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El pasado lunes 28 de julio, el Concejo de Bucaramanga aprobó por unanimidad el Proyecto de Acuerdo 063 de 2025, que establece una inversión mínima obligatoria del 1 % del presupuesto municipal para programas de protección y bienestar animal. La medida, celebrada por animalistas y líderes cívicos, representa un hito a nivel nacional y garantiza una asignación inicial de más de $4.033 millones anuales.
La iniciativa, liderada por los concejales Camilo Machado y Carlos Parra, contó con el respaldo del alcalde Jaime Andrés Beltrán, así como del secretario de Hacienda, Reynaldo D’Silva, y la secretaria de Salud y Medio Ambiente, Claudia Mercedes Amaya. Según lo aprobado, el monto se ajustará cada año conforme a la variación de la Unidad de Valor Tributario (UVT), lo que asegura un incremento progresivo de los recursos destinados a esta causa.
De esta manera, Bucaramanga se convierte en la primera ciudad del país en adoptar una política que obliga a la administración municipal a destinar una partida fija y creciente para el cuidado de los animales. “Ninguna norma obligaba antes a los alcaldes a hacer esta inversión. Hoy damos un paso histórico”, afirmó el concejal Camilo Machado.
El presupuesto, que prácticamente duplica los $1.920 millones que se venían destinando, financiará programas de esterilización, desparasitación, operativos contra el maltrato y abandono, funcionamiento de la Unidad de Bienestar Animal y apoyo a refugios y fundaciones.
Se estima que en Bucaramanga hay más de 5.000 animales en situación de calle o víctimas de maltrato, y cerca de 30 organizaciones dedicadas a su protección. La nueva normativa no solo responde a esta problemática, sino que establece un precedente para otras ciudades del país.
“Durante años se gastaron recursos públicos en rubros suntuosos, mientras las calles se llenaban de animales sin atención. Esta decisión cambia la historia y le pone un piso mínimo al compromiso estatal con el bienestar animal”, señaló el concejal Carlos Parra.
Representantes de asociaciones animalistas, como la Asociación Defensora de Animales y la Naturaleza (Adan), destacaron la aprobación como un logro colectivo y una oportunidad para fortalecer el trabajo articulado entre el gobierno local, la sociedad civil y las organizaciones de base.
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