El Estatuto de Protección para Venezolanos cumple dos años: sus éxitos y falencias

Una de las urgencias para Colombia es la de combatir las redes de tráfico y trata de personas por la ruta del Darién.

Foto: EFE - Jose Jacome

El pasado mes de mayo se cumplieron dos años del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), la iniciativa puesta en marcha por el Estado colombiano para lidiar con la ola migratoria proveniente de Venezuela que ha permitido regularizar la estancia en el país de cientos de miles de ciudadanos de ese país y facilitarles la ruta para su integración socioeconómica.

En tiempos de gran polarización política esta política pública ha sido una excepción pues se ha desarrollado en un clima de consenso nacional. El ETPV fue puesto en marcha por el gobierno de Iván Duque y, en la práctica, ha sido una continuación, perfeccionada y con un mayor alcance, de las acciones tomadas por su predecesor, Juan Manuel Santos, en cuyo gobierno se adelantaron las primeras decisiones para encauzar el fenómeno migratorio venezolano a través del Permiso Especial de Permanencia (PEP).

La actual administración de Gustavo Petro, aunque ha tenido una actuación bastante más discreta en el tema migratorio que los gobiernos anteriores, ha continuado aplicando el ETPV, un mecanismo ideado para diez años con el fin de que los migrantes tengan estatus regular durante ese tiempo mientras van cumpliendo las condiciones para acceder a visas de residencia.

La estrategia seguida por Colombia a través del ETPV ha despertado también un gran reconocimiento internacional, pues siendo el fenómeno migratorio venezolano uno de los más grandes del mundo, si no el mayor, con 7,3 millones de personas que han salido de su país en pocos años, Colombia ha sido capaz no solo de recibir al 39% de ese éxodo, nada más ni nada menos que 2,8 millones de venezolanos, sino de establecer el camino para su integración en el país, algo muy distinto a lo sucedido en otros países de la región.

Los resultados del ETPV son elocuentes. A la fecha, 2.474.599 venezolanos se han inscrito en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y han sido aprobados 1.839.638 Permisos por Protección Temporal (PPT), de los cuales han sido entregados a sus beneficiarios 1.718.811. Además, 2.124.291 ya han completado su registro biométrico, lo que indica que las cifras de venezolanos regularizados crecerán en las próximas semanas y meses.

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Recientemente, se abrió el proceso a través del cual los venezolanos que hayan cumplido cinco años de permanencia en el país con el PEP o el PPT pueden acceder a una visa de residencia. Se trata de un paso muy grande en el camino de la integración de los migrantes en la sociedad colombiana, aunque el alto costo de este trámite (544,25 dólares) puede convertirse en una barrera para grupos familiares, muchos de los cuales viven en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, más allá de estas buenas noticias, los asuntos migratorios no han sido prioritarios en la agenda gubernamental de Gustavo Petro que se ha enfocado en tópicos como las negociaciones de paz con grupos armados y las reformas socioeconómicas y políticas que le ha propuesto al país. La migración no está presente en su discurso y, además, es un tema que prefiere plantear en el plano multilateral y no en el bilateral con Venezuela, quizás para no generar ruido con el país vecino que ha tenido una posición negacionista al respecto. En los múltiples encuentros que han mantenido los presidentes colombiano y venezolano los migrantes no han estado presentes en las conversaciones.

Esta falta de preeminencia de la migración en la acción del gobierno puede apreciarse, entre otras cosas, en la ralentización de las entregas de PPT y la menor comunicación que Migración Colombia ha mantenido con la comunidad migrante, especialmente a través de las redes sociales, sobre todo si lo comparamos con los resultados que se vieron en el gobierno anterior. Igualmente, se ha reducido la transparencia sobre las cifras migratorias que no están siendo actualizadas como en el pasado.

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Los temas migratorios quedaron por fuera del articulado del Plan Nacional de Desarrollo, a pesar de que esta población ya representa el 5,54 % de los habitantes del país y no está claro qué instancia gubernamental ejerce el liderazgo para manejarlos, como era el caso de la Gerencia de Fronteras, adscrita a la Presidencia de la República, eliminada al comienzo de este gobierno.

Investigaciones periodísticas y clínicas jurídicas que atienden a migrantes dan cuenta que el número de solicitudes de PPT denegadas ha venido en aumento y, como no se han anunciado nuevos procesos de regularización, es probable que la cifra de 311.729 migrantes irregulares anunciada por Migración Colombia, con corte a octubre de 2022, siga aumentando con todas las consecuencias negativas que este hecho puede traer.

Es importante que Colombia no pierda el impulso que traía para abordar el reto migratorio. Ha estado en la vanguardia internacional, según tirios y troyanos, y se ha diferenciado positivamente de otros países de la región que han adoptado políticas más restrictivas y menos comprensivas con las víctimas del drama venezolano. Bien vale el esfuerzo.

*Txomin Las Heras Leizaola es investigador adscrito del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, así como presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.

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