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El río Cauca sigue a la espera del cumplimiento de la sentencia que, hace cinco años, le otorgó los derechos de recuperación, restauración, conservación y mantenimiento de la cuenca. Este afluente, el cual fue reconocido como víctima del conflicto armado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2023, ha sido afectado por proyectos extractivos que han desatado conflictos contra el territorio y la naturaleza, y ha puesto en amenaza a quienes se atreven a defenderlo y protegerlo.
Desde 2019, la sentencia del Tribunal Superior de Medellín declaró al río como sujeto de derechos, ordenando la protección de los derechos de los habitantes de la cuenca a una vida digna. Fabio Muñoz, guardián del río y campesino, explica que la sentencia “no lleva ningún avance real en el territorio”. Actualmente, siguen denunciando afectaciones como vertimiento de mercurio y cianuro, plantaciones forestales y la tenencia y uso de la tierra para otras actividades extractivas que han impactado el tejido social de la región y han desatado conflictos políticos, sociales y ambientales.
Por estas razones, “nos sentamos con las organizaciones y comunidades en los territorios a preguntarles verdaderamente cuáles serían las soluciones para poder llegar a este plan de trabajo”, dice el líder. Con lo anterior, se refiere a que la sentencia está en el proceso de construir un plan de acción para la recuperación y conservación del río, es decir, para darle viabilidad a la orden judicial.
En el marco de esa construcción, organizaciones de la cuenca media, alta y baja, se han reunido durante las últimas dos semanas para reivindicar los derechos del “patrón mono”, como le dicen los habitantes de la cuenca baja. A través de conversatorios y recorridos, que prevén extenderse hasta el 28 de junio, los resguardos indígenas, consejos comunitarios y asociaciones de pescadores que habitan el territorio, han buscado soluciones para disminuir las afectaciones que existen en este territorio y que favorezcan la sentencia que hay sobre este río.
En los encuentros se han evidenciado que, “las comunidades también están con las manos atadas para generar unas verdaderas soluciones a todo lo que se está viviendo, en cuanto a la contaminación y a la muerte del río Cauca, porque al paso que estamos vamos a tener que salir de nuestro río. Se deben hacer acciones fuertes en el momento”, dice el guardián. Al respecto, Xiomara Mendoza, investigadora del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación, quien hace parte del cuerpo de asesores de los guardianes de la sentencia del río Cauca, habla de la importancia de avanzar en ese plan de acción.
“Creo que es fundamental que el proceso sea construido, concertado y dialogado con las comunidades que se asientan alrededor del río. Siempre hemos sostenido que el río no es solo el cuerpo de agua que corre, sino un ser viviente compuesto de toda la vida que se desarrolla alrededor de la cuenca: de los oficios, de los roles, de toda la vida que se teje alrededor. Así es como debe entenderse un plan de acción, no solo como el agua que corre y que es un cuerpo físico, sino como la vida que trasciende el agua misma. Creemos que esto es lo más urgente”, dice la investigadora.
De acuerdo con los defensores del río, dos megaproyectos hidroeléctricos han afectado su recorrido: la Salvajina, en Cauca, e Hidroituango, en Antioquia. Ambos proyectos, explican, generan afectaciones ambientales, ecosistémicas y sociales a las comunidades que habitan la cuenca del río, los cuales son territorios que han sufrido el rigor de la guerra durante las últimas décadas con presencia de grupos armados, masacres, homicidios y desapariciones forzadas que promovieron el despojo de tierras.
Además, el río Cauca recorre 1.350 kilómetros atravesando nueve departamentos, 228 municipios y siete ciudades capitales, lo que lo convierte en el segundo río más importante del país. En el Valle del Cauca, por ejemplo, donde prima la industria azucarera, la vida del afluente se ha transformado alrededor del monocultivo de caña. Al respecto, Juliana Millán, como una de las voceras que acompañan a trabajadores como los corteros de caña, explica que en esta zona están visibilizando la necesidad de destinar buena parte de las tierras también a la producción de alimentos y no solamente al cultivo de la caña.
Las consecuencias de estos sistemas de cultivo, según dice la experta, es las implicaciones del uso de plaguicidas y un modelo de producción que sobreexplota el suelo. Por ello, en la cuenca media del Cauca están promoviendo un modelo de desarrollo más sostenible que incluya la agroecología, la protección de la biodiversidad, el reconocimiento de los derechos laborales y la preservación de la diversidad cultural.
En 2023, por ejemplo, defensores del río en el Bajo Cauca llegaron hasta Bogotá para hacer incidencia en una gira con diferentes entidades del Estado y cuerpos diplomáticos. Sin embargo, siguen exigiendo una respuesta. Aunque se abrieron espacios de diálogo, reclaman acciones concretas. “La gira no fue suficiente”, protestan las organizaciones. En palabras del guardián Muñoz: “Las comunidades indígenas, afro y campesinas que estamos, ya sea en las microcuencas o a orillas del río Cauca, exigimos eso que verdaderamente se comience a hacer un plan de acción para el río y para la gente, porque es que no lo ha habido en el momento”.
De esta manera, lo que buscan las comunidades es construir es el plan de acción para la protección, conservación y restauración del río. La decisión por la sentencia, dicen, debe ser un proceso concertado y dialogado con los pobladores de toda la cuenca. Lo fundamental para ellos es que el Estado y otros actores también comprendan que el río no es solo un cuerpo de agua, sino un ser viviente compuesto por todas las formas de vida que lo rodean. Este enfoque integral y comunitario es crucial para el éxito de la sentencia.
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