“Los contendores políticos están contratando sicarios”: Ariel Ávila

El politólogo y subdirector de la organización Paz y Reconciliación, habla sobre hallazgos escalofriantes del Tercer informe de Violencia y Dinámica electoral 2019, de esa fundación, cuyos resultados se conocieron esta semana: uno, políticos en contienda están ordenando eliminar físicamente a sus competidores. Dos, en 11 de los 32 departamentos no vale la pena hacer jornada electoral porque se sabe quién ganará. Y tres, en 107 municipios, bandas de narcoparamilitares podrían elegir alcaldes y concejales.

Ávila denuncia: en 11 de los 32 departamentos no vale la pena hacer jornada electoral porque se sabe quién ganará. Y en 107 municipios, bandas de narcoparamilitares podrían elegir alcaldes y concejales. / Cristian Garavito - El Espectador
“No quiero decir la identidad del individuo porque deseo seguir con vida pero cualquiera que lea estas líneas, sabrá quién es”, advierte Ariel Ávila. / Cristian Garavito - El Espectador

¿A qué le atribuye el remonte de la violencia política este año, según se muestra en el informe de ustedes sobre violencia electoral 2019?

Esa pregunta tiene dos respuestas: primera, el remonte de la violencia es, en general, producto de un despertar político de los colombianos. La repolitización del país ha llevado a un incremento de la violencia por competencia, para callar a los rivales. Se denomina autoritarismo regional al que tiene una estructura política que controla todos los factores de distribución de poder. En Colombia estos autoritarismos son tan fuertes, que en 11 de los 32 departamentos valdría la pena no hacer elecciones porque se sabe quiénes van a ganar. Segunda respuesta: los autoritarismos que quieren ejercer control utilizan frecuentemente la violencia como vehículo para conservar o conseguir el poder.

¿Cuáles son los 11 departamentos predeterminados a ganar las elecciones por el dominio de los mismos grupos de poder?

Atlántico, con la familia Char; Cesar, con los Gnecco; Valle del Cauca, con Dilian Francisca Toro; Cundinamarca, con el candidato Nicolás García, apoyado por casi todos los partidos; Sucre, con Yahir Acuña, que tiene una investigación pendiente por parapolítica; Córdoba, con Carlos Gómez, candidato del Centro Democrático, de los Ñoños y cercano a Alejandro Lyons; Antioquia, con Aníbal Gaviria; Caldas, con Camilo Gaviria, hijo de la exsenadora uribista Adriana Gutiérrez; Magdalena, con el Mello Cotes, del clan de los Cotes, aunque Carlos Caicedo le está dando la batalla; Tolima, con José Ricardo Orozco, que fue procesado hace unos años por homicidio y quien fue avalado por el Partido Conservador, y Bolívar, con Vicentico Blel, hijo del parapolítico del mismo nombre y hermano de la senadora Nadia Blel, también del Partido Conservador.

¿Cuántos candidatos a alcaldías, gobernaciones, concejos o asambleas han sido amenazados o asesinados en lo corrido de este año?

Lo primero es que los más afectados son los candidatos a cargos uninominales. Lo segundo, que también los mandatarios en ejercicio han sido alcanzados por la violencia. Los datos son los siguientes: 1. Los funcionarios actuales constituyen el segmento con mayor cantidad de víctimas registradas con el 40,35 %: 39 concejales, 9 senadores y 8 alcaldes. 2. El segundo grupo en número de víctimas son los candidatos: en total 67, de las cuales 47 aspiraban o aspiran a alcaldías, 14 a concejos, 4 a gobernaciones y 2 a asambleas. 3. Las demás víctimas son 21 servidores del Estado y 15 miembros de los partidos.

En medio de la guerra con las Farc solía ocurrir que durante las elecciones se recrudecía la violencia electoral, sobre todo en los municipios más alejados. ¿Por qué se presenta este fenómeno con igual o peor intensidad en el posconflicto?

Esa es una de las preguntas centrales: no existe, hoy, un tipo de organizaciones criminales asesinando o amedrentando a candidatos. En su mayoría se trata de sicarios contratados para quitar a competidores políticos del camino. Así las cosas, se puede afirmar que, por un lado, hay una politización de la sociedad colombiana, como ya habíamos dicho: tenemos jóvenes en política, líderes comunales que exigen rendición de cuentas y un montón de personas ejerciendo control ciudadano. Obviamente, esto no gusta a los políticos de siempre. Por otro lado, se ha ido creando un lumpen criminal, un ejército de mercenarios que venden servicios de seguridad y que son contratados por muchos políticos para amedrentar a la competencia. Esto significa que la violencia es otro mecanismo de competencia política en Colombia.

¡Terrible! ¿Hay evidencia sobre aspirantes actuales a cargos de elección popular que pagan para que sicarios a sueldo asesinen a sus competidores?

La palabra final la tiene, por supuesto, la Fiscalía. Pero para la Fundación Paz y Reconciliación, en la mayoría de los casos que han terminado en homicidios y en atentados de candidatos en esta violencia reciente, existen señales de que fueron contratados y pagados por rivales políticos de las víctimas.

¿Puede dar algún ejemplo real de candidatos poniendo en peligro a sus competidores?

La Fundación Paz y Reconciliación ha encontrado que en algunos casos, como en el Cauca, un candidato publicita un panfleto diciendo, por ejemplo, que su contrincante político apoya las fumigaciones aéreas. Esto, en muchas zonas, significa ponerle una lápida al candidato señalado.

Precisamente, ustedes mencionan el caso del asesinato, junto con otras cinco personas masacradas dentro de un vehículo en mitad de una carretera, de la candidata a la Alcaldía de Suárez (Cauca), Karina García. En concreto, ¿cuáles datos o informaciones sobre los asesinos y los instigadores tiene la Fundación Paz y Reconciliación?

Para nosotros, los responsables son de un grupo disidente de las Farc. También debo decir que las investigaciones nos indican que este asesinato habría sido instigado y pagado por alguien.

¿Valdría la pena investigar si alguno de los candidatos a la Alcaldía de esa población se involucró en el crimen?

Sí, valdría la pena y, también, se debería investigar a los actores políticos del departamento.

¿Cuáles otros casos similares a los de Karina García pueden mencionarse como ejecutados por instrucciones de otros actores políticos?

Para nosotros, son la mayoría, insisto. En el ataque al asesinado candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Toledo, Antioquia, la información en terreno indica que se trató de un caso de competencia política. En el norte del Valle, una de las zonas más complicadas en cuanto a violencia electoral, hay un actor, en particular, con motivaciones políticas que está detrás de la mayoría de este tipo de hechos.

¿Quién es?

Ese señor, hace unos años, me citó a mí a una reunión en el Parque de la 93. No fui ni quise ir porque lo había denunciado anteriormente y tuve temor. No quiero decir la identidad del individuo porque deseo seguir con vida, pero cualquiera que lea estas líneas sabrá quién es.

Si se considera el universo de sospechosos de alquilarse como sicarios para materializar la violencia electoral, ¿se encuentra a los posparamilitares y narcotraficantes, así como a las disidencias de las antiguas Farc y el Eln?

Más del 80 % de los hechos los perpetran actores desconocidos y, supuestamente, las Águilas Negras que no existen desde el año 2011. Los demás crímenes se reparten entre Clan del Golfo, los Caparrapos, el Eln o algunos grupos de disidencias de las Farc. Los actores desconocidos son sicarios contratados. Al Eln y al Clan del Golfo les han atribuido, en los últimos dos meses, más acciones que en el resto de este proceso electoral.

Según su tesis y para que quede totalmente claro: ¿esas estructuras criminales actúan más por el “contrato” con los actores políticos que por motivos propios?

Se presentan ambas posibilidades, pero lo más llamativo es que ocurre, mayoritariamente, por contrato. Así las cosas, si en más del 80 % de los hechos se desconoce el autor intelectual y son sicarios los autores materiales, la pregunta es quién los contrata. La respuesta es que los contratan contendores políticos de las campañas. Eso es lo que nos arroja la investigación. En todo caso, repito, será la Fiscalía la que diga la última palabra.

En el estudio revelado por ustedes se encuentra que los departamentos con mayor violencia en estas elecciones son el Valle del Cauca y La Guajira. ¿Por qué está concentrada en esas regiones?

Algo que se tiende a pensar intuitivamente es que la violencia política es producto de un vacío de poder dejado por el desarme de las Farc. Y la respuesta es no, no es así. Los altos niveles de incertidumbre electoral llevan a que los candidatos recurran a la violencia y busquen financiación de grupos ilegales para sostener el ritmo económico de una campaña. Esto lo que significa es que en nuestro país ocurre lo contrario de lo que sostiene la teoría gringa sobre las democracias, en donde el mayor número de candidatos y los niveles altos de competencia se traducen en una mejoría de la democracia.

Pero, ¿por qué? ¿Tal vez nuestro escaso nivel de civilización no da para eso?

La respuesta es que la democracia en el mundo y, sobre todo, en Colombia tiene un problema de cimientos y es muy costosa. Por ejemplo, una campaña a la Gobernación en La Guajira o Sucre puede costar US$2 o US$3 millones. Si le contamos a un gobernador sus sueldos y primas del cuatrienio para el que fue elegido, ascendería a poco más de $1.000 millones. O sea, cuando llega al poder debería recuperar $6 o $7 mil millones que ya gastó. Cuando se compite en una democracia como la colombiana, se compite con plata, con violencia y con corrupción. Hasta que resolvamos esta falla de origen, vamos a seguir viendo en las campañas recursos del narcotráfico, violencia política y uso ilegal de recursos públicos. Esto sucede porque el sistema político está diseñado para que funcione de manera mafiosa o corrupta.

¿Las víctimas de violencia electoral hoy son en su mayoría candidatas de partidos de oposición, de partidos de gobierno o de grupos independientes y ciudadanos?

Fíjese en este dato, que tal vez es el central: del total de las victimizaciones, el 30 % corresponde a partidos de oposición, donde están Colombia Humana y los verdes, entre otros. El 21 %, a partidos de la coalición de Gobierno encabezados por el Centro Democrático. Es decir, los sectores más victimizados son los emergentes. Esto corrobora lo que le dije anteriormente: se les asesina por competencia política. El 18 % de las victimizaciones se centran en contra de los partidos independientes como el Liberal o Cambio Radical. Y, luego, hay un 31 % del que se desconoce la filiación política del candidato, pues el hecho victimizante ocurrió en la precampaña electoral.

En este tercer informe sobre violencia y dinámica electoral, como lo titulan ustedes, ¿se registran casos de amenazas y ataques o atentados contra los periodistas que cubren las campañas de los candidatos en las regiones, como sucedió esta semana con una reportera de Radio Nacional, en Nariño, que tuvo que salir precipitadamente de su ciudad por amenazas después de un informe sobre corrupción de un candidato?

En el informe sobre los perfiles de las víctimas hay una categoría que se llama “denunciantes de corrupción”. Allí se incluyen casos como los de esta periodista. Hasta el momento tenemos tres: uno en Antioquia, otro en Valle del Cauca y uno más en Sucre. El caso de la periodista en Nariño sería el cuarto, pero no está registrado en este informe, porque ocurrió luego de la publicación de nuestro estudio.

Entonces, ¿los corresponsales en las regiones corren el riesgo potencial de ser atacados e incluso asesinados por actores políticos de la zona como lo hacen con sus rivales?

Son dos riesgos diferentes: a los medios regionales les aplican la censura por pauta y a los medios nacionales los amenazan para que no cubran temas conflictivos de elecciones.

¿Cree que la violencia relacionada con las actividades electorales se incrementará a medida que se acerque más el día de los comicios?

Sí, así es. De hecho, en estos días, luego de la salida del informe, se han presentado nueve hechos más. Es posible que para el 27 de octubre lleguemos a más de 250 víctimas y más de 30 homicidios. Correrá mucha sangre.

¿Qué relación tienen, con el incremento de la violencia electoral, el tono agresivo, las afirmaciones acusatorias y el mensaje difamatorio de los líderes políticos nacionales de mayor poder?

Ese clima termina envalentonando a los políticos regionales y dándoles una justificación a los homicidios. Recientemente, un periodista del diario La Opinión, de Cúcuta, le preguntó al exjefe paramilitar alias el Iguano, en el evento Colombia 2020 de El Espectador, si la ferretería El Palustre, de esa ciudad, financió a grupos paramilitares. La ferretería pertenece a la familia del actual candidato a la Alcaldía por el Centro Democrático, Iván Gélvez. Después de que el Iguano admitiera que ese negocio apoyó el paramilitarismo de la región, el candidato Gélvez acusó al periodista de pertenecer a las Farc. Esto lo puso en peligro y el reportero tuvo que salir de la ciudad. Episodios como este ocurren, también, cuando políticos de renombre nacional afirman que hay “buenos muertos”: terminan justificando la violencia política.

La caída de la violencia se rompió y subió, de nuevo, este 2019

La Fundación Paz y Reconciliación, Pares, publicó esta semana su tercer estudio sobre violencia electoral 2019. Comparadas las estadísticas recientes sobre amenazas, atentados y asesinatos respecto de elecciones anteriores, por ejemplo, las regionales de  2015, ¿las de este año son mayores o menores?

Desde el 27 de octubre de 2018 hasta el 9 de septiembre de 2019 se produjeron 116 hechos de violencia política que dejaron 173 víctimas. Entre esos hechos se cuentan 20 homicidios, 17 atentados  y 128 amenazas. Al comparar con las regionales de 2015, ese año se cometieron 15 asesinatos, 17 atentados y 75 amenazas. Por tanto, hay un incremento preocupante. Y aún nos falta más de un mes de campaña. Pero si comparamos los datos con los peores años de la violencia política, la conclusión es que estamos muy bien. Por ejemplo, para las elecciones de 1997, miles de candidatos debieron renunciar, fueron asesinados o secuestrados. El problema es que todos los índices venían bajando en las últimas jornadas electorales pero, en 2019, se nota una ruptura de esa caída para comenzar a subir de nuevo.

“La respuesta institucional es un desastre”

De acuerdo con lo que refleja su informe, ¿el Gobierno y los cuerpos de Fiscalía y Policía están respondiendo de manera rápida y eficiente a hechos violentos en esta campaña?

La respuesta institucional es un verdadero desastre. Los datos lo indican claramente. El problema central es que el plan del Gobierno nacional llamado Ágora, está diseñado para el país de hace 20 años, no para las nuevas realidades. Por ello, está llamado al fracaso. Además, una parte del problema es la violencia política pero la otra parte, es la filtración de recursos ilegales en las campañas. Para prevenir este fenómeno hay muy poco diseño. Un dato: en el bajo Cauca antioqueño, el Clan del Golfo y los Caparrapos pondrán la mayoría de los alcaldes. En 107 municipios del país, se presenta este riesgo.

¡¿107 municipios en manos de las bandas criminales?! ¿Estos grupos pueden definirse también como neoparamilitares o son simples narcotraficantes con ambición de poder político y control territorial?

El debate político actual los llevó a una nueva clasificación: disidentes paramilitares.

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Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador

Política

“Los contendores políticos están contratando sicarios”: Ariel Ávila

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