El Congreso de la República aprobó en cuarto y último debate la Ley contra el ruido, una normativa que promete mejorar la calidad acústica en el país, proteger la salud de las personas y garantizar la convivencia ciudadana. La ley establece límites claros para la contaminación acústica y define responsabilidades para su implementación en todo el territorio nacional.
La contaminación auditiva ha sido señalada como un problema de salud pública. Según datos del Ministerio del Interior, el 70 % de los encuestados en Colombia ha tenido conflictos con vecinos debido al ruido excesivo. Este fenómeno no solo genera estrés y afecta el bienestar de las personas, sino que también tiene un impacto negativo en los ecosistemas urbanos.
Por ello, con relación a la justicia ambiental, la ley busca proteger el derecho a un ambiente sano mediante la gestión y reducción de la contaminación acústica. Esto incluye la creación de políticas y lineamientos que protejan a la población más vulnerable, como personas dentro del espectro autista, y busca equilibrar los intereses económicos y culturales con el bienestar ambiental.
Y respecto a la justicia social, la normativa reconoce el derecho a la tranquilidad, al descanso y a la salud de las personas, que son vulnerados por el ruido excesivo. Al establecer mecanismos de prevención, control y sanción, la ley busca garantizar condiciones de equidad para quienes viven en zonas afectadas por la contaminación acústica. Esto incluye multas y la intervención de la autoridad de policía para proteger el bienestar de las personas.
Antes de la aprobación de esta ley, las infracciones por ruido eran castigadas con una multa tipo 3, equivalente a 16 salarios mínimos legales vigentes, aproximadamente $20,8 millones. Sin embargo, la nueva Ley contra el Ruido endurece estas sanciones, elevando las multas hasta 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, cerca de $52 millones, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Además, los organizadores de eventos con aglomeraciones masivas que incumplan las normas podrán enfrentar sanciones que van desde 100 hasta 500 salarios mínimos mensuales. En el caso de establecimientos económicos, se les exigirá insonorizar sus espacios; de lo contrario, podrán ser suspendidos temporalmente.
Así, la ley contra el ruido no solo endurece las sanciones, sino que también establece medidas concretas para reducir la contaminación auditiva en el país. Regula el ruido generado por actividades económicas como bares, restaurantes y eventos masivos que afectan a los residentes cercanos, controla las emisiones sonoras de automóviles y motocicletas, y establece herramientas para medir y monitorear el ruido en espacios públicos y urbanos. Además, promueve la conciencia ciudadana a través de programas pedagógicos que buscan educar sobre los efectos nocivos de la contaminación auditiva.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador