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“La familia es el núcleo de la sociedad y si yo tengo la oportunidad de hacer justicia, no la voy a desaprovechar”, explica Luz Estela Jiménez desde su despacho en la Comisaría de Familia de Mutatá (Antioquia). Desde ese espacio pequeño, dotado de un par de asientos, un escritorio y un calendario, Luz recuerda cómo en sus 21 años de vida profesional como abogada aún sigue avanzando en la tarea de hacer justicia en su municipio.
Esta es la historia de cómo Luz, entre miles de personas en Colombia, utiliza el derecho y su compromiso para acercar la justicia a las personas en las regiones apartadas. Su trabajo está inmerso en el ecosistema de Urabá: una región que desde los años 80 vive los ecos de la guerra y que esas violencias mutaron hasta llegar a las familias.
La Comisión de la Verdad, por ejemplo, encontró que el Urabá antioqueño contabiliza más de 100 masacres y en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hay más de 46.000 víctimas acreditadas. En medio de ese panorama sangriento, la violencia sin armas también arrecia en el territorio. Un sondeo de la Fundación Forjando Futuros demostró que ser mujer en Urabá continúa siendo un camino de violencias y agresiones de género. En ese documento, la Fundación detalla que solo en 2024 se han registrado al menos 53 violencias de género y 86 casos de violencia sexual contra mujeres, la mayoría en el contexto familiar.
En esa acumulación de hechos violentos, está Luz Estela, la encargada de hacer que los derechos violentados en el contexto familiar puedan ser restablecidos y como aseguró, “tratar de salvar vidas que fueron afectadas por la violencia”.
La justicia como vocación
Luz Estela se describe a ella misma como una abogada que trabaja con amor, pertenencia y, ante todo, siguiendo los “valores paisas” que le inculcaron en su familia. De niña, creció en un entorno relacionado con las leyes y el derecho en una casita de Carmen de Viboral (Antioquia). Su papá fue alcalde y su mamá fungió varios años en la Fiscalía. Su niñez y su adolescencia, explica ella, fueron influenciados por ese contexto y cada vez que recibe un caso de violencia intrafamiliar, hace lo posible para que las víctimas, quienes en la mayoría de casos son agredidas dentro de sus propios hogares, vuelvan a vivir en un entorno seguro.
“De mis padres aprendí que mis derechos terminan en donde empiezan los derechos de los demás. Y que la palabra pronunciada se cumple. Eso lo recuerdo todos los días en mi trabajo”, cuenta Luz Estela.
Hace 21 años, completó sus estudios de Derecho y se graduó como abogada. Allí entendió que utilizaría las estrategias jurídicas para recuperar el tejido social rasgado por la violencia y los derechos vulnerados en Urabá. Salió de su hogar y empezó a trabajar esporádicamente en otros municipios de Urabá. “Por azares de la vida”, retornó a Mutatá en 2019, esta vez para ofrecer justicia y reparar a las familias. Su llegada a este municipio la motivó a aspirar más y, a los pocos meses de haber llegado a esa zona urabeña, se postuló a un magíster en resolución de conflictos.
Desde ese momento tenía claro que, además de acercar la justicia a las víctimas, su trabajo tenía que estar acompañado del diálogo y de estrategias para “enfriar” los problemas (los expertos lo llaman desescalar el conflicto). “Aparte de ser la comisaria e intentar salvar vidas, evitar feminicidios o recuperar los derechos de un niño agredido sexualmente o un anciano maltratado, busco que la ciudadanía genere confianza hacia la institucionalidad y hacer de la justicia algo dinámico que llegue a estas personas. Queremos convertirnos en su voz”, afirma Luz Estela, que le apuesta a la justicia desde 2006.
Solo en Mutatá, Luz Estela tiene el registro de haber solucionado exitosamente todos sus casos de 2024 que oscilan en todo tipo de conflictos familiares. Desde los más graves, como agresiones sexuales, maltratos a personas de la tercera edad, hasta algunos inconvenientes que pueden ser solucionados hablando o brindando un espacio para el diálogo y así resolver temas como las cuotas de alimentos o custodias. Sin su trabajo, posiblemente hubiese terminado en violencias y más derechos transgredidos.
Gracias al apoyo del Programa de Justicia Inclusiva de USAID, las Comisarías de Familia en los 16 municipios priorizados del programa han logrado combatir la violencia de género y han emitido al menos 9.426 medidas de protección desde 2022 para evitar que una violencia desencadene en feminicidios o daños irreparables para las víctimas. Además, estos apoyos han permitido que se diseñen al menos 49 herramientas legales para que las mujeres violentadas por agresiones sexuales o de género puedan acceder a atención judicial.
Oportunidad de transformar
Aunque trabajen desde espacios pequeños, con retos estructurales para poder funcionar de manera más eficiente, y abrumados por una carga laboral desbordada, Luz Estela asegura que ella y los demás comisarios están llamados a sobreponerse a los retos. “Tenemos la oportunidad de transformar la idea de la justicia y la vida de las personas. Nosotros podemos prevenir un feminicidio y ofrecer apoyo psicológico que muchas veces no tienen las víctimas. Luego de ofrecer ayuda, a nosotros nos han dicho: ‘Tú fuiste mi bastón, cuando ni yo misma creía en mí. Me ofreciste protección y un par de hojas me salvaron la vida’”, comenta la comisaria.
Las Comisarías de Familia nunca han tenido el trabajo fácil. Creadas hace 30 años, su constante ha sido estar bajo el yugo de los bajos presupuestos que se manejan en las administraciones locales de todo el país, lo que en muchos escenarios no permite que la justicia pueda ser ofrecida, ni de inmediato ni de manera eficaz a quienes urgentemente la buscan. En Medellín, por ejemplo, docenas de funcionarios de las comisarías de la capital antioqueña entraron en paro durante 2022 porque no tenían ni las instalaciones, ni la infraestructura, ni el personal para funcionar. No tenían ni papel para imprimir.
“No hay equipos tecnológicos, impresoras para digitalizar las denuncias o las medidas de protección. Tampoco hay atención en salud mental ni sillas en los puestos de trabajo”, denunciaron, por ejemplo, los funcionarios de la Comisaría de Alpujarra en ese entonces. La situación en Mutatá y el despacho de Luz Estela no se ha librado de esas fallas estructurales. Aun así, la comisaria asegura que no hay un problema que no pueda solucionarse. No lo dice en términos abstractos, sino bajo la voz de la experiencia de una mujer que ha dedicado la mitad de su vida a encontrar caminos de diálogo y vías para solucionar los conflictos, no a detenerse en ellos.
Por esa misma razón, Luz Estela sentencia la siguiente frase: “Siempre va a haber altibajos en cualquier entorno de la vida y de las personas. Pero lo importante es no vararse en ellos. En lugar de complicarnos con los problemas, podemos hablar del presente y solucionarlos”.
Cuando de su futuro se trata, la comisaria contempla dos escenarios. El primero es uno en donde los frutos de su cosecha, como una abogada, sean más abundantes. Es decir, que Mutatá y el resto del Urabá sean finalmente una región que pueda actuar rápido y ofrecer entornos seguros cuando ve derechos familiares vulnerados. Pero el segundo, aún no lo tiene muy claro. “Mi sueño es continuar en esta labor. Después de tantos años en el servicio, llegan personas a mi oficina, me abrazan y me comentan: ´Comi, (abreviación para comisaria), gracias a su trabajo, pude recuperar mi vida’. Yo quiero —concluye Luz Estela— que eso continúe”.
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