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Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, Colombia ha avanzado de manera significativa en materia de protección y bienestar animal. En un hecho sin precedentes, el mandatario sancionó dos leyes fundamentales: la Ley Ángel y la Ley Lorenzo, ambas impulsadas por la senadora animalista Andrea Padilla y respaldadas por organizaciones ciudadanas que durante años han denunciado el maltrato sistemático hacia los animales en el país.
La Ley Ángel, sancionada el 23 de abril de 2025 bajo el número 2455, fue motivada por el caso del perro Ángel, un canino que fue despellejado vivo en Saboyá, Boyacá, y cuya muerte causó indignación nacional. Esta ley endurece las penas por maltrato animal, estableciendo que quienes causen la muerte de un animal podrán enfrentar penas de prisión de hasta 56 meses, además de multas que oscilan entre 15 y 60 salarios mínimos.
La norma también introduce un registro nacional de personas condenadas por delitos contra animales, e impone una pena accesoria de inhabilidad para tener animales por un periodo equivalente al doble del tiempo de condena. Su promulgación fue celebrada por colectivos animalistas como una medida que finalmente reconoce el sufrimiento animal como un asunto de justicia y no solo de moral pública.
Ese mismo día fue sancionada la Ley Lorenzo (Ley 2454 de 2025), en homenaje a un perro de vigilancia llamado Lorenzo que fue brutalmente golpeado por un vigilante en un centro comercial de Bogotá. El video del maltrato se viralizó, y el caso se convirtió en símbolo de la urgente necesidad de regular las condiciones de los perros utilizados en seguridad privada.
Esta ley impone nuevas obligaciones para las empresas que emplean animales en estas labores: los perros no podrán trabajar más allá de los seis años de edad, deberán ser esterilizados desde los seis meses, y tendrán derecho a un plan de retiro que garantice su adopción en condiciones dignas. También se ordena mejorar los estándares de infraestructura para sus caniles, y se crea un Registro Nacional de Perros de Vigilancia.
Adicionalmente, se mandata al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a desarrollar herramientas tecnológicas que permitan reemplazar gradualmente el uso de estos animales por dispositivos no vivos, minimizando así su exposición al riesgo. La Superintendencia de Vigilancia será la encargada de vigilar y sancionar el incumplimiento de estas nuevas obligaciones.
Estas dos leyes marcan un antes y un después en la legislación animalista colombiana, no solo por su contenido, sino por el respaldo político que recibieron y la contundente respuesta que dieron a casos reales de crueldad.
Sin embargo, las transformaciones legales no empezaron en 2025. En agosto de 2023, Petro ya había sancionado la Ley 2318, que prohíbe el uso de animales por parte de la fuerza pública en labores de disuasión de protestas, motines o disturbios. Esta norma fue aplaudida por colectivos de derechos humanos y bienestar animal, pues durante años se denunció que perros y caballos eran usados como herramientas de control en contextos de alto riesgo, lo que ponía en peligro su integridad física.
La ley no impide que los animales sean usados en actividades de búsqueda, rescate o patrullaje, pero exige que al final de su vida laboral se les garantice un retiro digno, con programas de bienestar y adopción supervisados.
En paralelo, el Congreso avanza en la aprobación de una cuarta iniciativa clave: la Ley Kiara, llamada así por una perrita que murió mientras estaba bajo el cuidado de un servicio de grooming. Este proyecto busca regular por primera vez los servicios privados para animales de compañía, como guarderías, hoteles, peluquerías, paseadores, clínicas veterinarias y tiendas de mascotas, sectores que hoy operan sin una normativa unificada y que han sido escenario de negligencias, abusos y muertes.
La ley ya fue aprobada por la Cámara y el Senado y está en proceso de conciliación para pasar a sanción presidencial. De aprobarse, establecerá estándares obligatorios de funcionamiento, requisitos mínimos para el personal que trabaja con animales, protocolos de atención médica y mecanismos de supervisión por parte de las autoridades locales.
Este avance normativo también ha generado repercusiones en el ámbito político y social, promoviendo una mayor participación de congresistas en iniciativas de protección animal y estimulando el debate público sobre las responsabilidades institucionales en este tema. Las nuevas leyes han fijado estándares más rigurosos para entidades públicas y privadas que interactúan con animales, lo que implica desafíos importantes en su implementación y seguimiento.
Aunque persisten casos sin resolver y vacíos en la protección efectiva, las reformas aprobadas durante este periodo representan un cambio relevante en la manera como el Estado colombiano aborda el bienestar animal, al incorporar medidas concretas impulsadas por hechos específicos que despertaron preocupación ciudadana.
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