Un golpe significativo recibieron las bandas dedicadas a la explotación sexual de menores en Medellín. La Policía Nacional, con el acompañamiento de la Fiscalía y la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, ocupó nueve bienes que eran utilizados para este delito en Medellín.
La operación logró imponer medidas cautelares de embargo y secuestro con fines de extinción de dominio a 6 apartamentos, un hotel y 2 parqueaderos valorados en más de $10.500 millones. Además de capturar cinco presuntos pedófilos. Se trata de una primera fase que realizan las autoridades con el objetivo de proteger a los menores de edad y desarticular a las bandas criminales. La segunda fase se extenderá a otros departamentos.
“Este contundente golpe contra los delincuentes que instrumentalizan a nuestros niños, niñas y adolescentes es el resultado del trabajo armónico de la Policía Nacional con la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Medellín y agencias internacionales”, señaló el general William René Salamanca, director general de la Policía.
El operativo se deriva de la “operación Arcángel” en la que se capturaron 14 personas, entre ellas a tres ciudadanos estadounidenses y uno chino. Los bienes ocupados, precisamente, pertenecen a estos ciudadanos extranjeros y a seis colombianos.
Según relató Deicy Jaramillo, delegada de la Fiscalía para la Seguridad Territorial, gracias al seguimiento que se le venía realizando a estas personas condenadas a prisión por delitos de explotación sexual de menores, lograron dar con los bienes. La red criminal contactaba a jóvenes de entre 11 y 15 años por redes sociales, quienes con engaños eran citados a apartamentos y residencias.
El director de la Policía destacó que la institución implementará el uso de dos herramientas tecnológicas: el Agente Virtual Encubierto y la Alerta Ángel Watch, con las que se busca identificar pedófilos y turistas sexuales alrededor del mundo. Y que se complementarán con una hoja de ruta clara para las autoridades en la que se contempla un Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3) para la protección de menores.
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