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La justicia centrada en las personas es un enfoque que nos invita a comprender las necesidades específicas de justicia de las personas como punto de partida para la elaboración de políticas públicas. En contextos afectados por la violencia, a menudo surgen necesidades de justicia complejas y vacíos en la provisión de servicios por parte de las instituciones.
Promover un enfoque centrado en las personas se convierte, por lo tanto, en una vía fundamental para que aquellos que lideran el diseño de políticas, puedan comprometerse con las necesidades más apremiantes de las personas, abordándolas eficazmente y reforzando así la resiliencia de las comunidades frente a las continuas perturbaciones externas, creando un entorno propicio para el desarrollo sostenible a largo plazo.
En Colombia, donde el conflicto armado ha tenido un profundo impacto en diversas regiones, las iniciativas de justicia centrada en las personas desempeñan un papel crucial en el proceso de paz. Estos enfoques ofrecen vías para restaurar el tejido social, fomentar la reconciliación y reconstruir la confianza social, elementos esenciales para alcanzar y mantener una paz duradera. Por ejemplo, los mecanismos de justicia transicional que priorizan las necesidades de las víctimas y las comunidades, como las comisiones de verdad, los programas de reparaciones y los tribunales especiales, son fundamentales para abordar las secuelas del conflicto y sentar las bases para una paz justa y sostenible. La justicia centrada en las personas garantiza que estos mecanismos estén alineados con los valores y necesidades de las poblaciones afectadas.
La justicia centrada en las personas fomenta la resolución pacífica de los conflictos, y promueve la rendición de cuentas, el respeto de los derechos humanos, y la lucha contra la corrupción, buscando así un equilibrio de poderes. Además, contribuye a mitigar y prevenir los conflictos al abordar las causas subyacentes, como son las injusticias históricas y las desigualdades sociales. Resolviendo disputas y atendiendo a las necesidades de las comunidades afectadas, se reducen las tensiones y se crea un entorno más estable.
Es fundamental entender que la justicia no se define estrictamente en términos de tribunales y abogados. El acceso a la justicia se comprende mejor como la capacidad de las personas para resolver y prevenir sus necesidades, y para utilizar la justicia como una plataforma para participar en sus economías y sociedades. En Colombia, esto implica no sólo velar porque las instituciones formales se enfoquen más en las personas, sino también ofrecer y fortalecer otras vías de acceso a la justicia, como los métodos no formales de resolución de conflictos, la justicia móvil, las Casas de Justicia, la justicia restaurativa, la justicia administrativa, así como la justicia ancestral y comunitaria, entre otros. Además, es crucial mejorar el uso y la distribución de herramientas tecnológicas para facilitar este acceso.
Fortalecer las capacidades locales para la justicia permite a las regiones más afectadas por el conflicto gestionar disputas de manera más efectiva e independiente. Al involucrar a las comunidades, se garantiza que las poblaciones más marginadas y afectadas tengan voz en la administración de justicia, además las empodera para gestionar los conflictos localmente, reduciendo la dependencia de sistemas externos que a menudo son percibidos como sesgados o desconectados de la realidad local. Esta inclusividad ayuda a corregir desequilibrios de poder y asegura que la justicia sea vista como legítima y representativa de todos los grupos afectados, promoviendo la confianza y creando un entorno más estable para una paz duradera.
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