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Martha Lucía Ceballos no sabe qué episodios han sido más recurrentes en su vida, si los logros alcanzados por defender los derechos humanos o, por el contrario, las amenazas y violencias que desencadenó su búsqueda de justicia a quienes fueron afectados por la guerra. Los últimos 15 años los ha dedicado a buscar desaparecidos, recibir denuncias de cuerpos que aparecen en las trochas de Nariño y, en más de una ocasión, saber que mientras habla por celular, hay alguien interceptando su llamada.
Lo último que sucedió sí lo recuerda con claridad: Iba caminando por las calles turísticas de Tumaco, (Nariño) cuando avistó tres hombres que, con las amenazas de sus armas, la silenciaron y condujeron hasta una de las tantas playas de la ciudad. La agredieron, insultaron, fotografiaron en un estado de paranoia y al poner el cañón helado de sus pistolas sobre su cabeza, la amenazaron una vez más. Esta vez fue diferente a las otras 10 agresiones que ha tenido por buscar justicia. Se trató, dice, de una agresión por defender los derechos, pero también por ser una mujer valiente que hace su trabajo.
Esta es la historia de una defensora en Nariño que presenció el conflicto, sobrevivió a las amenazas y, tras casi 30 años de abanderar la justicia en el departamento, sigue convencida de que continuará hasta el final para defender su causa.
No hay causas perdidas
“Conocí la guerra muy joven. A los 15 mataron a mi padre y en pocos años sufrimos nuestro primer desplazamiento forzado”, cuenta Martha. Al nacer en uno de los focos del conflicto, como lo es Nariño, estuvo sometida a ver cómo su familia, hogar y departamento se iban transformando a cuenta de las balas. En 1999, se había graduado de bachiller, pero a las pocas semanas ese logro se desvaneció, pues tuvo que huir de su tierra, un territorio aledaño a Ipiales (Nariño) y vender artesanías para poder sobrevivir.
Ante todo ese escenario, tuvo que vivir el exilio de su hermano, que empezó a recibir amenazas de paramilitares de la región, tuvo que abordar un avión y abandonar el país. Y cuando volvió a reclamar las tierras que el desplazamiento les había arrebatado, lo mataron. Pero esas dos pérdidas no derrotaron a Martha. En su lugar, la envalentonaron a convertirse en una lideresa que gastaría las próximas décadas de su vida a reivindicar la memoria de sus familiares y luchar por quienes tuvieron una historia parecida.
Al calmarse los vientos violentos, se capacitó en defender los derechos humanos de miles de personas que, para inicios de siglo, lanzaban gritos mudos de justicia tras ser desplazados, agredidos sexualmente o presenciar que algún allegado era desaparecido, reclutado o asesinado.
La situación en Nariño fue tan crítica, que Fundepaz, una ONG de derechos humanos, catalogó el territorio como “una fábrica de víctimas”, pues en la región se veían algunos de los registros más altos de crímenes de lesa humanidad, entre ellos, las masacres, desaparición forzada o el exterminio a pueblos indígenas, como el awá.
“El mejor homenaje que yo les he podido hacer a mi padre y a mi hermano es reivindicar su nombre y a luchar por colaborar, ser solidaria y amar la tierra. Lo es todo: significan nuestras raíces, de dónde venimos y ante todo, defender los derechos humanos de las personas que no han podido defenderlos por sí solos”, cuenta la lideresa.
La defensa contra la impunidad
Una de las tareas más difíciles que ha abanderado Martha es una defensa contra la impunidad. En 2007, justo cuando salía de una audiencia de Justicia y Paz en que paramilitares podrían confesar alguna pista sobre los crímenes de su padre y su hermano, observó un grupo de personas marchando. Eran madres, hermanas e hijas que reclamaban justicia por haber sido víctimas directas del conflicto y, tras años de exigir, aún no tenían respuestas. El grupo era el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que desde 2005 ha reunido 200 colectivos y víctimas para exigir verdad y reparación ante asesinatos, desplazamientos y desapariciones forzadas.
Un pedido generalizado de ese grupo es que el Estado reconozca su participación en algunos delitos en los cuales estuvo involucrado, y afuera por omisión como por participación directa. Por ejemplo, la organización exige justicia por la masacre de Barrancabermeja de 1998, la de Santo Domingo (Arauca) y al menos 500 crímenes que, según ellos, fueron cometidos bajo la connivencia de agentes del Estado.
“Al ver a ese grupo manifestándose me cuestioné que no había sido la única a la que le habían pasado ese tipo de cosas y descubrí que éramos muchos los que exigimos justicia y que nuestros casos no eran aislados. Allí aprendí normas para defendernos, luchar contra la impunidad y hacer valer las sentencias que buscan repararnos y ofrecernos verdad”, recuerda Martha.
Pero, su lucha no ha sido una tarea fácil, pues la defensa de los derechos humanos es sinónimo de amenazas y estigmas. A finales de 2023, la Corte Constitucional avisó que el Estado, prácticamente, había fallado en proteger a quienes protegen los derechos. Con la publicación de un estado de cosas inconstitucional, este tribunal aseguró que existen evidencias de una “persistente, grave y generalizada violación de derechos de la población líder y defensora, por un lado, y la capacidad institucional para que el Estado los proteja, por el otro”.
Los datos de Indepaz le dan solidez a las críticas de la Corte Constitucional: solo en 2024 se han registrado 86 líderes sociales asesinados, tanto indígenas, afro y comunales como religiosos o sindicalistas; así como 14 firmantes del Acuerdo de Paz que le apostaron a la vida y defender los territorios y terminaron muertos.
“Con mi trabajo hay algo que existe, pero no se muestra y es: ´yo no estoy esperando a que a una la maten´. Hay amenazas que incluso he decidido no publicar y a veces cuestiono si vale realmente arriesgar la vida, la tranquilidad y sobre todo, la salud mental por defender los derechos, pero siempre queda claro un mismo mensaje de parte de quienes amenazan: que luchar por esta causa implica un riesgo y la justicia, a lo largo de todos estos años, no me ha resuelto el porqué y cómo de las investigaciones”, asegura la lideresa.
Lo que queda por luchar
Las noches de insomnio a causa del miedo, o los raspones producidos por las violencias físicas que ha recibido, son solo efectos colaterales en comparación con los éxitos que Martha ha logrado por cuidar la vida en Colombia. Desde 2015 ingresó a trabajar con la Gobernación de Nariño para poder tener mayor campo de acción en la protección de los derechos.
Desde un pequeño despacho en esa institución, ha logrado hacer ejercicios de memoria, verdad y paz en el departamento. Incluso, frente a casi 5.000 desaparecidos forzados que hay registrados en el territorio, Martha logró crear planes de búsqueda y obtener el aval de las autoridades para que se introdujera las pesquisas en los cementerios del departamento como política pública en los planes de desarrollo.
“Conseguimos ser pioneros en la búsqueda de desaparecidos; tanto así, que cuando se creó la Unidad de Búsqueda, luego del Acuerdo de Paz en 2016, ellos llegaron al territorio y pudimos ofrecerles algunas bases para que no comenzaran desde cero y se encontraran con un proceso comunitario bien organizado, información y ya varios años de trabajo encima”, asegura.
Las amenazas, cuenta Martha, probablemente seguirán. Diferentes grupos y actores han entrado a su casa, su oficina, incluso a las bases de datos privadas que tiene en su celular y computador, pero la respuesta siempre es clara: “mientras que con mi trabajo logre acercar la paz y la justicia a las personas que sufrieron algo similar a lo que yo viví con mi padre y mi hermano, siempre valdrá la pena. Colombia necesita conocer gente que haga el bien”, dice.
Lo que queda por luchar, a fin de cuentas, es un territorio que, gracias a Martha y su equipo de trabajo, han enseñado que defender la vida y la paz en Nariño puede pesar más que la violencia y las injusticias. Y no duda en recordar que pase lo que pase, “ya no nos pueden quitar nada”.
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