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León Valencia: “Los clanes políticos están al acecho”

Entrevista con el analista que acaba de publicar el libro “Los clanes políticos que mandan en Colombia”, refiriéndose no a una revisión de la historia nacional, sino a los barones electorales que dominan, en el presente, a una gran masa de votantes en casi todo el país, pese al triunfo de candidatos cívicos el año pasado. Aporta apellidos de los responsables en cada zona y explica por qué los partidos y líderes nacionales continúan aliados con ellos a pesar de su conducta corrupta.

 León Valencia durante el lanzamiento del libro editado por el sello Planeta.  / EFE
León Valencia, esta semana en Bogotá, durante el lanzamiento del libro editado por el sello Planeta. / EFE

En su libro “Los clanes políticos que mandan en Colombia” -y se refiere al año 2019- usted afirma que las familias políticas que dominan las regiones “no mueren”. Sin embargo, la sensación que tuvo el país por el triunfo inesperado en las elecciones del año pasado, de algunos candidatos sin maquinaria, es la contraria. ¿Cómo explica esa contradicción?

Es cierto. En ciudades y departamentos muy importantes se expresó el voto de opinión y ganaron candidatos por fuera de las estructuras tradicionales. Los casos más sonados fueron Bogotá, Medellín, Manizales, Cali, Cartagena y el departamento del Magdalena. Pero, como era un fenómeno que se veía venir después de las elecciones presidenciales de 2018 y de la gran votación en la consulta anticorrupción, los clanes políticos tomaron precauciones para mantener su dominio. Invirtieron enormes sumas de dinero legal e ilegal, se aliaron entre ellos, recurrieron a la trampa y a las peores prácticas de clientelismo, y lograron triunfos notorios. En algunos lugares como Barranquilla y Atlántico, Valle del Cauca y Santander, las votaciones que alcanzaron fueron extraordinarias.

En su libro, ¿hay pruebas de que esos clanes recurrieron a dinero ilegal y a trampas?

Sí. Nosotros tenemos información sobre inversión, en las campañas regionales, de dineros de minería ilegal, de contrabando y del narcotráfico, especialmente en la frontera entre Venezuela y Colombia y en el Pacífico colombiano. Hubo grandes sumas de dinero que se movieron en esas campañas.

Si se sabe que acuden a prácticas, dineros y alianzas ilegales, ¿por qué no son procesados por la justicia? ¿Por qué pueden delinquir sin que nada les pase?

Con nuestras denuncias siempre ha ocurrido que, al principio o durante las elecciones, las desestiman. Y, después, cuando pasa la campaña y muchos de ellos ya están gobernando, les abren procesos y algunos son destituidos o sancionados. Esto ocurrió, por ejemplo, con nuestras investigaciones sobre parapolítica o con las que publicamos, en otro de nuestros libros, sobre las elecciones de 2014 en que denunciábamos a Musa Besaile y al Ñoño Elías. Primero, ignoraron lo que dijimos y al final de ese período legislativo resultaron procesándolos judicialmente.

Si se cuantificaran los triunfos electorales de 2019 y se hiciera una relación entre los nuevos liderazgos y los de los antiguos clanes, ¿cuál sería la proporción entre los primeros y los segundos? ¿Los cacicazgos aplastan numérica y territorialmente los municipios y departamentos “liberados”?

Los nuevos liderazgos ganaron en lugares con una alta concentración de población, y esto es una maravilla. Pero, hay que decirlo, si hablamos de número de municipios y departamentos, los clanes ganaron en el 80 %. En la Colombia profunda se están atrincherando esas fuerzas políticas para dar la batalla en las elecciones presidenciales de 2022 y en las regionales de 2023.

Los éxitos de movimientos ciudadanos que tanta esperanza han despertado pueden venirse abajo por la falta de experiencia de los mandatarios elegidos y por la presión contra ellos, de los políticos tradicionales. ¿Cuáles riesgos ve usted en esta materia?

En los días posteriores a la posesión de los nuevos mandatarios y con ocasión de la capacitación que deben recibir en la Escuela Superior de Administración Pública, se realizó en Bogotá una reunión a la que asistieron gobernantes favorecidos por el voto de opinión. Estuve con ellos por amable invitación de algunos. Pude advertir, allí, la conciencia de su reto. Saben que están obligados a acertar para abrirle paso a una nueva forma de hacer política en el país, pero entienden las enormes dificultades que afrontarán. Se habló de la importancia de rodearse de buenos equipos, de gente con formación técnica, honestidad y capacidad política para enfrentar los desafíos que se les vienen. Vi después que, en la selección de los gabinetes, hicieron grandes esfuerzos para llevar a gente capaz y transparente. Pero no será color de rosa lo que vivirán en estos cuatro años. Los clanes políticos están al acecho.

¿Qué incidencia tiene el acaparamiento de las alcaldías y departamentos en manos de los clanes, aparte del dominio político, en cuanto a corrupción, manipulación de contratos públicos en beneficio particular y robo de los dineros del erario?

Mucha. Los políticos siguen entrando a saco en las finanzas de los departamentos y municipios, les entregan los puestos de mando a familiares y allegados, reparten la contratación entre los más cercanos y, a cambio, reciben grandes sumas de dinero, por coimas, que les sirven para invertir en la campaña siguiente y también para enriquecerse personalmente. En el libro se describen estas prácticas y se ponen los nombres propios de quienes las realizan.

Hablando de corrupción, con frecuencia se destapan grandes escándalos que afectan a miembros de los clanes familiares regionales, pero casi nunca esos escándalos se asocian con los líderes nacionales de los partidos. ¿Por qué sucede este fenómeno si, obviamente, los unos y los otros están conectados?

En Colombia las élites políticas nacionales se “hacen pasito”, se ayudan y se cubren, y terminan pagando (condenas) sus segundos. El caso más evidente es el escándalo de Odebrecht. La especialidad de esta empresa multinacional era invertir en las campañas presidenciales y en los jefes de Estado: sobornar arriba, en la cúspide del poder. Tanto es así, que en este momento hay siete expresidentes involucrados en graves procesos judiciales en América Latina y otros empiezan a ser investigados. En Colombia, las investigaciones por el caso Odebrecht aún están en los mandos medios. Lo mismo ocurrió con el fenómeno de la parapolítica, por el que 61 parlamentarios y 500 políticos locales fueron condenados. Pero el presidente de la República de la época, al que apoyaba el 95 % de esos políticos, no recibió ni condena judicial ni castigo de la opinión.

¿Por qué los segundos prefieren, incluso, callar y ser condenados que delatar a sus jefes? ¿Por miedo o hay algo más?

El principal factor es el miedo. Siempre tienen la esperanza de que, si no involucran a los de arriba, estos los van a proteger, de alguna manera. En el caso de los funcionarios procesados de los gobiernos del expresidente Uribe, este gestionó, para ellos, sus condiciones carcelarias, su protección legal mediante abogados y tramitó exilios para que pudieran vivir en otros países de manera relativamente tranquila, como ocurrió con una parte de las personas que trabajaron con él.

El primer clan político que usted trata en su libro es el de la familia Char, cuya influencia, al lado de la familia Gerlein, y contrario a lo que se cree, no se reduce a Barranquilla y el Atlántico. ¿En dónde tienen poder político y económico los Char y los Gerlein, y por qué ha florecido tanto su dominio?

Bajo influencia de este clan se eligieron seis senadores, tres representantes a la Cámara y una gran cantidad de mandatarios de toda la costa Atlántica. Para empezar, arrasaron en Barranquilla y en el Atlántico, pero tejieron fuertes alianzas en los siete departamentos de la costa Caribe. Son dueños de la cadena de tiendas y droguerías Olímpica, que ocupa el tercer puesto entre las de grandes superficies; controlan una cadena de 31 emisoras, el popular club de fútbol Júnior y tienen una participación importante en el sector de la construcción. Comparativamente, constituyen el clan más poderoso del país. Tanto, que ahora aspiran a la presidencia del Congreso, en cabeza de Arturo Char, y suena para la Presidencia de la República el exalcalde Alejandro Char.

Pese a su popularidad en la costa Atlántica, subsiste una pregunta: de acuerdo con sus investigaciones, ¿los Char mezclan sus intereses económicos con las decisiones políticas que toman cuando son elegidos?

¡Claro que los mezclan! Y, además, lo hacen con una habilidad enorme y con grandes resultados para sus intereses económicos debido, precisamente, a que usan lo público para fortalecer su economía privada.

Los miembros de ese grupo se intercambian las alcaldías y las gobernaciones de la costa a su antojo pero conservan alta popularidad y favorabilidad electoral ¿Cómo ha sido posible este “milagro” de clientelismo, cacicazgo, expansión económica y política sin que nada le haga mella al apellido ni al poder que detenta?

Como dije, han mezclado poder político y grandes negocios legales. Y han sido muy hábiles en la gestión de lo público realizando obras y transformaciones urbanas importantes con lo cual se han ganado el favor de la opinión. Pero han aprovechado sus logros para favorecer, con creces, sus negocios privados. A la vez, han recurrido a las alianzas con ilegales para acrecentar su poder. Uno de sus miembros, David Char, confesó su alianza con el bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc.

El poder de la familia Char-Gerlein ha llegado tan alto, que de uno de ellos, Alejandro, se conocen sus aspiraciones presidenciales como usted afirma. ¿Un político como él, con tan hondas raíces en la política tradicional más rechazada en ciertos niveles de la opinión, puede ser elegido a pesar de la oposición de los habitantes de las grandes ciudades?

El escándalo de Aida Merlano es un gran traspié en esas aspiraciones. La candidatura de Arturo Char a la presidencia del Senado empieza a tambalear y a la de Álex Char a la Presidencia de Colombia, si se presenta, se le harían graves cuestionamientos. No obstante, no hay que descartar la continuidad de la carrera política de estas familias. El cambio en el mapa político nacional está, apenas, en ciernes. El voto de opinión ha tenido una gran expresión en las elecciones locales, pero aún no se sabe si esta tendencia se mantendrá. Todo depende del éxito de los mandatarios nuevos y distintos, de la persistencia de las denuncias, de las críticas a las prácticas corruptas y clientelares, y de la acción de la justicia.

¿Cree posible que haya investigaciones judiciales independientes debido a las denuncias de Merlano en el plano local pero, también, en el orden nacional?

No le va a quedar fácil a la justicia hacer caso omiso de esas denuncias, aunque el fiscal general, en una de sus primeras declaraciones, no ha dado una buena señal. Ni la Fiscalía ni los tribunales de Justicia pueden escudarse en la utilización que pueda hacer Nicolás Maduro de la situación, para no tomar cartas en el asunto. Están en la obligación de oír las denuncias de Aida Merlano y someterlas a investigación para corroborarlas o desecharlas con argumentos jurídicos válidos.

Pues la Fiscalía respondió rápidamente, desechando la posibilidad de nombrar una comisión judicial para viajar a Caracas a escucharla. El argumento es que no tiene esa facultad legal ¿Qué opina de esa decisión, una de las primeras tomadas por Barbosa?

Creo que la Fiscalía está en la obligación de buscar la manera de oír las acusaciones de Aída Merlano. También está en la obligación de tramitar, de la manera más eficaz, su extradición. Lo que no puede hacer es escudarse en pretendidas facultades legales para denegar justicia porque con sus declaraciones, Merlano tocó el corazón de la democracia colombiana.

Respecto de otros clanes de la costa, como los Cotes en Magdalena y los Gnecco en Cesar, usted muestra unas relaciones más obvias de estos con grupos criminales. El resultado es el “control mafioso” de la política. Varios de los miembros de una y otra familia han sido condenados, proscritos de la vida pública e, incluso, asesinados en medio de “vendettas”. Sin embargo, el poder de la justicia no parece afectarlos. ¿Por qué los partidos y líderes nacionales siguen aliándose con ellos?

A los Cotes y a los Gnecco les hemos hecho seguimiento en investigaciones académicas desde hace 15 años, documentando sus nexos con ilegales y su mantenimiento en el poder. Hemos investigado, también, a otros clanes del interior del país. En muchos casos ha habido una valiente actitud de la justicia y las investigaciones académicas y periodísticas han tenido una importante repercusión judicial. Pero, de otro lado, la impunidad social y política ha sido impresionante: los directores de los partidos reciben los descubrimientos académicos, pero se escudan en que hasta tanto no haya una sentencia judicial, no pueden descalificar a los políticos implicados. Luego, cuando hay una sentencia judicial, avalan a los familiares de los procesados asegurando que no hay “delitos de sangre”. Así, los condenados terminan gobernando en cuerpo ajeno. Tampoco existe gran repudio social. Todo esto permite que esas familias continúen participando en las elecciones y obteniendo importantes votaciones y triunfos electorales.

Usted trata en su libro sobre otros clanes en el país. ¿En dónde florece más la captura del poder público, por familias: en las costas o en el interior y por qué?

Ocurre igual en todas partes. Pero claro, hay coyunturas en las que el escándalo es más notorio en un lugar que en otro. En Antioquia, por ejemplo, la parapolítica involucró a la casi totalidad de la clase política. En Santander, Convergencia Ciudadana, en cabeza de Luis Alberto el Tuerto Gil, y del clan encabezado por el coronel Hugo Aguilar -ambos juzgados por sus acuerdos con el paramilitarismo-, ha acaparado, durante mucho tiempo, la mayoría de las alcaldías y otras entidades de poder. En el Valle del Cauca ha ocurrido lo mismo con personajes como Juan Carlos Martínez Sinisterra y Dilian Francisca Toro. La costa Atlántica ha sido más vistosa por la desfachatez con que se alardea de las prácticas clientelistas y por la gran expansión del paramilitarismo en la región.

Un caso muy fuerte de “cacicazgo” que usted trata es el del Valle del Cauca, con la que denomina, irónicamente, como “la sultana del Valle”, es decir, Dilian Francisca Toro. Ella también tiene aspiraciones presidenciales. ¿Es comparable el dominio del grupo Toro con el del clan Char?

Dilian Francisca Toro ha demostrado una gran habilidad y enorme capacidad para sobrevivir a los escándalos. También para tejer alianzas nacionales. Su poder en el Valle del Cauca es indiscutible. Con este equipaje llegó a la presidencia del Congreso hace unos años y, hace poco, sonaba para un ministerio. El de ella es un clan competitivo, aunque no tan poderoso como el de los Char. Dilian Francisca Toro es una mujer muy ambiciosa y difícilmente desistirá de sus aspiraciones a la Presidencia.

Se lo preguntaré de frente: según sus investigaciones académicas, ¿Toro domina la política vallecaucana mediante corrupción?

Sí. Muchos factores de corrupción han incidido en ese liderazgo regional y uno de los principales tiene que ver con los fuertes indicios de su vinculación con grupos y personas ligados a sectores ilegales. Ha habido investigaciones de carácter judicial que no han terminado en condenas, pero en esos procesos se han acumulado muchas informaciones negativas sobre su entorno y sobre ella.

Finalmente, con estas estructuras de poder local y regional sin las cuales los partidos y sus candidatos presidenciales no podrían ganar elecciones, ¿es posible derrotar la corrupción o la tan cacareada “lucha anticorrupción” es pura habladuría del clientelismo tradicional?

En el país se está gestando una gran batalla contra la corrupción. Eso es innegable. Pero estamos lejos de poder contener ese fenómeno. Para decirlo de otra forma: están más avanzados en otros lugares de América Latina en donde se han atrevido a encarcelar presidentes que aquí. Se necesita una labor más aguda de los medios de comunicación y de los centros académicos; una decisión más sincera y firme de los nuevos políticos y una actuación más cabal de la justicia.

“Merlano es una espina clavada en el corazón del clan Char-Gerlein”

La  “novia” del clan Char, Aída Merlano, hizo unas declaraciones escandalosas sobre la forma de operar del grupo que la llevó al Congreso, entre otras prácticas, con la captación ilegal de votos, repartición de dineros en campañas, sobornos para adjudicación de contratos, “compra” del silencio de la prensa, etc. De acuerdo con su criterio de estudioso: ¿Merlano miente o dijo más de una verdad?

Aída Merlano es una espina clavada en el corazón de ese clan por el conocimiento íntimo que tiene de la vida de los Char y los Gerlein; por la audacia y el desparpajo que ha mostrado; por los dolores que arrastra y por el miedo que la acosa. Los enredos sentimentales y sexuales son un ingrediente que atiza las hogueras de la denuncia. De manera que Merlano seguirá diciendo muchas verdades y, seguramente, deslizará algunas mentiras mientras calla algunos otros hechos. Pero, para mí,  el 95% de lo que dice, es verdad. Los afectados por estas revelaciones, utilizaran sus gotas de mentira para desacreditar el mar de verdad de su testimonio. La opinión pública y la justicia deben separar la paja del trigo y no concurrir a la deslegitimación de las graves acusaciones que está haciendo esta señora, precisamente porque su voz, a la vez que incrimina a sus aliados, la incrimina a sí misma.

Claudia López: “novedad de alcance mundial”

El hecho notable de que el éxito de los votos de opinión se haya presentado en importantes zonas urbanas, ¿significa que en estas ciudades hay un electorado más formado  que en donde triunfan los clanes o, simplemente está mejor informado?

En las grandes ciudades se encuentra un voto más informado y más libre y, además, como son grandes conglomerados urbanos, resulta más difícil la compra masiva de los votantes. Pero hay unos acontecimientos que han impactado, de manera especial, a esta ciudadanía en los últimos tiempos: el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc, el crecimiento de la protesta social, la revelación sobre los graves escándalos de corrupción y la consulta popular que desató el abuso de los políticos tradicionales. Esas cosas han influido, de manera decisiva, en el cambio del mapa político. Pongamos el caso de Bogotá: Claudia López fue la líder indiscutible de la consulta anticorrupción y estuvo del lado de la paz en controversia con el uribismo. Más de un millón de personas se atrevieron a darle el voto a esa mujer gay de clase media, lo que cual es una novedad de alcance mundial.

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Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador

Política

León Valencia: “Los clanes políticos están al acecho”

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