Amnistía Internacional, ONG con más de medio siglo en la veeduría de los derechos humanos, se sumó a la lista de actores que de ahora en adelante pondrán sus ojos en la justicia pendiente para las mujeres buscadoras de desaparecidos forzados.
Este martes, la organización publicó un informe en el que reúne testimonios, información y entrevistas con al menos 12 instituciones del Estado que deben ofrecer justicia, verdad, reparación y garantizar la no repetición frente a la desaparición forzada que han vivido estas mujeres.
Las mujeres, en su mayoría madres, hijas, hermanas o abuelas, han dedicado su vida completa a encontrar algún vestigio de sus allegados desaparecidos; en algunos casos, los esfuerzos quedan en la nada y tras 20 o 30 años, la vejez y la impunidad predominan sobre las violencias a las que fueron sometidas.
El informe de Amnistía Internacional explica que, aunque tarde, la justicia sí es posible para casi medio millón de mujeres buscadoras que hay registradas en los libros de colectivos de víctimas. La organización resalta que a mediados de 2024 el Congreso aprobó la Ley 2364, que reconoce que las mujeres buscadoras también fueron absorbidas por la guerra en la búsqueda de sus familiares e intenta hacer justicia, tanto en los estrados judiciales como en la arena social, con ellas.
Aún hay cosas pendientes que el Estado tiene con estas mujeres, como la asignación de recursos para atender los males físicos y psicológicos que sufren. Pero, como resalta Amnistía Internacional, ya se han cumplido algunos puntos que demuestran la voluntad política y social de hacer justicia con esta población. En octubre, por ejemplo, se conmemoró por primera vez en la historia del país el Día de la Mujer Buscadora: una fecha que cambia el foco de las cámaras hacia ellas y aplaude las tareas de paz y justicia que han emprendido durante sus vidas.
La nueva legislación, explica Amnistía Internacional, “es lo mínimo necesario para comenzar a saldar la deuda histórica de reconocimiento de la labor de quienes llenaron el vacío de un Estado ausente y, en muchos casos, autor o cómplice (frente a la desaparición forzada)”. En este proyecto, aplaudido por mujeres de todos los departamentos del país que despidieron a sus familiares y jamás los volvieron a ver, se incluyen medidas de reconocimiento, justicia, cuidado, prevención y salud psicosocial para estas personas que, en la mayoría de los casos, han somatizado el dolor hasta el punto de contraer cáncer, depresión o lupus.
Transformar dolores en derechos
El informe se convierte en uno de los primeros estudios a nivel internacional sobre la avalancha de vulneraciones que las mujeres buscadoras han estado sometidas por seguir las pistas de la desaparición. En el pasado, ocho colectivos en diferentes regiones del país se juntaron y reunieron informes para encontrar patrones de macrocriminalidad y reclamos conjuntos de justicia. Algunas organizaciones incluso presentaron esas investigaciones a la Jurisdicción Especial para la Paz y contribuyeron a la creación del macrocaso 03, encargado de hacer justicia frente a las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada en Colombia.
“La desaparición forzada es una mancha en el pasado y un drama en el presente de Colombia. Cada día miles de personas se despiertan pensando en dónde estará una de las más de 200.000 víctimas. Cada día, en alguna parte del país, una persona, probablemente una mujer, se despierta a buscar a un ser querido que le fue arrebatado y sobre el que no recibe noticias”, reza el informe de Amnistía.
Para demostrar cómo las mujeres han sufrido la guerra y luego el estigma de buscar a sus familiares, Amnistía Internacional citó el caso de Yanette Bautista, la hermana de una mujer desaparecida en 1987 en Bogotá bajo órdenes del Ejército. Empeñada en encontrar algún rastro de su familiar, Yanette dedicó su adultez, ahorros, vida y anhelos a seguir las pistas, pero eso le trajo amenazas, pobreza, estigmas e incluso, tuvo que exiliarse en Alemania, pues temía seguir la misma suerte de su hermana de continuar en el camino de la justicia.
“Amnistía Internacional verificó que las mujeres buscadoras siguen reclamando al Estado colombiano el respeto, protección y garantía de sus derechos y el reconocimiento de su labor”, asegura el informe.
Amnistía, que también hace un paneo nacional sobre cómo las violencias de género fueron enquistándose en la búsqueda de desaparecidos, asegura que es importante que el Estado implemente la Ley y mecanismos urgentes para garantizar justicia y no más casos de desaparición. “A pesar de las experiencias vividas con las instituciones, algunas buenas, muchas malas, las mujeres buscadoras siguen insistiendo en tocar puertas, abrir ventanas y, si es necesario, tumbar muros”, concluye el informe.
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