residencia del embajador de Estados Unidos en Colombia el próximo 20 de septiembre, como parte de la conmemoración de los 20 años de la consulta anual de derechos humanos. La exposición será el evento central de la recepción, con la esperanza de que este tipo de actividades ayuden a que se visibilice la crisis en Quibdó.

Sobre el impacto de la exposición, madres, jóvenes y líderes esperan que el arte pueda aportar al impacto y visibilización de la violencia en la ciudad. Especialmente, en un contexto en el que esta ha sido normalizada. “Si en cualquier otro país del mundo hubiera 800 jóvenes asesinados, sería un tema de la agenda política del presidente”, lamentó Nhora Álvarez.

El llamado a la justicia

A pesar de que cada vez hay más ojos sobre la situación de Quibdó y su juventud, siguen existiendo ecos de guerra y víctimas. En la mañana de martes 27 de agosto, por ejemplo, y luego del paso de las autoridades por la ciudad, fue asesinada Luz Berilia Chalá Córdoba, madre de la comunidad, quien luchaba por el esclarecimiento de los hechos que en 2022 le quitaron a su hijo Brayan. Ella era integrante de la Red de Madres y Cuidadoras de Jóvenes Asesinados en Quibdó y se movilizó durante estos últimos dos años en contra de la violencia en la ciudad. Por esta situación, desde la Embajada de los Estados Unidos hicieron “un llamado para la pronta y exhaustiva investigación de este caso”. En marzo de este año también fue asesinada su compañera de la red, la lideresa Yirleana Moreno.

Por lo pronto, las comunidades no solo anhelan paz, la protección de sus niños y niñas y oportunidades distintas para los jóvenes. También que haya un avance significativo en las investigaciones que madres buscadoras ven como la forma de acceder a la verdad y la justicia.

Además, y como resultado de las luchas que han liderado, en compañía de organizaciones locales e internacionales, se espera que haya un pronunciamiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a esta ola de muertes, ya que, a mediados de 2024, la Fundación presentó una solicitud para que se le ordene al Estado colombiano la agilización en las investigaciones y tomar acciones de prevención antes de que más jóvenes sean asesinados.

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