Los colombianos libertadores

Por cuenta de la política, los colombianos llevan 200 años soportando confrontaciones. Breve recorrido histórico desde la campaña de Simón Bolívar al presente, para entender por qué la paz está asociada a las libertades públicas.

Foto: Mauricio Dueñas Castañeda.

Si fuera por sus obras materiales, las cifras económicas o las empresas militares, esos serían los mejores gobernantes. Pero el verdadero medidor de la historia para un mandatario es el legado de libertades que otorgan o quitan a sus pueblos. Bolívar venció en Boyacá en 1819, y después en Carabobo, Pichincha o Ayacucho hasta 1824, pero cuatro años después se autoproclamó dictador y, fuese para evitar la disolución, atajar a Santander o preservar el orden público, ensombreció su legado. “Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento”, fue su versión en la última proclama.

Santander también terminó calumniado, como todos los hombres públicos que pasan por el poder más de lo necesario, pero la historia le dio la condición de hombre de las leyes o padre de la educación. Así fuese como vicepresidente encargado, en la práctica gobernó en Santa Fe desde 1819 hasta que retornó Bolívar de Perú en 1827, y lo volvió a hacer cuando Bolívar murió en 1830 y él regresó a los dos años. Pero salvo en casos extremos, siempre ajustó su autoridad al mandato de la constitución de 1821 o a la de 1832, que ya se habían encargado de consagrar una carta de libertades, pero con limitados derechos.

El reconocimiento de granadinos quedó circunscrito a “los hombres libres nacidos en el territorio de Colombia y a los hijos de éstos”. Ni una sola mención a las mujeres. Tampoco quedaron con opción de ser elegidas o electoras. Es decir, una república hecha para hombres en democracia, aunque tampoco para todos. Para ser ciudadano, los varones debían ser mayores de 25 años, saber leer y escribir, y ser dueños de propiedad raíz o usufructuario de bienes. Teniendo en cuenta los índices de analfabetismo de la época y los años posteriores, los propietarios de tierras, minas, casas, bienes o esclavos que pudieron más que la república.

La independencia aplazó 32 años la abolición de la esclavitud, pese a que muchos negros habían combatido en los frentes de guerra del ejército libertador de Bolívar y Santander. Solo hasta mayo de 1851 y, a regañadientes, se expidió una ley para garantizar su libertad. En vez de reparar a quienes sometieron, los esclavistas fueron indemnizados. Sin opción laboral, muchos de los liberados volvieron con sus amos como peones mal pagos. Tampoco los pueblos indígenas, que derramaron su sangre quedaron incluidos en el pacto republicano, y sus resguardos cayeron en la mira terrateniente, la acción de los leguleyos o el olvido del Estado.

Con enormes apremios económicos, leoninos empréstitos internacionales y mucha mano de obra campesina y asalariada de escasa ilustración, el círculo republicano de los vencedores y de los dueños de bienes y tierras se fue abriendo paso en la naciente república. Entre guerras civiles, tratados de paz y constituciones, el siglo XIX vio crecer a los contemporáneos de la independencia, sus hijos, nietos y bisnietos, todos lidiando con un problema mayor: el legado religioso. Ya no estaba España, pero su herencia católica, con la Santa Sede dispuesta a no perder feligreses, empezó a pesar demasiado en la intimidad de los hogares.

El año 1848 sacudió a occidente. Eran las réplicas del sismo liberador de la ilustración, que en Francia restauraron la república, mientras en Inglaterra o Alemania el manifiesto de Carlos Marx hacía temblar a la Santa Alianza y vaticinaba el choque de trenes entre la revolución industrial y la clase obrera. En la Nueva Granada, como se llamó Colombia durante mucho tiempo, esas fricciones, sumadas a las propias, fueron la base de la definición ideológica de los nacientes partidos políticos. Los conservadores en defensa de la tradición, la propiedad o el orden, y los liberales dispuestos a dejar atrás el pasado colonial.

La llamada revolución social del medio siglo XIX representa el primer capítulo de esa larga disputa. En 1849, cuando José Hilario López llegó al poder, la abolición de la esclavitud fue uno de los pretextos de sus opositores para declarar la guerra. La victoria del gobierno permitió que su ideario quedara consignado en la carta de 1853, el del liberalismo triunfante en los campos de batalla. Pero pronto revivieron las viejas peleas. La fortaleza territorial y el caudal electoral de las regiones frente al centralismo, o el firme propósito de avanzar hacia la separación Iglesia-Estado, con la educación pública como telón de fondo de las rencillas.

La corriente de Mariano Ospina Rodríguez -cofundador del partido conservador en 1849-, empecinado en imponer un modelo de educación moralista y disciplinaria, y la de los liberales, que reivindicando el ideario santanderista, pretendían una educación republicana y no religiosa. En ese forcejeo político o en los cañones de los fusiles, la Iglesia tomó partido. En algunos casos calmando la tempestad, pero en otros, desde los pulpitos atizando la guerra. En 1861, cuando Tomás Cipriano de Mosquera se tomó a Bogotá y coronó la única revolución triunfante en la historia de Colombia, su cuenta de cobro fue para la Iglesia.

Además de la expulsión de los sacerdotes jesuitas, Tomás Cipriano de Mosquera expidió los decretos más polémicos del siglo XIX: la tuición de cultos que supeditó la labor de los religiosos al permiso del gobierno; y la desamortización de bienes de manos muertas, con plena autorización para despojar y rematar bienes que la Iglesia había acumulado por herencias a cambio de misas. En adelante, la puja por estas normas se volvió un territorio de honor. Con un ingrediente más para incentivarla: un año después de expedida la constitución de Rionegro de 1863 sobre bases liberales, del papado en Roma llegó una polémica directriz.

El Papa Pío IX promulgó la encíclica Quanta Cura para fustigar el modelo de separación Iglesia-Estado, con el adicional Syllabus Errorum, un listado de 80 equivocaciones de los tiempos liberales. Los mismos principios que fueron ratificados en el año 1869 en el denominado Concilio Vaticano I. Esas instrucciones, en una nación que las enarbolaba para sus reyertas políticas, sólo podían derivar en otra guerra, la de 1876, llamada de los curas, los maestros y las señoras, porque fueron protagonistas de una cruzada bélica que terminó con la victoria de los radicales liberales, pero dejó herida de muerte  su plataforma de poder.

Entonces apareció en la escena el hombre que cambió el rumbo de la nación a costa de las libertades públicas. El cartagenero Rafael Núñez que se ganó el respaldo de los liberales moderados y de los conservadores y, tras salir malogrado en un fraude electoral en 1876, y después hacerse a un lado durante la guerra santa, llegó en 1880 al poder y empezó a concretar su consigna: “regeneración administrativa fundamental o catástrofe”. Una visión que permitió su reelección en 1884, su victoria en una nueva guerra civil un año después, y la imposición de la Constitución de 1886 con su apartado del Estado Confesional Católico.

Como lo anunció el propio Rafael Núñez, la Constitución de Rionegro había dejado de existir, y el nuevo orden fue centralista, con libertad de expresión restringida, pena de muerte, estado de sitio y reelección inmediata. Por añadidura, un año después, el gobierno firmó el Concordato con la Santa Sede que le devolvió a la Iglesia el privilegio de la enseñanza y le permitió además intervenir en temas civiles como el matrimonio. Estas y otras limitaciones se convirtieron en inamovibles gubernamentales y en posteriores razones de sus contradictores para volver a la guerra. Una breve de escasos meses en 1895 y otra cruel y larga en 1899.

A esta última se le llamó de los mil días y terminó en 1902 con los tratados de Wisconsin, Neerlandia y Chinácota. Indulto contra entrega de armas, para no hablar del olvido y la impunidad. Al año siguiente, con la mano descubierta de Estados Unidos, se separó Panamá. Nunca el país se vio en peor circunstancia. Sin la gallina de los huevos de oro del istmo, los partidos desprestigiados, la economía rota y más de 100.000 hogares de luto. Para enfrentarlo, en 1904 llegó el conservador Rafael Reyes, cuyo lema fue “más administración y menos política”. El país empezó a modernizarse, pero una vez más a costa de las libertades públicas.

Rafael Reyes cerró el Congreso, impuso una asamblea de bolsillo, estiró su mandato a diez años y gobernó con mano dura. Pero cuando se sacrifican libertades, no hay progreso que las pueda doblegar y siempre se generan reacciones en contra. La oposición se organizó y Reyes decidió irse del país cuando llevaba un quinquenio. Restituido el orden, una constituyente limó las puntas de la carta de 1886, eliminando la pena de muerte o la reelección inmediata. En un ambiente de sufragio abierto, en 1910 se abrió paso un momentáneo modelo de republicanismo que, al margen de liberales y conservadores, aclimató la paz, pero sólo duró cuatro años.

Entonces se impuso la hegemonía conservadora y su principal aliado: la Iglesia. A los liberales les quedaron los diarios y los libros para convencer a la sociedad por qué su credo político no era un sinónimo de pecado. A pesar de los apremios económicos de la primera guerra mundial, o de la ruptura de las relaciones con Estados Unidos, el auge de la economía cafetera creó en Colombia una prosperidad a debe. Y entre la sumatoria de asalariados, campesinos, negros o indígenas empezó a forjarse un paulatino descontento social, que fue incentivado por el ejemplo de otras naciones donde creció el poder de los trabajadores.

Desde finales de los años 10, esa encrucijada derivó en lucha armada. Primero en el departamento del Cauca, donde el líder indígena Quintín Lame organizó su “República Chiquita” para enfrentar al Estado hasta que cayó prisionero; y luego a través de los primeros sindicatos y los partidos socialistas y revolucionarios, que se hicieron sentir a través de las huelgas.  La reacción conservadora fue la llamada ley heroica (ley 60 de octubre 1928), que prohibió cualquier organización que desconociera el derecho de propiedad o que fomentara las protestas. El contexto que explica la matanza de las bananeras del 6 de diciembre de ese año.

El gobierno de Abadía reconoció escasos 47 muertos por la arremetida del ejército. Los huelguistas hablaron de más de 1.500. García Márquez en Cien años de Soledad escribió que José Arcadio Segundo vio más de 3.000 muertos en la estación del tren. Entre la verdad, la ficción o la memoria, ese episodio sumado a otros similares marcó el final de la hegemonía conservadora y el regreso del liberalismo al poder. Lo hizo en 1930 para empezar 16 años de múltiples cambios legales. En 1936, estas iniciativas quedaron compiladas en una reforma constitucional que, antes de todo, garantizó las libertades de conciencia y de enseñanza.

Además, dispuso que la propiedad privada tuviera obligaciones sociales, con expresas facultades al Estado para intervenir en favor de los trabajadores. Se dieron otras reformas, como los derechos a las mujeres casadas, las garantías para hacer huelgas o la primera ley agraria. Pero como era de esperarse, la reacción derivó en una confrontación política que lo único que gestó fue un atroz ciclo de violencia. En medio de esa disputa partidista surgió un caudillo popular que arrastró multitudes y que, cuando se aprestaba a acceder al poder, fue asesinado el 9 de abril de 1948. Se llamaba Jorge Eliecer Gaitán y también partió la historia.

“Si me matan, pasarán 50 años para que vuelvan a aquietarse las aguas de Colombia”, había advertido Gaitán y su vaticinio se cumplió. Desde ese momento la violencia se salió de cauce. En 1953, el militar Gustavo Rojas Pinilla se tomó el poder en un golpe de opinión apoyado por sectores políticos. Llegó anunciando el freno a la violencia entre hermanos y hasta promovió un proceso de paz, el primero de la historia contemporánea con masivas desmovilizaciones en los Llanos. Pero se amañó en el poder, quiso mantenerlo a costa de las libertades, y lo tumbaron liberales y conservadores que se pusieron de acuerdo para organizar su esquema.

Se llamó el Frente Nacional y se tradujo en el reparto alternado del poder durante 16 años entre liberales y conservadores, con división milimétrica de la burocracia estatal. Un modelo avalado por un plebiscito ciudadano en 1957, en el que votaron por primera vez las mujeres, gracias a una norma que, paradójicamente, había sido aprobada por la constituyente de Rojas Pinilla. En 1958, con Alberto Lleras se inició el Frente Nacional y terminó con Misael Pastrana en 1974. Cuando concluyó este lapso de poder político excluyente, ya se habían anidado en el país diversos grupos guerrilleros, paramilitares y también narcotraficantes.

Lo demás es el candente día a día que han vivido las últimas generaciones. El Estatuto de Seguridad de la era Turbay y su dudoso catálogo de libertades en entredicho. La prisa por la paz de Betancur y la réplica paramilitar contra la izquierda democrática. La hora del narcoterrorismo de Pablo Escobar en tiempos de Virgilio Barco. La constituyente de 1991 en la era Gaviria que cesó el Estado de Sitio, a pesar del capítulo paralelo de impunidad en la cárcel de La Catedral y después Los Pepes unidos para acabar con el capo. El narcoescándalo del 8000 a las espaldas de Ernesto Samper. O la fallida aventura por la paz del modelo Pastrana.

Los grupos guerrilleros se convirtieron en máquinas de guerra y de secuestro. El paramilitarismo en sinónimo de barbarie. El narcotráfico lo permeó todo y los carteles de la corrupción aprendieron a capturar el Estado. Dos capítulos con la marca Uribe, llenos de cuentas pendientes; y dos más de Juan Manuel Santos, con otras deudas sin saldar. En 2016, las Farc firmaron la paz, pero esta sigue en veremos porque Colombia continúa enfrascada en sus viejos dilemas de territorios olvidados. 200 años en los que los verdaderos libertadores del país no pueden ser otros que los colombianos de a pie que han soportado tantas libertades conculcadas.

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Redacción El Espectador

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Los colombianos libertadores

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