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En sus primeros 100 días de gestión, la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín Ortiz, ha priorizado la atención a la crisis de hacinamiento en los establecimientos de reclusión del país. Uno de los enfoques principales ha sido la situación de las mujeres cabeza de hogar privadas de la libertad, especialmente aquellas que cometieron delitos en contextos de marginalidad.
De acuerdo con datos de la Defensoría, de los 125 establecimientos de reclusión del orden nacional, 83 registran un hacinamiento superior al 20 %, 25 tienen índices menores al 20 %, y 17 no presentan hacinamiento. En este contexto, la Ley 2292 de 2023, que establece la posibilidad de sustituir la pena privativa de la libertad por servicios de utilidad pública para mujeres en condiciones de pobreza o marginalidad, ha sido clave. Sin embargo, su implementación enfrenta dificultades.
“La Ley 2292 de 2023 [...] es una herramienta crucial para garantizar justicia con enfoque de género y diferencial. Sin embargo, los resultados de su implementación han sido bajos: menos de 100 mujeres han sido beneficiadas, pese a que el universo potencial supera las 2.500 reclusas”, afirmó Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo.
Según el análisis de la entidad, las barreras que limitan la aplicación de esta ley incluyen interpretaciones restrictivas por parte de los operadores judiciales, la falta de conocimiento sobre sus alcances por parte de las reclusas y deficiencias en las solicitudes realizadas por defensores públicos.
Frente a esta situación, la Defensoría ha desarrollado varias acciones concretas, entre ellas visitas a cárceles en Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Sogamoso (Boyacá), Barranquilla (Atlántico), Acacías (Meta) y Bogotá para identificar posibles beneficiarias, reuniones con jueces para promover el enfoque diferencial, y un incremento del 26,6 % en las solicitudes de libertad presentadas por defensores públicos. Adicionalmente, se creó un micrositio web con modelos y minutas que facilitan la presentación de solicitudes relacionadas con la Ley 2292 de 2023.
“Con estas acciones, les decimos a las mujeres privadas de la libertad que no están solas. Estamos trabajando para que la justicia sea accesible, eficiente y con enfoque de género”, declaró Marín Ortiz, quien también anunció la implementación de nuevas medidas para fortalecer la aplicación de esta ley en los próximos días.
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