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La Procuraduría General de la Nación, bajo el liderazgo del doctor Gregorio Eljach Pacheco, expidió la Directiva 012 de 2026, una norma que se consolida como la estrategia preventiva más robusta e integral implementada en la historia del país para garantizar la protección de la fauna.
Esto vincula de forma directa y obligatoria a alcaldes, gobernadores y diversas carteras ministeriales, exigiendo la ejecución inmediata de un paquete de 22 acciones concretas para transformar la realidad del bienestar animal en las regiones.
Entre los puntos más exigentes de la directiva, las administraciones locales quedan obligadas a financiar e implementar jornadas masivas de esterilización mediante la metodología de capturar, esterilizar y retornar, evitando la reproducción descontrolada en las calles.
Asimismo, los mandatarios locales deberán gestionar la infraestructura necesaria a través de la construcción de Centros de Bienestar Animal y el diseño de planes regionales específicos, asegurando los recursos económicos necesarios mediante la apertura de Fondos Municipales de Protección Animal que cuenten con presupuestos permanentes y sostenibles.
Más allá de la infraestructura, la iniciativa busca generar un cambio cultural profundo en la sociedad, involucrando activamente a la fuerza pública y al sector educativo.
La Policía Nacional recibirá capacitación especializada para procesar y sancionar los casos de maltrato de manera ágil, mientras que el Ministerio de Ambiente asumirá la tarea de diseñar la Ruta de Atención al Maltrato Animal.
Paralelamente, el Ministerio de Educación integrará la cátedra obligatoria de bienestar animal en los colegios para formar a las nuevas generaciones en el respeto a los seres sintientes.
Para asegurar el cumplimiento estricto de estas disposiciones y evitar que las medidas queden solo en el papel, se constituyó la Mesa Nacional de Seguimiento, un espacio de veeduría donde participarán los ministerios, los gobiernos regionales y diversas organizaciones defensoras de los animales.
Las entidades responsables tendrán la obligación de rendir cuentas sobre sus avances cada seis meses, bajo la advertencia de que cualquier omisión o retraso en las tareas asignadas acarreará severas sanciones disciplinarias para las autoridades que incumplan la directiva.
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