Las tortugas morrocoy suelen ser comercializadas ilegalmente como mascotas.

Foto: German Rojas en Pixabay

La Unidad Judicial Penal de Quito, Ecuador sentenció a dos ciudadanos a cuatro años de cárcel por tenencia y comercialización de dos tortugas morrocoy o tortugas de patas rojas (conocidas científicamente como Chelonoidis carbonarius), según informó este miércoles el Ministerio de Ambiente de ese país.

Además de la pena privativa de libertad de cuatro años cada uno, los sentenciados deberán pagar, en partes iguales, una multa de 4250 dólares (una cifra cercana a los 21 millones de pesos).

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Por su parte, el personal del Sistema Nacional de Control Forestal y Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador retuvo a las especies y comprobó que las dos tortugas son nativas de las sabanas y bosques de Panamá, Guayanas, Brasil, Paraguay, entre otros países, y no se encuentran distribuidas en Ecuador.

Sin embargo, los reptiles están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres-CITES, Apéndice II, indicó el Gobierno ecuatoriano en un comunicado.

La Unidad de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Naturaleza de la Policía Judicial de ese país estableció que los sospechosos, Kevin Daniel S. L. (quien ya tenía antecedentes penales) y Jennifer Jazmín L. L., tenían en su poder a los especímenes, por lo que iniciaron con el proceso investigativo.

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Las tortugas fueron trasladadas al Vivarium de Quito, un centro especializado en el manejo de anfibios y reptiles, en donde permanecen bajo observación.

El informe remitido por el perito designado por la Fiscalía ecuatoriana para la investigación del caso señaló que uno de los procesados tenía un dispositivo móvil con diferentes conversaciones relacionadas con la adquisición y venta de tortugas, loros, entre otras especies “que eran exportadas sin permiso para su comercialización”, señaló el Ministerio.

Al determinar la sentencia, amparada en un artículo del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador sobre delitos contra la flora y fauna silvestre que estipula de 1 a 3 años de cárcel, los ciudadanos recibieron un tercio más de sanción al haber encontrado circunstancias agravantes.

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Según información del Ministerio de Ambiente ecuatoriano, en los últimos diez meses en la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, se han rescatado 677 especies como: boas matacaballo, tortugas charapas grandes, pepinos de mar, armadillos, aves, entre otros.