¿Detenciones secretas de la CIA?

Mañana, en el Capitolio, los senadores estadounidenses hablarán de John Brennan, a quien el presidente Barack Obama nombró para que asumiera la dirección de la CIA. Brennan parece no tener impedimento alguno. Hasta ahora se ha desempeñado como consejero presidencial contra el terrorismo y su amplia carrera en inteligencia, con participación dentro de esa agencia y el Centro Nacional contra el Terrorismo, le da la experiencia necesaria.

Las nominaciones presidenciales no suelen tener problemas en el Senado y la de Brennan no parece ser la excepción. Sin embargo, aun cuando no se ha posesionado, ya aparece en su agenda un tema incómodo con el que seguramente tendrá que lidiar: los aparentes operativos de tortura, detenciones secretas y entregas extraordinarias que la CIA habría coordinado después del 9-11, en colaboración con otros países, en el marco de su política antiterrorista.

Las denuncias parten de la organización de derechos humanos Open Society Justice Initiative (OSJI), basada en Nueva York, que acaba de publicar un informe sobre las aparentes irregularidades cometidas por Estados Unidos con la complicidad de 54 naciones de diferentes regiones del mundo. De acuerdo con el documento, “no cabe la menor duda de que altos funcionarios de la administración Bush son responsables de haber autorizado las violaciones de derechos humanos relacionadas con las detenciones secretas y entregas extraordinarias de personas, y la impunidad de que han disfrutado hasta la fecha sigue siendo motivo de gran preocupación”.

Según la OSJI, en países como Jordania, Egipto, Pakistán y Afganistán existe documentación sobre la existencia de cárceles secretas, entre cuyas prácticas se contaba la tortura. No obstante, reclusorios de este tipo no sólo se limitaron a la región islámica, sino que también estuvieron dispuestos en países como Irlanda, Chipre, Islandia, Polonia, Lituania y Rumania. Incluso, dice el informe, varios de los países implicados habrían permitido el uso de sus espacios aéreos, aeropuertos e infraestructura para la entrega de prisioneros detenidos secretamente.

Entre ese grupo de naciones estarían Canadá y el Reino Unido, que no sólo habría prestado su espacio aéreo para las operaciones, también habría dado una mano en la entrega irregular de prisioneros detenidos en secreto, así como en interrogatorios. En la lista de países de Europa que presuntamente desempeñaron un papel en las operaciones también se encuentran Alemania, Portugal y España.

El documento de la OSJI, del mismo modo, contiene datos que resultan sorprendentes bajo la coyuntura actual. Por ejemplo, que Siria —hoy en guerra— fue el destino más usual de los detenidos, y que Irán —una de las tensiones diplomáticas constantes de Estados Unidos— entregó a más de 15 personas durante la invasión estadounidense a Afganistán. De otra parte, y de acuerdo con el informe, Israel no está incluido en el grupo de países colaboradores.

Una de las denuncias más graves tiene que ver con la impunidad que siguió a todos estos operativos: “Mientras que los tribunales de Estados Unidos cerraron sus puertas a las víctimas de detenciones secretas y las operaciones de entregas extraordinarias, la participación de gobiernos extranjeros en estas operaciones está siendo competencia de los tribunales de todo el mundo”.

Mañana, en el Capitolio, los senadores estadounidenses hablarán de John Brennan, a quien el presidente Barack Obama nombró para que asumiera la dirección de la CIA. Brennan parece no tener impedimento alguno. Hasta ahora se ha desempeñado como consejero presidencial contra el terrorismo y su amplia carrera en inteligencia, con participación dentro de esa agencia y el Centro Nacional contra el Terrorismo, le da la experiencia necesaria.

Las nominaciones presidenciales no suelen tener problemas en el Senado y la de Brennan no parece ser la excepción. Sin embargo, aun cuando no se ha posesionado, ya aparece en su agenda un tema incómodo con el que seguramente tendrá que lidiar: los aparentes operativos de tortura, detenciones secretas y entregas extraordinarias que la CIA habría coordinado después del 9-11, en colaboración con otros países, en el marco de su política antiterrorista.

Las denuncias parten de la organización de derechos humanos Open Society Justice Initiative (OSJI), basada en Nueva York, que acaba de publicar un informe sobre las aparentes irregularidades cometidas por Estados Unidos con la complicidad de 54 naciones de diferentes regiones del mundo. De acuerdo con el documento, “no cabe la menor duda de que altos funcionarios de la administración Bush son responsables de haber autorizado las violaciones de derechos humanos relacionadas con las detenciones secretas y entregas extraordinarias de personas, y la impunidad de que han disfrutado hasta la fecha sigue siendo motivo de gran preocupación”.

Según la OSJI, en países como Jordania, Egipto, Pakistán y Afganistán existe documentación sobre la existencia de cárceles secretas, entre cuyas prácticas se contaba la tortura. No obstante, reclusorios de este tipo no sólo se limitaron a la región islámica, sino que también estuvieron dispuestos en países como Irlanda, Chipre, Islandia, Polonia, Lituania y Rumania. Incluso, dice el informe, varios de los países implicados habrían permitido el uso de sus espacios aéreos, aeropuertos e infraestructura para la entrega de prisioneros detenidos secretamente.

Entre ese grupo de naciones estarían Canadá y el Reino Unido, que no sólo habría prestado su espacio aéreo para las operaciones, también habría dado una mano en la entrega irregular de prisioneros detenidos en secreto, así como en interrogatorios. En la lista de países de Europa que presuntamente desempeñaron un papel en las operaciones también se encuentran Alemania, Portugal y España.

El documento de la OSJI, del mismo modo, contiene datos que resultan sorprendentes bajo la coyuntura actual. Por ejemplo, que Siria —hoy en guerra— fue el destino más usual de los detenidos, y que Irán —una de las tensiones diplomáticas constantes de Estados Unidos— entregó a más de 15 personas durante la invasión estadounidense a Afganistán. De otra parte, y de acuerdo con el informe, Israel no está incluido en el grupo de países colaboradores.

Una de las denuncias más graves tiene que ver con la impunidad que siguió a todos estos operativos: “Mientras que los tribunales de Estados Unidos cerraron sus puertas a las víctimas de detenciones secretas y las operaciones de entregas extraordinarias, la participación de gobiernos extranjeros en estas operaciones está siendo competencia de los tribunales de todo el mundo”.