Son diez los representantes de la comunidad indígena de Bahía Portete (La Guajira) que llegaron hasta Bogotá. Desde el 18 de noviembre, los líderes visitan la capital para exigirle al Ministerio de Defensa que retire un recurso que ha pausado la reparación integral, de la cual son beneficiarios por la masacre ocurrida en 2024.
En su recorrido, quienes sobrevivieron a los hechos que generaron el desplazamiento forzado de casi 600 indígenas wayuu de Bahía Portete, se reunieron con el Ministerio de Defensa, la Defensoría Regional del Pueblo y la Dirección de Asuntos Étnicos de Ministerio del Interior para dialogar sobre la grave situación que atraviesan en su territorio.
Buscar la reparación
Entre el 18 y 20 de abril de 2004, más de 40 hombres del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandados por José María Barros Ipuana, alias “Chema Bala”; Arnulfo Sánchez, alias “Pablo”; y Rodrigo Tovar, alias “Jorge 40″, arremetieron contra las rancherías del puerto.
Las consecuencias inmediatas del hecho, previstas por personas de la región y omitidas por la institucionalidad, según informes del Tribunal Justicia y Paz, fueron amargas: al menos 12 indígenas murieron, más de 30 fueron desaparecidos, cerca de 600 se vieron obligados a desplazarse y los cementerios familiares, donde históricamente se habían ubicado y donde permanecían sus antepasados, fueron profanados.
En 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la responsabilidad del Estado por el desplazamiento como consecuencia de la masacre y ordenó la reparación de las víctimas. Sin embargo, cuatro años después, el Ministerio de Defensa interpuso un recurso extraordinario de revisión para dejar sin efectos esa decisión judicial, la cual amparó los derechos de la comunidad de Bahía Portete, cuando la mitad de la comunidad había sido indemnizada.
Tras estos años en que se detuvo la reparación integral y se afectó a cerca de 111 familias wayuu, hoy los representantes le piden al Ministerio de Defensa que desista de las pretensiones del recurso de revisión que presentó en contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que así se retomen los pagos a la comunidad.
Por eso, durante su actual visita a Bogotá, acordaron realizar una mesa de diálogo interinstitucional para evaluar la posibilidad de desistir del recurso extraordinario de revisión presentado por Mindefensa, y así seguir buscando justicia tras 20 años de la masacre.
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