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Durante años, muchas familias colombianas han considerado que tener una tortuga como mascota es inofensivo. En plazas de mercado y ferias rurales, no es raro ver estos reptiles vendidos como si fueran juguetes exóticos o recuerdos curiosos. Su aspecto tranquilo, su longevidad y el bajo nivel de interacción que requieren han contribuido a su popularidad. Sin embargo, esta costumbre, que parece inocente, esconde una realidad preocupante: es ilegal, afecta la biodiversidad y puede terminar en una multa considerable para quien la practique.
En Colombia, la mayoría de las tortugas que circulan como mascotas provienen del tráfico de fauna o son especies exóticas invasoras, como la jicotea de orejas rojas. Esta especie, en particular, ha sido incluida en la lista de las cien más invasoras del mundo por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a su capacidad para desplazar a otras tortugas nativas, alterar ecosistemas acuáticos y reproducirse con facilidad en ambientes ajenos a su origen.
El problema va más allá del impacto ambiental. Tener una tortuga en casa, si no se cuenta con los permisos ambientales correspondientes, es una infracción al Código Nacional de Policía. Según el artículo 101 de la Ley 1801 de 2016, la tenencia de fauna silvestre sin autorización se considera una conducta contraria a la convivencia. La multa, en este caso, equivale a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes.
Para 2025, eso representa aproximadamente 393.440 pesos colombianos. Esta cifra puede aumentar si las autoridades detectan que el animal fue adquirido mediante tráfico o si pertenece a una especie en vía de extinción.
Y no es la única norma que aplica. La Ley 1333 de 2009, que establece el régimen sancionatorio ambiental, contempla multas mucho más elevadas: entre 5 y 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que se traduce en sumas que pueden superar los 6.500 millones de pesos, dependiendo del caso. Además, la Ley 2111 de 2021 tipifica el tráfico de fauna como delito penal, con penas de prisión que pueden alcanzar hasta 135 meses.
Más allá de las sanciones, está el bienestar de los propios animales. Las tortugas no son mascotas como un perro o un gato. Necesitan condiciones muy específicas para vivir: temperatura regulada, una dieta balanceada, acceso a agua limpia, espacio para moverse y estimulación ambiental.
En los hogares urbanos, suelen vivir confinadas en baldes, tanques pequeños o incluso en cajas plásticas, con alimentación inadecuada y sin supervisión veterinaria especializada. Estas condiciones generan altos niveles de estrés, enfermedades metabólicas, deformaciones en el caparazón y, con frecuencia, una muerte prematura.
A esto se suma un riesgo poco conocido: las tortugas pueden ser portadoras de bacterias como la salmonella, que se transmite a los humanos a través del contacto con su piel o sus heces. Este tipo de zoonosis es especialmente riesgosa para niños pequeños, adultos mayores o personas con sistemas inmunológicos debilitados.
Quienes ya tienen una tortuga en casa y desconocían las implicaciones legales y ambientales, todavía están a tiempo de actuar de forma responsable. Las autoridades ambientales, como las Corporaciones Autónomas Regionales, la Secretaría de Ambiente en Bogotá o el Ministerio de Ambiente, aceptan la entrega voluntaria de estos animales sin sancionar a quien la realiza, siempre que no exista evidencia de tráfico o maltrato. Esta entrega puede hacerse también a través de la Policía Ambiental o grupos especializados como la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro).
Una vez entregadas, las tortugas pasan por una evaluación veterinaria y pueden ser trasladadas a centros de rehabilitación o ser reubicadas en su hábitat natural si las condiciones lo permiten. En casos donde el animal depende completamente del ser humano para sobrevivir, puede quedar bajo custodia en un zoológico o centro de conservación debidamente autorizado.
La realidad es clara: tener una tortuga en casa no es solo una mala idea, sino una acción que compromete la salud del animal, pone en riesgo la salud pública y, además, puede convertirse en un dolor de cabeza legal. En lugar de perpetuar esta práctica, los expertos recomiendan optar por mascotas domésticas que sí pueden convivir éticamente con los humanos y, mejor aún, considerar la adopción responsable de animales rescatados.
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