Las justicias étnicas y sus desafíos para garantizar la paz en las comunidades

El liderazgo de las mujeres afro en su territorio busca también su participación en la administración de la justicia ancestral.

Foto: Valentina Arango Correa

Acceder a la justicia representa un desafío en la garantía de los derechos humanos para comunidades históricamente marginadas debido a su identidad étnico-racial. Poblaciones afrodescendientes e indígenas enfrentan dificultades para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. Son los líderes y autoridades tradicionales de las comunidades, como los cabildos indígenas y los consejos comunitarios afrocolombianos, los que desempeñan un papel central en la administración de la justicia, actuando como guardianes de la tradición cultural y la sabiduría ancestral. Estos sistemas de justicia propia están vinculados a sus cosmovisiones y no están asociadas a las prácticas de justicia ordinaria. Su finalidad es poder resolver los conflictos internos de las comunidades a través de saberes y prácticas propias, en su mayoría, con fines reparadores.

De tal manera que la justicia de los pueblos étnicos es tan antigua como sus costumbres y tradiciones. Desde la época de la esclavización y la colonia, estas comunidades funcionan con otra forma de pensar la justicia y de resolver sus conflictos a través de lo que hoy se conoce como la Justicia Ancestral Afrocolombiana (JAA) y la Jurisdicción Especial Indígena (JEI). En pocas palabras, tanto indígenas como afros procuran restaurar la armonía rota tras un delito, antes que vigilar y castigar. Aunque cada resguardo o consejo comunitario del país puede construir normas distintas frente a su concepción de justicia, todos coinciden en que la justicia debe ser restaurativa y no sólo punitiva (o de castigo). Es decir, tanto los afros como los indígenas le apuestan a que las personas que cometan faltas o delitos tengan que reparar a sus víctimas.

El Espectador consultó a expertos en esta materia para conocer cuáles son los principales desafíos que existen para que la jurisdicción ordinaria (la que usamos a diario para denunciar, entutelar y demás), se articule con estas prácticas ancestrales de justicia. Para los entrevistados, aparte de una incluir a las mujeres dentro de decisiones de poder en las comunidades étnicas, hay varios pendientes para que tanto el Estado como quienes no se autoreconocen como indígenas o negros, entiendan la importancia de solucionar los conflictos de esta manera.

Los retos de la justicia étnica

Fany Kuiru Castro, una lideresa indígena de La Chorrera, en el Amazonas, recuerda que su abuela Gɨku jugaba un papel fundamental en el pueblo Uitoto. Los diálogos de esa mujer mayor eran los que llegaban al oído del abuelo. Consejos sobre cómo resolver problemas para mejorar relaciones entre vecinos, venían de mujeres como ella, pero era el abuelo quien los socializaba como cacique. Es así que, la historia de Kuiru, cuenta el recorrido para comprender la justicia indígena y cómo las mujeres, aun con toda la formación, siguen encontrando barreras para guiar los sistemas propios de justicia.

La lideresa Kuiru, líder de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), recuerda que la palabra de la mujer era fundamental hasta que llegó el catolicismo a los pueblos indígenas con la colonización. Ella señala cómo la evangelización y la influencia de la cultura occidental tergiversaron el papel de la mujer, presentándola como “conflictiva y sin valor”, lo que condujo a la adopción de prácticas de maltrato y violencia hacia las mujeres. “Entonces desde ahí es que a las mujeres indígenas hoy en día no nos permiten siquiera ocupar los cargos en nuestras estructuras organizativas”, cuenta.

Esa violencia de hace siglos es una de las causas que llevan a Kuiru a pensar que para tener una justicia étnica sólida y representativa, debe haber mujeres que opinen y disientan, como su abuela, para garantizar los derechos y fortalecer esas formas de justicia. Además, las mujeres también podrían servir de puente para enseñarles a jueces y magistrados cómo es que desde hace años funciona su justicia y de qué manera pueden trabajar de la mano.

“En comparación con los compañeros afrodescendientes, yo pienso que nosotros tenemos una ventaja muy importante porque podemos ejercer nuestra autonomía y aplicar nuestras propias penas hacia nuestros hermanos indígenas cuando cometen infracciones y no son judicializados por la justicia ordinaria”, dice Nelson Edgardo Moreno, de la comunidad indígena U’wa, la cual habita los departamentos de Boyacá, Santander, Norte de Santander, Arauca y Casanare. El líder se refiere a que las autoridades indígenas están reconocidas dentro de la Constitución para ejercer funciones jurisdiccionales con sus propias normas y procedimientos dentro de sus territorios, mientras que las autoridades afro no tienen ese reconocimiento.

Muchas alcaldías y gobernaciones, jueces, magistrados o tribunales no se atreven a reunirse con autoridades étnicas afrocolombianas de Consejos Comunitarios por esta falta de reconocimiento constitucional. “La falta de reconocimiento de una jurisdicción especial afrocolombiana en la Constitución genera más barreras para el acceso a la justicia, pero tampoco podemos considerar que el que no exista un reconocimiento impida que estas prácticas y saberes continúen”, dice Moreno.

Por esta razón, el programa de Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha reunido esfuerzos de comunidades e instituciones académicas para que los operadores de justicia y el sistema judicial colombiano conozcan de manera precisa estas prácticas y saberes. El objetivo es que los funcionarios comprendan cuáles son los principios de estas justicias ancestrales, qué normas o derecho propio las rigen, y cuáles son los procedimientos aplicados para sus necesidades jurídicas. Esto, a través de una caracterización y diversos espacios de diálogos, como comités de justicia departamentales para reconocer socialmente las prácticas de justicia tradicionales.

Con el apoyo de USAID, la lideresa negra Hilda Nayibe Hurtado, de Tumaco (Nariño), quien ha sido fundadora de escuelas de formación de mujeres negras y justicia ancestral en el mismo municipio, ha logrado enseñar a 32 hombres y mujeres normativas étnicas y justicia ancestral. Entre sus razones está que, al igual que la justicia indígena, ha encontrado la forma para garantizar la participación de las mujeres dentro de esos sistemas. Aunque existen escuelas de justicia como esta, “es también importante que la justicia ordinaria comprenda, realmente cómo vemos los pueblos nuestro sistema de justicia propia”, dice la coordinadora de la COICA.

Al respecto, Libardo Ariza, abogado y profesor de la Universidad de Los Andes, y uno de los gestores de los primeros acercamientos entre dos formas de justicia tan disímiles, dice que “no hay que entender a las justicias étnicas como una oferta institucional que compite con la administración de justicia nacional. Pues, la justicia étnica forma parte del sistema judicial nacional. No son algo distinto, no son paralelas, no compiten, sino que integran un sistema de una administración de justicia nacional con enfoque territorial basada en el reconocimiento de la interculturalidad y en la apuesta nuevamente por la construcción de un país pluriétnico”.

Al igual que Kuiru, Hurtado recuerda que eran los abuelos y abuelas quienes guiaban la resolución de conflictos en la comunidad. “Mi hermano y un primo se peleaban siempre donde se encontraban. Una mañana, muy temprano, se fueron a la calle y empezaron a pelear. Mi tía y mi mamá cogieron cada una a su hijo y los llevaron a donde mi abuelo. Él les dio a cada uno tres latigazos aconsejados y después les dio un banano para que se lo comieran ahí”. Luego de eso, nunca volvieron a tener un conflicto. Esas eran formas de resolver sus conflictos, hablando entre partes con los mayores que se encargaban de ayudarles.

A esta visión se suma que, tanto para las comunidades negras e indígenas, la justicia va más allá de la visibilidad que han tenido sobre su cultura, sino que buscan evidenciar las prácticas intelectuales como sus ejercicios de gobierno o, por ejemplo, los cuidados de los bosques. En la comunidad Uitoto del Amazonas, Kuiru explica que lo que la sociedad occidental considera como un delito, en su comunidad se percibe como una desarmonía o desequilibrio que afecta tanto física como espiritualmente a la persona. Por lo tanto, el objetivo principal es sanar a la persona y ayudarla a recuperar su armonía. Esto puede lograrse a través de la intervención del chamán, rituales comunitarios, o el apoyo de la comunidad. Si la persona logra recuperarse y regresar al camino de la armonía, se considera que se ha cumplido el propósito. Sin embargo, si no muestra mejoría, a veces se la deja en manos de la naturaleza.

Esa búsqueda de armonía no difiere mucho de lo que la justicia ancestral afro considera un principio fundamental: la justicia como la armonización de la vida colectiva. “Es decir, cuando se tala un bosque de manera indebida se genera una desarmonía. Entonces, el concepto de justicia es: volvamos a construir la armonía que fue afectada por esa tala de bosque. Es muy interesante esa dimensión de justicia restaurativa. No se restaura lo que puede ser desarmonizado, contrario a la justicia sancionatoria”, explica el líder Moreno. Este enfoque refleja el sistema de justicia tradicional de su pueblo, el cual se centra en la restauración y la armonización en lugar de en la retribución punitiva que suele encontrarse en la justicia ordinaria.

Fortalecer la justicia propia de los pueblos podría contribuir a que los jueces, comisarios de familia o los operadores de justicia no se congestionan más de lo que ya están, y en este orden de ideas, también estaría contribuyendo a un efectivo cumplimiento del derecho al acceso a la justicia, dicen las dos lideresas. Sin embargo, para la coordinadora Fany Kuiru, “hoy en día ha sido muy difícil esa articulación. Se puede entender cómo que algunas autoridades judiciales creen que es para mantener la impunidad de los delitos en las comunidades, y tal vez a veces no están equivocados, porque no conozco el primer sistema de justicia propia indígena que esté funcionando bien ni que se maneje bien articulada con la justicia nacional”.

Así, el acceso a la justicia para las comunidades étnicas en Colombia es un desafío que requiere un enfoque colaborativo. La preservación de los sistemas de justicia propia, arraigados en las cosmovisiones y tradiciones culturales de los pueblos indígenas y afrocolombianos, son fundamentales, según líderes y expertos, para garantizar la igualdad de derechos y el reconocimiento de su autonomía. Su relación con el sistema de justicia ordinario demanda un esfuerzo continuo de entendimiento y colaboración, en búsqueda de una sociedad más inclusiva y justa.

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