¿Cuáles son las razones de la movilización?

hace 12 horas

“La restitución de tierras está atrapada”, denuncia abogado Gerardo Vega

Habla uno de los mayores conocedores jurídicos y líder de procesos de restitución de tierras. El director de la Fundación Forjando Futuros, que ha asesorado a centenares de campesinos despojados de sus predios. Analiza el proyecto de reforma a la Ley de Víctimas, de la senadora uribista María Fernanda Cabal, que rompería otro aspecto fundamental del Acuerdo de Paz. Y responde si esta congresista y él mismo se encuentran impedidos de tratar ese delicado tema de honda repercusión social.

El abogado Gerardo Vega dice que “existe impedimento legal y ético” de la senadora Cabal. / Cortesía Fundación Forjando Futuros
El abogado Gerardo Vega dice que “existe impedimento legal y ético” de la senadora Cabal. / Cortesía Fundación Forjando Futuros

La senadora María Fernanda Cabal impulsa un proyecto para modificar la Ley de Restitución de Tierras que tiene, actualmente, énfasis en la protección judicial de los más débiles del conflicto armado, es decir, de los campesinos. Usted dirige la Fundación Forjando Futuros, que apoya jurídicamente a los reclamantes. ¿Qué opina sobre la propuesta de Cabal?

El proyecto de reforma de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de la senadora Cabal pretende legalizar el despojo de tierras de los últimos 30 años, sirve a empresarios terratenientes que despojaron 6’5 millones de hectáreas en el conflicto armado y a personas que se beneficiaron de la violencia para acumular tierras que habían sido adjudicadas, principalmente, a campesinos pobres por las antiguas entidades estatales Incora e Incoder. Su propuesta, según dice la congresista, busca beneficiar a los segundos ocupantes de buena fe, entendiendo por tales a los campesinos que, en medio del conflicto, compraron, a los primeros propietarios, las tierras que hoy ocupan. Pero esos casos ya vienen siendo atendidos por el Estado y por los jueces y magistrados de tierras en sus sentencias. Es decir, la senadora Cabal no puede justificarse con ellos.

¿Cuáles son las principales modificaciones que se encuentran en la propuesta Cabal?

Son más, pero le menciono tres: la primera pretende eliminar la inversión de la carga de la prueba que, tal como está hoy, protege a los débiles de los más poderosos. Así, los poseedores actuales de la tierra deben demostrar que la compraron a sus verdaderos propietarios; que pagaron un precio justo por ella y que su adquisición no se logró mediante hechos de violencia. Si se aprueba la reforma Cabal, las víctimas, que no tienen recursos, quedarían con la obligación de probar judicialmente que las desplazaron y despojaron. La segunda modificación propone la creación de una segunda instancia en los procesos de devolución de las fincas a sus propietarios reales, lo que dilata y hace más costoso y difícil el proceso. Y la tercera, elimina la figura de la “buena fe exenta de culpa”, que es más exigente en requisitos y la convierte en “buena fe simple”.

Deme, por favor, ejemplos sobre lo que significan esos dos términos.

Si usted compra un celular en un almacén de cadena, no pone en duda la procedencia del aparato porque supone que es legal y que ha pagado todos los impuestos. Pero si compra en la calle otro celular, de alta gama, por $100 mil, sabiendo que cuesta $3,5 millones, no puede haber buena fe exenta de culpa porque hizo caso omiso de que detrás hubo un robo y tal vez una tragedia.

Si se aprueba la propuesta Cabal, ¿cuáles serían los efectos sobre la restitución de tierras?

Las que dije antes y unas más. Con esta reforma los casos de restitución se convierten, en la práctica, en procesos ordinarios que son más lentos: un proceso ordinario en Colombia dura de 12 a 15 años en promedio; en Justicia y Paz (sistema judicial para paramilitares desmovilizados) demora alrededor de 8 años, y con la Ley de Víctimas, el promedio es de 3 años.

El proyecto Cabal, ¿es, en realidad, una propuesta del Centro Democrático?

Se ha sabido que este proyecto es impulsado por unos congresistas del Centro Democrático y que las campañas de quienes lo presentan fueron financiadas o recibieron aportes de las élites regionales, entre estas la industria bananera, los palmicultores, los ganaderos y otros sectores vinculados a la economía rural del país y cuyos nombres han sido comprometidos en unos procesos de restitución de tierras.

Disculpe que insista, pero es mejor concretar: mencione, si los conoce, nombres de personas naturales o jurídicas que hayan financiado a congresistas y que, simultáneamente, pudieran tener interés en modificar la Ley de Restitución.

Está demostrado que la empresaria bananera de Urabá Rosalba Zapata aportó $10 millones a la campaña a la Cámara de María Fernanda Cabal, en 2014. La empresa Bananeras de Urabá S. A., representada legalmente por la señora Zapata, actualmente explota de manera indebida nueve predios que son de la nación y que se encuentran solicitados para restitución ante la Sala Civil del Tribunal de Tierras de Antioquia. A su vez, hay nueve resoluciones expedidas por la Unidad de Restitución que las incluye en el registro de predios despojados. Se conoce también que Augura, Asociación de Bananeros de Colombia, aportó $20 millones a la campaña de la congresista Cabal de ese mismo año.

¿Cómo se demuestran esos aportes?

Están registrados en el Consejo Nacional Electoral.

¿Ese vínculo no sería motivo para que ella se declarara impedida de tramitar modificaciones a la ley que podría afectar precisamente a sus benefactores?

Sí. Creo que existe un impedimento legal y ético.

En este mismo tipo de situación parece encontrarse la polémica por el nombramiento de la directora de la Unidad de Tierras de Urabá, Dayra Reina Hernández. Esta, según se afirma en la región, fue apoderada de empresarios de Augura que se oponían a la restitución de unas fincas para los campesinos. ¿Qué sabe usted al respecto?

Sé que el consejo comunitario de las comunidades negras de La Larga Tumaradó y Puerto Girón (unas 5 mil personas), Bajo Atrato, han pedido que la directora regional de la Unidad de Restitución de Tierras se declare impedida de intervenir en sus procesos. Según afirman, la señora Reina fue abogada de las empresas opositoras de las pretensiones que ellos están tramitando en su región.

Según lo que ha sido ordenado judicialmente, ¿quiénes, entre personas naturales y jurídicas, han sido identificadas como despojadoras y por qué fueron calificadas como tales?

Porque las personas que adquirieron esas tierras sabían que existía un contexto de violencia que les servía para comprar a precios bajos y para acumular, de manera ilegítima, las parcelas de los campesinos pobres y presionados por los actores armados. En 135 sentencias, los jueces y magistrados de tierras le han compulsado copias a la Fiscalía para que investigue a 160 personas naturales por cometer presuntos delitos durante el despojo, pero hasta ahora no se conocen los resultados. A 33 empresas les han ordenado devolver tierras. Entre ellas están Argos, con 12 sentencias diferentes en cumplimiento de las cuales debe entregar fincas en Montes de María; también a Anglo Gold Ashanti y Continental Gold, a las que suspendieron los títulos mineros. Las demás son empresas de economía agraria, entre las que se encuentran bananeras, palmicultoras y ganaderas.

¿Por qué es imposible que estas empresas no hubieran actuado de buena fe? Hay que suponer que siempre existe alguien que lo puede engañar a uno...

Es imposible que empresas poderosas y con tanta capacidad organizativa como estas no se hubieran enterado de que se estaban beneficiando de la situación para acumular tierras a bajos precios. Es imposible, también, que no se dieran cuenta de que estaban solicitando permisos para explorar y explotar minería en zonas con notoria y pública violencia. Estamos hablando de Montes de María, Urabá, Bajo Atrato, Catatumbo, sur del Llano, Cesar, entre otros. Nadie ignoraba lo que estaba sucediendo allí.

¿La dinámica de estos casos se afectó con el fin del gobierno Santos y el inicio de la era Duque?

Sí. Se ha hecho más lento el proceso de restitución, se ha reducido la expedición de resoluciones de inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y hay falta de motivación de las víctimas para presentar sus reclamaciones, provocada por las políticas públicas y el aumento de asesinatos de líderes sociales. Resalto que en el Plan Nacional de Desarrollo no se incluyó un presupuesto específico para la política de restitución de tierras. Se ha perdido confianza en las oficinas de Gobierno que atienden la restitución. Lo que se percibe de parte de las víctimas es temor e incertidumbre. La restitución también sigue atrapada por las Fuerzas Militares, porque estas no dan autorización para iniciar la restitución alegando situaciones de orden público. Por su parte, en seis casos en los que hay sentencia judicial, los jueces tampoco hacen la entrega material de los bienes porque, según dicen, no hay condiciones de seguridad para adelantarla.

Esta semana se emitió orden judicial definitiva de cumplimiento de dos sentencias de las cortes Suprema y Constitucional, con el fin de que se entreguen a sus “propietarios reales” 12 fincas en Turbo y Mutatá que fueron despojadas por el paramilitar Raúl Hasbún. ¿Por qué no se ha cumplido?

Las familias víctimas del despojo de la hacienda Guacamayas, en Urabá, fueron expulsadas de sus tierras en el año 1997; en al año 2008 iniciaron el proceso judicial de restitución ante los tribunales de Justicia y Paz. En octubre de 2017, la Corte Constitucional ordenó anular las decisiones tomadas por el Tribunal Superior de Medellín y por la Corte Suprema de Justicia en que negaban el derecho de los campesinos a recuperar sus tierras, y reconoció la devolución de los bienes. Ya se anularon los títulos fraudulentos y está pendiente la entrega material de la tierra para cuando el juez de Restitución de Tierras de Quibdó la programe.

¿Cuánto hace que usted se dedica a estos casos y cuánto hace que existe Forjando Futuros?

Forjando Futuros fue constituida legalmente en el año 2002. Desde esa fecha soy socio, pero estoy vinculado laboralmente desde el año 2011. He representado jurídicamente procesos de restitución y legalización de tierras desde el año 1992, aproximadamente. El primer caso que atendí fue el del barrio obrero La Chinita, del municipio de Apartadó, que tiene una extensión de 107 hectáreas localizadas en el centro urbano de ese municipio. Ese predio era de propiedad del señor Guillermo Gaviria (fallecido), padre de la exsenadora Sofía Gaviria. En ese caso me opuse jurídicamente al desalojo violento de las familias de los trabajadores bananeros que ocuparon el lugar y quienes, antes, vivían en campamentos en medio de las plantaciones bananeras. Hoy es un barrio legalizado en donde habitan 30 mil personas en 5 mil viviendas. A la familia Gaviria se le indemnizó por $4 mil millones en el año 1995.

Personas como la senadora Cabal y seguramente su esposo, el presidente de la Federación de Ganaderos, José Félix Lafaurie, dirían que usted y Forjando Futuros tienen sesgos de izquierda cuando intervienen en los procesos de restitución...

Que les devuelvan las tierras arrebatadas a los campesinos no es comportamiento de izquierda ni es un acto revolucionario. Es un acto de justicia y, si se quiere, es la defensa de la propiedad privada que garantiza la Constitución Política.

¿Quiénes financian la fundación, con cuáles dineros se sostiene y cuáles avales internacionales tiene, si existen?

Nos financiamos con cooperación bilateral de más de 30 ayuntamientos españoles y de la Asamblea de Cooperación por la Paz de ese país. Forjando Futuros ha recibido también cooperación de Holanda, de la agencia norteamericana Usaid, Canadá, Oxfam España, colegios de abogados internacionales, de la empresa privada y, para la construcción de redes de acueducto, de la multinacional Ferrovial.

Usted ha tenido varios cargos públicos. ¿Cuáles?

Soy abogado de profesión y en el año 1991 fui secretario de Gobierno de Apartadó; entre los años 95 y 96 fui consejero presidencial para la región de Urabá. Posteriormente cónsul de Colombia en Bélgica y Luxemburgo. A mi regreso al país fui nuevamente secretario de Gobierno de Apartadó y en varias ocasiones alcalde encargado. Fui diputado de la Asamblea de Antioquia entre 2000 y 2003, y, posteriormente, coordiné la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) en la regional de Antioquia. Desde el año 2011 trabajo en la fundación y soy su director y representante legal.

¿Cuántas hectáreas de tierras, del número total de predios despojados y reclamados, se han devuelto a sus propietarios?

Desde el año 2012, año en que se empezó a aplicar la Ley de Restitución de Tierras, hasta febrero de 2019, se han devuelto 338.362 hectáreas en todo el país, de un total de 6’5 millones de hectáreas, meta para alcanzar en la vigencia de la ley. La restitución de las tierras devueltas está contenida en 4.912 sentencias judiciales.

“No tengo ningún impedimento ético ni legal”

Los enemigos de sus actividades han recordado que usted fue integrante del EPL (Ejército Popular de Liberación) ¿Es cierto? ¿Cuánto hace que abandonó ese grupo armado y que desarrolla tareas legales?

Me gradué como abogado en el año 1986 en la Universidad Católica de Bogotá. Sí, es cierto que fui integrante de la guerrilla del EPL (Ejército Popular de Liberación), organización insurgente que se desmovilizó e hizo un acuerdo de paz el 1° de marzo de 1991, suscrito por el entonces Presidente César Gaviria. Desde entonces todas mis actividades han estado en el marco de la Constitución y la ley. Existe por parte de los opositores a la aplicación de la ley de restitución de tierras, un ataque permanente contra las organizaciones que representamos a víctimas del despojo de tierras. Afortunadamente, los jueces y magistrados de restitución de tierras han actuado en derecho concediendo, al 98% de los reclamantes, la devolución de sus predios.

¿Considera que su pasado guerrillero le impide ejercer esta labor?

No tengo ningún impedimento ético, moral ni legal para representar víctimas.

 

Representante de víctimas del despojo

Forjando Futuros ¿qué tareas desarrolla y quiénes la componen?

La fundación  está conformada por líderes sociales y profesionales de diversas disciplinas de Antioquia, Urabá y Bogotá, y su objeto principal es la asistencia y representación judicial a víctimas del conflicto armado. La fundación ha representado, jurídicamente, a más de 300 víctimas del paramilitarismo en los tribunales de Justicia y Paz. Hoy representa más de 200 casos de restitución ante los jueces de tierras. También realiza trabajo de incidencia en la política pública sobre el tema de restitución en investigaciones y publicaciones  en medios de circulación nacional. La Fundación complementa su labor atendiendo a población vulnerable y víctima en la construcción de infraestructura menor. En Medellín ha ejecutado más de cuatro mil mejoramientos de vivienda y, en Urabá, ha construido vivienda nueva para este tipo de población.  Durante cinco años hemos producido, además, programas de televisión en Teleantioquia, Telemedellín y hoy en Cosmovisión, para la atención a víctimas del despojo de tierras.

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Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador

Política

“La restitución de tierras está atrapada”, denuncia abogado Gerardo Vega

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