“Me iniciaron ese proceso para intimidarme y enredarme”: Ricardo Sabogal

Ricardo Sabogal, exdirector de la Unidad de Restitución de Tierras. / Óscar Pérez - El Espectador

El cargo de director de la Unidad de Restitución de Tierras es, tal vez, uno de los más difíciles, porque desde ahí se emprendió una revisión de la propiedad y tradición de los predios rurales, eje de las guerras que hemos sufrido por años. ¿Hubo presiones políticas, corporativas, de organizaciones o personajes con poder mientras usted hacía su trabajo?

Claro que sí, y de todo orden. Es una materia en que se pisan callos en todo el país. Para empezar, las presiones se expresaban a través de los parlamentarios que me citaban a debates con mucha frecuencia. Los que ejercían ese tipo de coacción básicamente buscaban modificar la Ley de Restitución. Otros lo hacían mediante el Ejecutivo y por eso eran muy frecuentes mis visitas al Palacio de Nariño. Sin embargo, el presidente Santos siempre me ofreció todo su respaldo. Él me decía: “Ricardo, cuídeme la ley. Aplique el peso de ella frente al ilegal, al abusivo o al inescrupuloso, pero nunca lo haga con sesgos”. Finalmente estaban las personas que amenazaban a los reclamantes o a nosotros, los funcionarios. Con respecto a este último grupo, teníamos un trabajo articulado con la Policía y la Fiscalía para hacerle frente. Hoy se puede tener la seguridad de que la Unidad operó como abogada de las víctimas, sin ceder a ninguna intimidación.

¿Usted o la Unidad fueron amenazados directamente?

En varias oportunidades, y lo denunciábamos de inmediato. Con el programa de restitución tocamos tierras que habían usurpado los terroristas más poderosos del país: el clan Castaño, el Mono Jojoy, los Úsuga, Mancuso, el Eln y las bacrim. Padecimos y aún lamentamos la muerte de compañeros en varias zonas del país, como Urabá y Caucasia.

¿Asesinados por los narcotraficantes y paramilitares que se apropiaron de las tierras? ¿Cuántos de sus funcionarios murieron en esos años y a cuáles bandas se les pueden atribuir los asesinatos?

Varios murieron. Un topógrafo fue asesinado en el municipio de San Roque (Antioquia), en donde había presencia de paramilitares, aunque ese crimen ocurrió después de la desmovilización de esos grupos. En Urabá nos mataron a varios funcionarios que trabajaban para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Ellos desempeñaban labores de apoyo a la Unidad con el fin de avaluar predios con que los jueces ordenaron compensar a unas víctimas. También en Urabá asesinaron a ocho policías que adelantaban una tarea de identificación de predios reclamados: les pusieron una carga explosiva en la carretera al paso de su vehículo, que iba en una comitiva con el vehículo del juez y los de los funcionarios de la Unidad.

Se sabe que los grupos ilegales usurparon tierras a los campesinos, pero también es verdad que esas tierras, ya en manos ilegítimas, cambiaron muchas veces de propietarios, estos últimos, altos personajes de la sociedad. Según su experiencia, ¿este fenómeno fue frecuente y cuánto?

En muchas zonas ocurrió como usted lo plantea: las tierras fueron pasando de mano en mano y al final terminaron como propiedad de personas que se hicieron las de la vista gorda con lo que había sucedido. En el Magdalena Medio es frecuente encontrar gente prestante que es propietaria de predios que fueron arrebatados en los años 80 y 90 y que fueron adquiridos a pesar de conocerse la forma oscura como se habían traspasado. También hubo personas que no tuvieron suficiente información.

Hablando de figuras sociales prestantes con tierras de dudosa procedencia, uno de los procesos más complicados para usted debió ser el que inició, a finales de 2015, sobre dos predios que figuraban a nombre del entonces magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt. Su entidad investigó el posible despojo de esos predios: La Corona y Alto Bonito, cerca de 112 hectáreas en Turbo, plena zona de dominio del clan paramilitar de los Castaño Gil. ¿Abordar ese caso fue difícil?

Fue muy complejo, porque en la zona en la que se ubican esos predios hacen presencia actores armados ilegales. Realizar diligencias siempre comportaba un despliegue de Fuerza Pública muy grande. Con ese panorama, obviamente el recaudo probatorio era mucho más difícil.

¿Cuáles etapas se surtieron en el proceso administrativo sobre los dos predios del exmagistrado mientras usted fue director de la Unidad de Restitución?

La Unidad tramitó toda la fase administrativa y encontró que había mérito para que el caso fuera conocido por los jueces. En términos claros, eso significa que para la Unidad existen pruebas que demuestran que los reclamantes de las tierras que hoy están en poder del señor Pretelt las perdieron durante el conflicto armado o a consecuencia de este, ya sea porque los intimidaron, porque los obligaron a venderlas o porque se aprovecharon de su condición de vulnerabilidad para arrebatárselas. Entiendo que hoy el caso está en manos de la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal de Antioquia, pendiente de sentencia.

¿El trámite del caso Pretelt ha seguido el curso normal de un proceso como estos o ha habido demoras inusuales?

Ya es momento de que la Sala tome una decisión, porque ha pasado mucho tiempo en la instancia judicial. Es cierto que estos procesos toman tiempo, pero no tanto.

Mientras termina el caso, ¿el exmagistrado tiene el dominio completo de los predios? Quiero decir, ¿puede usufructuarlos sin ninguna restricción?

Sí, hasta cuando el tribunal se pronuncie, quien figure como propietario puede seguir disfrutando de la posesión del predio. Ahora bien, en los folios de propiedad de esas tierras existe un registro que da cuenta de que el derecho de propiedad se debate ante un juez de restitución.

Eso impide su comercialización.

Sí.

Ese proceso también fue difícil por el poder que tenía —o tiene— Pretelt en la región y —¿por qué no decirlo— en el país político y judicial. ¿Hubo presiones por este caso?

Salvo la presión judicial del procurador Ordóñez, no tuve otra.

¿Cómo lo presionó la Procuraduría?

Se evidenció con el inicio del proceso disciplinario por la queja que el magistrado Pretelt interpuso contra mí ante esa entidad.

Si no recuerdo mal, una de sus funcionarias, delegada en Antioquia de la Unidad de Restitución, también sufrió ataques de tipo judicial por intentar adelantar ese caso. ¿Qué sucedió con ella?

A ella le interpusieron denuncias penales y también disciplinarias en la Procuraduría, en la misma época del doctor Ordóñez...

En vista del archivo definitivo a su favor, ¿hoy usted podría decir que la queja fue injustificada y que más bien era una manera de buscar que la Procuraduría lo separara del conocimiento del caso?

Sí, podría decirse eso. Ese proceso se inició única y exclusivamente para intimidarme y para enredarme la vida, porque mi actuación había sido estricta y legal, tal como lo pudo corroborar la Procuraduría liderada por el doctor Fernando Carrillo.

Otra de las quejas del señor Pretelt contra usted y contra su delegada en Urabá fue que ustedes nunca le permitieron aclarar su situación ni le contestaron sus peticiones. ¿Le violaron por acción o por omisión su derecho a defenderse y a controvertirlos?

La territorial de Antioquia, que por organización de la Unidad de Restitución era la competente para sustanciar el caso, llevó a cabo todo el procedimiento. Tengo entendido que, por lo complejo del asunto, la territorial fue mucho más allá de lo exigido en la ley y le envió las notificaciones al doctor Pretelt, además de a los predios, a su despacho en el propio Palacio de Justicia.

Parece que está probado que se le quiso notificar varias veces y que el doctor Pretelt nunca quiso darse por enterado ni hacerse parte. ¿Fue así?

No tengo detalles, pero muchos opositores optaban por no participar en la etapa administrativa y preferían esperar la etapa judicial. No sé si el propósito del exmagistrado fue ese u otro.

¿Cuál es el fundamento de la decisión de esta semana en su caso, en que la Procuraduría Carrillo lo libera de cualquier sospecha?

El fundamento es que mi actuación como director de la Unidad de Restitución de Tierras estuvo apegada a derecho y que siempre obré en el marco de mis funciones legales.

Ahora que termina a su favor la indagación disciplinaria, ¿cree que la Procuraduría del hoy embajador de Colombia en la OEA fue imparcial o que actuó de forma política más que judicial?

Desgraciadamente debo decir que la actitud del procurador Ordóñez fue una hasta antes de que su nombre sonara como posible candidato presidencial, y otra después. Después, en mi criterio, usó la Procuraduría para ponerla al servicio de sus intereses electoreros. Recuerdo que por esos días armaron manifestaciones contra la restitución de tierras en varios municipios: el señor procurador envalentonaba a todos los que se oponían a la ley y hablaba de la necesidad de hacerle ajustes. Al tiempo que subía el tono contra la ley, yo tenía más procesos disciplinarios. Y la velocidad a la que andaban, contra mí, casos tradicionalmente lentos, permitía concluir que había manos oscuras empujándolos.

¿Como cuando ocurrió la tristemente célebre reunión en el municipio de Sabanas de San Ángel (Magdalena), a la que usted asistió como funcionario de la Unidad, pero también llegaron posibles despojadores a insultarlo y a insultar el programa de restitución?

Sí. Esa reunión se hizo en el marco de la precampaña del señor procurador. En ese evento nos metieron en una encerrona en la que nos gritaban toda clase de improperios. Allí había gente con problemas judiciales y hasta con líos de narcotráfico y con pasados no tan claros. Incluso nos contaron que había presentes algunos que venían de pagar cárcel en Estados Unidos.

Recuerdo la imagen con claridad: fue la reunión en que estaban sentados en la mesa principal el propio procurador Ordóñez y el presidente de la Federación de Ganaderos...

Sí, esa misma.

Hay que recordar que Pretelt fue puesto en la terna para la Fiscalía General por el entonces presidente Uribe, y que, no habiendo sido elegido, después fue postulado por Uribe para la Corte Constitucional con el final deprimente que se conoce. Usted, por su parte, era funcionario del gobierno Santos. ¿Cree que, de alguna manera, quedó en mitad de la disputa política entre el uribismo y el entonces santismo?

Sí, pero no tanto por una disputa política sino por una visión de país. El presidente Santos, a mi modo de ver, entendía que resolver las disputas agrarias a través de los jueces era el camino indicado y que la tierra que se había usurpado a los campesinos debía ser devuelta. De hecho, eso fue lo que se plasmó en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En el uribismo, el debate giró en torno a dejar las cosas como estaban, a proponer modelos de atención a población desplazada a través de Familias en Acción o a implementar modelos compensatorios como los que ahora propone la senadora María Fernanda Cabal.

¿Cuáles son esos “modelos compensatorios” de la senadora Cabal?

En el proyecto que ella radicó en el Congreso se propone reformar la Ley de Restitución de Tierras. Tiene su eje, no en la restitución como medida preferente, sino en la posibilidad de que los justos reclamantes sean compensados, es decir, que no les sean devueltas las tierras que reclaman sino que más bien les paguen por ellas.

¿Con plata de quién?

Con plata de la Unidad, es decir, con dinero del Estado.

Y los poseedores ilegítimos de la tierra o los despojadores, ¿se quedan con ellas y no pagan un peso de su bolsillo?

En el texto dice que aquellas personas que tengan buena fe simple, esto es —en términos parroquiales—, que hayan hecho la escritura y la hayan registrado aún sin tener en cuenta lo que ocurrió en las zonas afectadas por el conflicto, puedan quedarse con las tierras y que los reclamantes sean compensados por ellas en lugar de que les sean devueltas.

Me parece un estándar muy bajo y cuestionable, éticamente hablando.

Sí.

¿Cuánto del esfuerzo que hizo usted en la Unidad de Tierras se logró convertir en devolución real de tierras a sus legítimos dueños? ¿Cuánto del 100 % de las reclamaciones se concretaron?

Estimo que del 100 % de los casos que se conocieron durante el gobierno Santos, se alcanzó a ejecutar un 60 %, no con sentencia sino en casos que, habiendo encontrado que las tierras tenían problemas de registro y tradición, se los entregó a los jueces. En términos de hectáreas, se dejaron en manos de los jueces más de un millón.

“Cuando uno asume el riesgo, lo asume”

Apenas esta semana se supo que a usted le archivaron definitivamente la investigación disciplinaria que le abrió la Procuraduría Ordóñez por queja del exmagistrado Pretelt. Pasados los años y en vista de que todo esfuerzo parece inútil, ¿cree que vale la pena amargarse la vida por esfuerzos que, finalmente, resultan estériles?

Sí, vale la pena. En situaciones como la que usted menciona, lo importante es que uno se tome a pecho los derechos de las víctimas y su defensa. Obviamente, cuando uno asume esas tareas, también entiende que hay un fuerte riesgo. Pero si las asume, las asume de verdad.

Cuando usted fue demandado por Pretelt ante la Procuraduría en 2016, la queja fue recibida por el procurador delegado de Tierras quien le dio credibilidad al exmagistrado puesto que envío el caso a la oficina que tramita las sanciones disciplinarias y de una vez le abrieron investigación. Pretelt argumentó que, usted “se dedicó a dar declaraciones irresponsables y completamente parcializadas (sobre su caso) ante los medios...” ¿Tal vez dijo alguna frase imprudente?

Ninguna. Lo que dije en ese momento lo vuelvo a repetir: El exmagistrado Pretelt tendrá que demostrar que su actuación en la adquisición de esos predios fue diligente, apegada a derecho y que, de ninguna manera, se aprovechó de la situación de los reclamantes.

“Normas de extinción y recuperación de baldíos hechas para que no funcionen”

El récord de enredos judiciales en los casos de recuperación de tierras de la Nación, de extinción de dominio o de reclamos de los legítimos propietarios de predios ubicados en las zonas de mayor despojo, es impresionante: casi nunca se llega a conclusión rápida o fácil  ¿Por qué, en su opinión, ha sucedido esto?

 En nuestro país muchas de las normas están hechas para no funcionar y buen ejemplo de ello es la normatividad agraria que regula la extinción de dominio y la recuperación de baldíos. Conseguir éxito con estas normas es tan tortuoso que las extinciones duran 20 y 30 años sin que se resuelvan. Hace poco conocí el caso de una comunidad en Ciénaga, Magdalena, que lleva esperando 10 años a que el Consejo de Estado dicte el fallo para que la Agencia de Tierras les pueda entregar sus títulos. Y eso es así porque muchas de esas normas se hicieron de esa manera, adrede, para que no funcionaran. En materia penal, el tema aún es más complicado porque se formulan unas normas que, para su aplicación, demandan de una robustez estatal que estamos lejos de tener. Los casos del exmagistrado Pretelt o, por ejemplo, los del exgobernador Lyons, son vivo ejemplo de la precariedad de nuestro sistema judicial para definir procesos en un tiempo racional.