El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, anunció que las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la ciudad comenzarán a realizar labores de servicio comunitario. Esta medida incluye actividades como limpiar y embellecer los parques de la capital santandereana, en colaboración con la Alcaldía y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
“Se inició la articulación entre la @AlcaldiaBGA y el @INPEC_Colombia para que reclusas y reclusos de centros penitenciarios de Bucaramanga inicien su trabajo comunitario limpiando y embelleciendo parques de la ciudad. Resocialización y aporte a la sociedad”, afirmó el alcalde en sus redes sociales.
Beltrán explicó que esta iniciativa busca cumplir una promesa de su campaña: implementar medidas que combinen la reintegración social de los reclusos con el mejoramiento de los espacios públicos de la ciudad. “La resocialización de los reclusos por medio del trabajo social nos ayuda a embellecer los entornos de la ciudad, pero también a brindar segundas oportunidades. Se lo prometimos a Bucaramanga y lo estamos cumpliendo”, expresó el mandatario.
La medida incluye tareas como pintar paredes, recoger basura y realizar mantenimiento a parques. Las imágenes compartidas por la administración muestran a varios reclusos desarrollando estas actividades con el equipo necesario para llevarlas a cabo. La administración municipal subrayó que esta política también busca generar un impacto positivo en la percepción de los ciudadanos sobre los procesos de resocialización.
Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga, también ha implementado políticas de “mano dura” que le han valido el apodo de “Bukele colombiano”. Su retórica sobre los migrantes venezolanos, al vincularlos a problemas de seguridad, ha sido criticada por algunos sectores sociales, aunque Beltrán ha rechazado cualquier acusación de xenofobia. Este enfoque, combinado con sus políticas de seguridad, lo ha comparado con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien también ha adoptado medidas en contra de la delincuencia, denunciadas por violar el Derecho Internacional Humanitario.
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