Bolsonaro deberá declarar por los ataques del 8 de enero, dijo la Corte Suprema
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tiene 10 días para testificar sobre los actos antidemocráticos que llevaron a cabo sus seguidores en el Congreso, el palacio presidencial y el Tribunal Supremo.
Un juez de la máxima corte de Brasil ordenó este viernes a la policía que convoque al expresidente Jair Bolsonaro en un plazo de diez días para declarar en el marco de una investigación por la asonada del 8 de enero en Brasilia por parte de miles de seguidores del ultraderechista.
“Determino que la Policía Federal proceda a la audiencia de Jair Messias Bolsonaro, en el plazo máximo de 10 días”, resolvió en su decisión el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
La policía no informó hasta el momento cuándo convocará a Bolsonaro.
El expresidente, quien se encontraba en Orlando, Estados Unidos, el día de los ataques a las sedes del STF, el Congreso y el Palacio presidencial del Planalto, comenzó a ser investigado por los actos vandálicos el 13 de enero por decisión de Moraes.
Fue incluido, a pedido de la fiscalía, en la investigación que busca determinar quiénes fueron los instigadores y autores intelectuales del saqueo a las sedes de los poderes públicos.
La fiscalía citó un video que el exmandatario subió a sus redes sociales el 10 de ese mes, dos días después de los ataques, cuestionando el resultado electoral de octubre pasado, cuando fue derrotado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las presidenciales de 2022.
“La audiencia de Bolsonaro es indispensable para el completo esclarecimiento de los hechos investigados”, manifestó Moraes en su decisión.
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Otras cuatro investigaciones
El 8 de enero, miles de seguidores radicalizados de Bolsonaro, disconformes con la victoria de Lula en las presidenciales, invadieron y vandalizaron las sedes de los tres poderes.
Clamaban por una intervención militar para derrocar a Lula da Silva, una semana después de su asunción.
Bolsonaro ha negado cualquier participación en los hechos vandálicos por parte de sus seguidores y por los que hubo más de 1.800 detenidos.
El expresidente (2019-2022) regresó a Brasil el 30 de marzo, tras haber dejado el país dos días antes de la toma de posesión de Lula, el 1 de enero.
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El 5 de abril, tuvo que prestar declaración ante la policía federal, en la investigación abierta por el ingreso irregular de valiosas joyas regaladas por Arabia Saudita en 2021.
El exmandatario enfrenta otras cuatro investigaciones en el máximo tribunal con penas susceptibles de prisión, además de más de una decena de procesos administrativos en el Tribunal Superior Electoral por presunto abuso de poder político y económico durante el pleito electoral de 2022.
Además, al dejar la presidencia y perder su fuero privilegiado, una decena de pedidos de investigación recibidos por el STF comenzaron además a ser derivados a primera instancia de la justicia ordinaria para análisis.
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Fue incluido, a pedido de la fiscalía, en la investigación que busca determinar quiénes fueron los instigadores y autores intelectuales del saqueo a las sedes de los poderes públicos.
La fiscalía citó un video que el exmandatario subió a sus redes sociales el 10 de ese mes, dos días después de los ataques, cuestionando el resultado electoral de octubre pasado, cuando fue derrotado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las presidenciales de 2022.
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Clamaban por una intervención militar para derrocar a Lula da Silva, una semana después de su asunción.
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El exmandatario enfrenta otras cuatro investigaciones en el máximo tribunal con penas susceptibles de prisión, además de más de una decena de procesos administrativos en el Tribunal Superior Electoral por presunto abuso de poder político y económico durante el pleito electoral de 2022.
Además, al dejar la presidencia y perder su fuero privilegiado, una decena de pedidos de investigación recibidos por el STF comenzaron además a ser derivados a primera instancia de la justicia ordinaria para análisis.
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