:format(jpeg)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elespectador/Y3IMRJJFFFHYVM6RCBJVSJZDPM.jpeg)
“Subordinación y constancia” son los pilares sobre los cuales se pone en pie la Policía boliviana. La entidad fue parte de los momentos clave en la historia del país, actuó como brazo represor de los gobiernos dictatoriales y en 2003 se puso del lado de las reivindicaciones sociales. A mediados de la década del 90 persiguió a Evo Morales y luego estuvo a su lado durante casi los 14 años de su mandato. En 2019 nuevamente se puso del lado de las revueltas populares y solicitó la renuncia de Morales. En junio de 2010 el comandante Óscar Nina ya advirtió que la corrupción era el mayor mal de la entidad; luego Nina fue detenido por ganancias ilícitas… no fue el único que destiñó el traje verde olivo.
La fuerza de la ley
La dictadura en Bolivia empezó el 4 de noviembre de 1964 y terminó el 10 de octubre de 1982. Durante estos años, los militares mandaban en el país y se unieron con la Policía para mantener el orden. Fueron tiempos en los cuales se instauraron las celdas políticas, a donde iban a parar quienes se oponían a los diferentes regímenes autoritarios o, como decía el general Hugo Banzer Suárez que gobernó con mano dura durante siete años, en Bolivia se quería: “Orden, paz y trabajo”.
Aquellos años se organizó una clandestina tercera fuerza armada, los paramilitares. Éstos no eran policías ni militares pero tenían carta blanca para actuar. Luis Espinal –sacerdote periodista y crítico de cine– y Marcelo Quiroga Santa Cruz –político y escritor– fueron dos de los centenares de víctimas de esta represión.
Policía y Ejército
La Policía está a cargo del Ministerio de Gobierno y las Fuerzas Armadas responden al Ministerio de Defensa. Los militares se encuentran preparados para un eventual conflicto bélico, mientras que la tarea principal de los agentes de la Policía es resguardar el orden. El 12 de abril de 2003 ambos bandos se enfrentaron.
Todo empezó con un motín policial contra el “impuestazo” de Gonzalo Sánchez de Lozada (recorte de gastos estatales y creación de un impuesto a los salarios). Ante la falta de atención, los agentes dejaron de trabajar y el caos invadió la ciudad de La Paz. Hubo turbas que saquearon negocios y el mismo centro del poder quedó indefenso. Es más un grupo de estudiantes de secundaria, en plena protesta, llegó a apedrear la misma Casa de Gobierno.
La ciudad era un campo de batalla donde los militares enfrentaron a los policías amotinados. Ambos bandos desplegaron francotiradores y el recuento de la refriega fue de 9 policías, 4 militares y 3 civiles muertos. El gobierno de Sánchez de Lozada reculó, no llegó a aplicar el “impuestazo” pero su imagen fue en picada hasta que en octubre renunció al cargo tras varias jornadas de protesta.
La Policía en tiempos de Evo
Cuando Evo Morales era dirigente cocalero (en la década del 90 y a inicios del nuevo milenio), él era uno de los objetivos de los agentes policiales y la Unidad Móvil de Patrullaje Rural, que se encargaban de la erradicación de cocales excedentarios en el Chapare y que según Morales, como siempre recalcaba, contaba con el adiestramiento de efectivos de la DEA (Agencia Antidrogas Estadounidense).
De aquella época existe una foto histórica en la cual Morales recibe una patada de un efectivo del orden, en Chapare. Y también es parte de la historia aquella frase que le soltó a un policía cuando estaba encarcelado en Copacabana, en 1995: “Oficial, este indio de mierda va a ser tu presidente”.
Así fue. Durante su gobierno (2006-2019) hubo al menos dos momentos complicados para los agentes del orden. El 25 de septiembre de 2011, en la región beniana de Chaparina, la Policía reprimió la marcha de los originarios de tierras bajas, que llevaban su voz de protesta a La Paz contra la construcción de una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis).
Gaseados, maniatados y golpeados la marcha fue disuelta. Por entonces Sacha Llorenti –reconocido exdefensor de derechos humanos– era ministro de Gobierno, luego de la represión en Chaparina fue enviado a Estados Unidos, como embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas.
Otro momento crítico sucedió en abril de 2016. Bajo el lema “¡Renta o muerte!”, las personas discapacitadas solicitaron un bono de 72 dólares al Ejecutivo. Luego de una lenta y sufrida marcha, los manifestantes llegaron hasta inmediaciones de la Plaza Murillo, centro político de Bolivia en La Paz. Allí se encontraron con una valla de más de dos metros de altura y un contingente policial con equipo antidisturbios que resguardaba el centro del poder. En un momento de tensión, aproximadamente medio millar de protestantes fue gaseado, incluso a algunas personas discapacitados les rociaron con químicos en el rostro.
Hubo otros problemas más, aunque de menor intensidad. El 24 de mayo de 2018 la muerte de Jonathan Quispe Vila (20 años) puso en jaque a la Policía y al Ministerio de Gobierno. Por entonces, la Universidad Pública de El Alto solicitaba presupuesto y cuestionaba la opcón de reeleción de Morales a la Presidencia. En una de esas protestas, al joven le dispararon una canica de vidrio y murió.
En primera instancia el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó: “El asesinato fue provocado por los propios manifestantes”, pero las protestas en El Alto, bastión histórico del gobernante Movimiento Al Socialismo, no cedieron. Días después Romero presentó al policía que, supuestamente, disparó aquel proyectil y la autoridad determinó que habría actuado por “cuenta propia”.
Sumado a esto, oficiales involucrados en violaciones, otros atacados por comunarios y los vinculados con el hampa fueron también un dolor de cabeza para la gestión de Morales. Uno de los casos emblemáticos es el de René Sanabria, máxima autoridad en la lucha contra las drogas, que fue detenido en Panamá en febrero de 2011. La DEA, expulsada de Bolivia en 2008, se encargó del operativo que mandó a una cárcel estadounidense a Sanabria.
En junio de 2010, el comandante verde olivo Oscar Nina dijo que la corrupción era el mayor flagelo de la entidad. Señaló que los agentes policiales están estigmatizados como “los campeones de los violadores de derechos humanos”, y dio un plazo para acabar con este flagelo, pero nunca logró cumplir su objetivo. Fue destituido, acusado de corrupción y luego condenado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
El encontronazo más fuerte de Morales con la Policía fue en 2019. Tras las cuestionadas presidenciales de octubre de ese año la Policía se amotinó contra Morales. El primer estallido de protesta fue en la ciudad de Cochabamba, el 8 de noviembre, luego el motín se replicó en los nueve departamentos. Los militares, a diferencia de 2003, no enfrentaron a los policías, sino que se sumaron a la solicitud de renuncia. El expresidente huyó de Bolivia el 11 de noviembre.
Tras los hechos de 2019 volvió a abrirse una vieja herida en la entidad del orden. En la actualidad, el término despectivo para referirse a los oficiales es “motines”. El nuevo comandante policial, Jhonny Aguilera, anunció que la Policía no volverá a insubordinarse y aseguró que vendrán nuevos vientos para la institución. Aguilera ya fue señalado de corrupción por un narcotraficante; él lo negó todo.
*Erick Ortega - La Paz, Bolivia (Especial para El Espectador)