En junio de 2023, Andrea*, de 27 años, fue víctima de violencia sexual por parte de disidentes de las Farc en Jambaló (Cauca). Ella contó a este diario que, mientras iba camino a Toribio en su moto, tuvo que detenerse en uno de los retenes que realiza el frente Dagoberto Ramos. Cuando se detuvo, dos hombres armados la llevaron, contra su voluntad, a una zona montañosa y procedieron a violentarla en grupo. Andrea, en medio de su dolor, decidió denunciar al grupo armado, sin embargo, Jambaló es un municipio que no cuenta con Fiscalía, así que su caso fue remitido a la Personería.
Esta institución trasladó su caso a la comisaría de familia, pese a que el tipo de violencia que había sufrido no se enmarca en un contexto familiar. Aun así, la entidad acogió su caso y lo investigó, pero no tuvo mayor avance.
Dos meses después, la comisaría detuvo la indagación porque uno de los funcionarios denunció que estaba siendo víctima de hostigamientos y amenazas al intentar esclarecer el caso. Este hecho se mantiene en la impunidad para Andrea, pese a que ha intentado acudir a otras instituciones y sigue viendo a sus agresores en el territorio.
Otras mujeres en el departamento no son ajenas a lo que vivió Andrea. El pasado 27 de mayo, la Fiscalía confirmó la desaparición de Sandra Milena Betancourt Buitrón, concejala de Argelia, Cauca. Sandra Milena ya había sido amenazada por grupos armados ilegales por su trabajo dentro del municipio y pese a esto las instituciones ignoraron su denuncia pública.
Estos casos se suman a los que viven las mujeres dentro de contextos familiares en esta zona del país. El informe Diagnóstico de Comisarías de Familia en Bolívar, Chocó, Cauca, Nariño, Sucre y Valle del Cauca, publicado hace unas semanas por Sisma Mujer, denunció nuevamente la situación a la que se enfrentan estas instituciones y cómo se revictimiza a quien decide denunciar.
“No Identificamos garantías de seguridad. Muchas comisarias y comisarios han recibido amenazas y daños en el ejercicio de su labor. Incluso, mientras realizamos la investigación, una de las personas participantes fue víctima de desplazamiento forzado. Las personas que trabajan en las comisarías de familia desarrollan su labor en medio de situaciones de violencia y desprotección”, comentó Laura Marquéz, una de las investigadoras de Sisma Mujer.
El Espectador intentó comunicarse con la persona participante que fue desplazada, sin embargo, no fue posible. Ante esto, Marquéz, denuncia que la situación de inseguridad que enfrentan estas instituciones en departamentos donde confluyen actores armados, bandas criminales y otro tipo de delincuencia aumenta la violencia de género que se ejerce contra mujeres, niños y niñas; y más cuando se trata de funcionarios que investigan estos hechos de violencia.
En el caso de los funcionarios, el Informe Diagnóstico afirma que “las injusticias relacionadas con las cargas laborales y remuneraciones se ven agravadas por la implementación inapropiada de la Ley 2126 de 2021″. Esta ley establece que el deber de las comisarías es atender 24 horas del día y esto no se ve remunerado en los sueldos, ya que “uno de los funcionarios comentó que, en caso de que se hiciera un llamado a las 2 a.m., la obligación es acudir a la comisaría y la no asistencia a dicho llamado lleva a una responsabilidad directa para la funcionaria/o”.
Este tipo de situaciones han llevado a que el acceso a la justicia para víctimas sea errado, como en el caso de Andrea, que pese a que tenía pruebas suficientes para demostrar que había sido víctima de violencia sexual, se detuvo la investigación. Ante esto, Marquéz comenta que “las comisarías de familia no cuentan con las condiciones necesarias para brindar atención integral a quienes se acercan, que son mayoritariamente mujeres y niños”.
Pese a la irregularidad del caso de Andrea, que tenía que tramitarse directamente en la Fiscalía, su historia refleja el abandono estatal en el que se encuentran las instituciones en el Cauca. El informe señala que la presencia de grupos armados en este departamento hace imposible la articulación institucional con la fuerza pública y los procesos que se adelantan en las comisarías da origen a señalamientos y seguimientos hasta amenazas directas contra comisarios.
Mujeres, niñas y niños resisten a la violencia en Sucre
De acuerdo a los reportes de Medicina Legal, en el departamento de Sucre, durante el primer semestre de 2023, se registraron 420 casos de violencia intrafamiliar. Este panorama refleja, según Marquéz, que el aumento de la violencia de género “se trata de la continuidad de violencias, en donde las niñas empiezan siendo violentadas por sus padrastros, padres, abuelos, otros familiares y encargados del cuidado, y la violencia continua en otros momentos de su ciclo vital, siendo violentadas también por sus parejas, exparejas, hijos o nietos”.
Entre el 1 de enero y 30 de junio de 2023, la Fiscalía General registró el feminicidio de 6 mujeres. Sin embargo, también hubo casos donde las víctimas quedaron con vida. Ese fue el caso de Pilar*, una mujer que, en enero de 2023, fue agredida presuntamente por su pareja sentimental, Héctor Julio Monterroza en Tolú. En el ataque, Pilar resulto con varias lesiones en la cabeza y otras partes de cuerpo que por poco la dejan sin vida.
El proceso de investigación hasta el momento no ha visto una luz de justicia. Uno de los mayores llamados de Sisma Mujer, es garantizar el acceso digno a la justicia para mujeres víctimas de agresiones, esto se debe a que en Sucre, por ejemplo, las comisarias de familia no cuentan con personal que informe a los victimarios cuando son denunciados, hecho por el cual, las mujeres son quienes deben informarles de ese proceso.
Este hecho hace que las víctimas caigan en posibles prejuicios y revictimizaciones que las pueden afectar psicológicamente. Según el informe, esta victimización suele ser frecuente en la ciudad de Sincelejo, que “no dispone de casas de refugio para las mujeres víctimas de violencia de género. En consecuencia, la mujer en situación de riesgo, que se presenta a una Comisaría para denunciar su caso, se ve en la obligación de acudir a casa de un familiar”.
“La desarticulación institucional y los bajos niveles de implementación de la Ley 2126 de 2021 evidencian las barreras de las víctimas al momento de denunciar. Esperamos que este estudio sea un aporte, tanto para visibilizar la situación de las comisarías, como para llamar a fortalecer las rutas de atención y el acceso a la justicia para las víctimas de violencias basadas en género”, afirma Marquéz.
Con esta situación a nivel nacional de algunas de las comisarías, este informe pone en discusión el tratamiento que tienen los funcionarios con las víctimas y cómo, a través de un enfoque de género, es posible brindarle garantías de vida digna a las víctimas de violencia de género.
Asimismo, Sisma Mujer reconoce que las Comisarías de Familia han tenido avances en los protocolos y enfoques de género para atender a las víctimas, sin embargo, aún existen falencias para atender integralmente a las personas.
Una de sus apuestas es que el fortalecimiento a estas entidades, no solo debe ser desde la atención que brindan, sino que se deben adecuar los espacios para que los funcionarios ejerzan su labor con dignidad laboral, a fin de derribar la violencia institucional y las dificultades que enfrentan las personas para acceder a la justicia.
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