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Un comunicado de pocos párrafos volvió a encender las alarmas de la protección de los derechos de los niños en Colombia. Esta semana, Profamilia radicó una misiva dirigida a la Casa de Nariño para que el matrimonio infantil sea finalmente prohibido y su erradicación pase a sanción presidencial.
El texto, escrito en lenguaje propositivo para el jefe de Estado, menciona que aunque ya se hizo el trabajo más difícil por ilegalizar el matrimonio infantil en Colombia, aún está pendiente la sanción presidencial para que, en efecto, pase a formar parte de la legislación colombiana.
Esta práctica, remontada a los orígenes del Código Civil que permitía que niños menores de 18 años pudieran contraer matrimonio con adultos, dos o tres veces mayores que ellos, fue debatida y prohibida por el Congreso en noviembre de 2024. Como todo proyecto de ley, el texto recorrió cuatro escalones (dos en Cámara de Representantes y dos en Senado) para que esta unión, considerada como “una violencia para toda la vida” por ONG fuese prohibida. Sin embargo, la ley lleva en los gabinetes presidenciales desde entonces y, según asegura la carta de Profamilia, no ha sido firmada y sancionada por Gustavo Petro.
“La sanción presidencial de la Ley 297 de 2023 es un paso más en el largo camino para hacer realidad la promesa de derechos para la niñez. Buscamos un país donde las niñas sean motor de cambio, dueñas de sus proyectos de vida y autónomas para decidir y alcanzar sus sueños”, explica Profamilia a través de la carta.
La carta dirigida a la casa presidencial también tiene la firma de otras organizaciones que durante años pujaron en el Legislativo para que el Estado colombiano prohibiera la práctica, como por ejemplo, Equality Now o Girls Not Brides (son niñas, no esposas). Tanto las ONG firmantes como organismos internacionales han denunciado los perjuicios de que la legislación de un país permita una práctica tan nociva para la juventud y la niñez.
Unicef, por ejemplo, al estudiar el caso colombiano antes de la prohibición legislativa, aseguró que esta unión marital tenía efectos negativos en todas las esferas de la vida de los niños que contraen matrimonio: psicológico, financiero, en el sistema de salud, derechos reproductivos e incluso en ámbitos sociales, pues el matrimonio infantil conllevaban en muchas ocasiones embarazos adolescentes, agresiones de género o suicidios.
“Hemos sido testigos del impacto devastador que el matrimonio infantil tiene sobre las vidas de las niñas y adolescentes (...) (Prohibirlo) envía un mensaje poderoso a la ciudadanía y al mundo sobre la importancia de que las sociedades incluyan en sus aspiraciones de justicia, equidad y prosperidad los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, argumenta la carta.
Paso necesario, pero pendiente
Martha Royo, directora de Profamilia, explica que aunque es muy valioso que el Congreso haya tomado la iniciativa de prohibir el matrimonio infantil a través de una ley, esta no tendría ningún sustento jurídico sin la firma y sanción del presidente. En Colombia es necesario que cualquier iniciativa legislativa curse cuatro debates y aprobaciones en el Congreso. Sin importar las discusiones, enmiendas o concertaciones en esa rama del poder, el que le da validez a los textos y leyes aprobadas o derogadas es el presidente.
Así las cosas, a hoy, el matrimonio infantil se encuentra prohibido, pero no sancionado por el presidente, lo que en otras palabras constituye una zona gris que puede ser utilizada para continuar violentado los derechos sexuales de la niñez colombiana.
“Esta sanción será un compromiso firme de nuestro país con la erradicación de prácticas nocivas que limitan su proyecto de vida, salud y bienestar. Al hacerlo, enviamos un mensaje claro de que sus derechos son una prioridad nacional y de que estamos decididos a construir una sociedad más justa y equitativa”, explicó Royo a este diario.
Las organizaciones firmantes también muestran preocupación porque, según ellas, esta no es una lucha nueva. Prohibir el matrimonio infantil ha sido un verdadero laberinto en Colombia. La iniciativa llegó al Congreso en nueve ocasiones y, durante 17 años, los senadores y representantes le dieron luz roja al proyecto, ya fuera por quórum, falta de consensos o sencillamente nula voluntad política.
En 2024, ese panorama cambió y por primera vez en la historia civil de Colombia, el Congreso debatió y aprobó en cuatro debates su prohibición.
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