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Omaira: El primer caso de desaparición que se hizo público, aún sigue impune

Muchos son los relatos sobre familiares que nunca volvieron a sus hogares a cuenta de la desaparición forzada. El Espectador le explica cuál fue el primer registro de este crimen que se conoció públicamente y qué ha sucedido en casi medio siglo de silencio e impunidad.

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Tomás Tarazona Ramírez
30 de mayo de 2024 - 05:28 p. m.
Cerca de medio siglo está por cumplir el silencio sobre la desaparición y captura de Omaira Montoya.
Cerca de medio siglo está por cumplir el silencio sobre la desaparición y captura de Omaira Montoya.
Foto: Unidad de Búsqueda
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Los expedientes judiciales por la desaparición forzada de Omaira Montoya Henao, considerado el primer caso conocido públicamente, siguen abandonados en los anaqueles de la justicia colombiana. El caso de esta mujer, detenida en 1977 por integrantes de la Fuerza Pública, ha pasado a la historia y está cerca de cumplir medio siglo de impunidad.

Esta semana, precisamente, se conmemoró la semana del detenido desaparecido, una fecha creada a causa del patrón de desaparición que vivió Latinoamérica (especialmente en las dictaduras de Chile y Argentina) y que busca justicia para las personas que aún siguen ausentes.

En Colombia, esta fecha ha sido resignificada por organizaciones de víctimas para exigir justicia por las más de 111.000 desaparecidos que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha documentado. Además, se ha convertido en un símbolo de la lucha que sobre todo mujeres, hermanas e hijas han emprendido para que el Estado las auxilie y proteja en la búsqueda de sus familiares.

(Lea también: Así se conmemora en Colombia la semana del detenido desaparecido)

Hay registros de desaparición forzada, incluso desde la década de 1930. Pero no hay que olvidar que, aunque esta violencia estuvo presente en la vida de los colombianos, siempre fue negada por el Estado. El caso de Omaira Montoya no es el primero, pero sí el primer indicio público de que este era un fenómeno que terminaría por desbordarse años después”, cuenta Federico Andreu, investigador experto en desaparición forzada que trabajó con la Comisión de la Verdad.

Sin rastro ni justicia

Omaira Montoya era una bacterióloga de la Universidad de Antioquia. También hacía parte de las filas ideológicas del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según documentó la Comisión de la Verdad en las versiones sobre su desaparición, Omaira, con tan solo 30 años, viajó hasta Barranquilla junto con un compañero para reunirse con un grupo de sindicalistas y ultimar detalles de un paro cívico que se estaba organizando semanas próximas.

Mientras llegaban a la costa Atlántica, y Omaira iba de copiloto, hombres armados y vestidos de civil los obligaron a bajar del vehículo. Detuvieron a la mujer y a Mauricio Trujillo, su acompañante. La CEV consideró la detención como “arbitraria”, pues fue un arresto que dio inició a la espiral de desaparición forzada de Omaira que aún no ha terminado.

“Antes de que Omaira fuese desaparecida, este fenómeno ya estaba presente y era ejecutado por agentes del Estado y otros grupos armados. No fue sino hasta varios años después, que Colombia y el mundo conoció su caso que se empezó a poner la alarma sobre la desaparición forzada. Incluso logramos encontrar para la Comisión de la Verdad (CEV) de proyectos de Ley, que tenían intención de llegar al Congreso, en los que se decía que la desaparición no existía; que todo aquel que no volvía era un ‘esposo infiel´, u ´hombres que abandonaban sus casas buscando otro trabajo´”, cuenta Andreu.

Los hombres que detuvieron a Omaira y a Mauricio eran agentes de la Fuerza Pública, quienes años después fueron identificados como integrantes del F2 (un cuartel de inteligencia del Estado). Ellos mismos subieron a las víctimas a una camioneta de la Policía. Luego, ambos fueron conducidos hasta una playa en las afueras de Barranquilla, en la cual, según documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica, fueron torturados y amarrados durante varias horas.

Omaira estaba de pie con las manos esposadas frente a uno de los vehículos (de la Policía) que tenía los faros prendidos alumbrando el sitio (...) eran cerca de las 6:00 p.m. Esa fue la última imagen que tengo de ella”, le contó Mauricio Trujillo a la CEV. Él sobrevivió a la detención y dedicó varios años a buscar justicia por su compañera. Sin embargo, tuvo que cumplir una condena impuesta por la justicia penal militar por el delito de “rebelión”, según se lee en el expediente.

Para Federico Andreu, que tuvo que indagar este y otros miles de casos de desaparición forzada en sus pesquisas, “este es tan solo uno de los casos de desaparecidos en que hay impunidad completa. Como el fenómeno no era reconocido en el momento, la justicia no actuó como debería. El caso fue juzgado por la jurisdicción penal militar, pero el juez de primera instancia era un coronel de la Policía que estuvo implicado en la desaparición. Y el fiscal militar del caso, era un teniente que también participó del operativo”.

De acuerdo con la documentación de la Comisión de la Verdad, “la desaparición de Omaira se convirtió en un símbolo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos”, que es uno de los colectivos de víctimas que exigen justicia frente a la desaparición forzada de sus familiares.

Dudas desaparecidas

El exinvestigador de la CEV asegura que encontrar justicia en el caso de Omaira, aunque pueda ser significativo, es muy complicado. Tras casi medio siglo de interrogantes, Andreu explica que el tiempo también va borrando las pistas, los indicios, e incluso, “los responsables de cada una de las desapariciones van muriendo o envejeciendo”.

Según los hallazgos de Andreu para la Comisión, hay indicios de desaparición desde la década de los 30, también de la época de La Violencia (1946 - 1958). Sin embargo, el universo de víctimas desaparecidas forzosamente registradas en la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) empieza en 1958. Este contraste, entre los períodos de tiempo y la información de diversas organizaciones, ha sido uno de los principales problemas metodológicos que la justicia ha tenido para ofrecer respuesta a las personas que aún sueñan un reencuentro con sus familiares o amigos.

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