En tres meses, Rousseff sacó a cuatro ministros por corruptos

La voluntad sin precedentes de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, de enfrentar la corrupción cobró fuerza con la dimisión del ministro de Turismo, el cuarto que deja el gobierno en 100 días tras ser blanco de denuncias, y alienta un masivo movimiento ciudadano.

"El grado de tolerancia de la presidenta ante las denuncias de corrupción es menor que el de (su antecesor y padrino político Luiz Inacio) Lula (da Silva) y otros presidentes, que blindaban y protegían a los políticos denunciados", dijo a la AFP el secretario general de la ONG Contas Abertas, Gil Castello Branco. "Si hay actos indebidos constatados en el gobierno, adoptaré medidas", ha afirmado en varias ocasiones la presidenta.

El ministro de Turismo Pedro Novais se convirtió el miércoles en el cuarto forzado a renunciar en 100 días, tras denuncias de que pagaba a empleados de su casa con dinero del Congreso. La policía investiga en paralelo a la cartera y ordenó la detención de 38 de sus funcionarios por millonarios desvíos públicos. En agosto cayó el ministro de Agricultura, Wagner Rossi, tras denuncias sobre presuntos desvíos en su cartera y sus relaciones con una empresa agraria; en julio el de Transportes, Alfredo Nascimento, también por denuncias de corrupción, y en junio dimitió el ministro jefe de Gobierno Antonio Palocci, acusado de rápido enriquecimiento cuando era diputado.

La actitud de la presidenta de reclamar la salida del gabinete de sus ministros blanco de denuncias es un reflejo de una sociedad menos tolerante con la corrupción, y coincide con un movimiento ciudadano que comienza a organizarse, explicó el responsable de Contas Abertas, ONG que investiga desvíos de dinero público. "La sociedad está acompañando este momento de una forma que ya no es pasiva. En raras oportunidades la población brasileña se movilizó, y lo estamos haciendo ahora. Esperamos que la limpieza en la política continúe", expresó.

El pasado 7 de septiembre, 25.000 brasileños se manifestaron en Brasilia contra la corrupción, en una protesta organizada a través de redes sociales en internet. Otra masiva manifestación anticorrupción ha sido convocada el próximo martes en Rio de Janeiro. Pero la acción del gobierno contra la corrupción tiene sus límites y no es tan fuerte como se esperaba inicialmente, especialmente por la necesidad de garantizar la gobernabilidad, evaluó a la AFP el politólogo Everaldo Moraes. "Rousseff busca una paz con la opinión pública, mostrando que no es tolerante con la corrupción, pero al mismo tiempo intenta no incendiar la relación con sus aliados", afirma Moraes.

De los cuatro ministros que dejaron el gobierno por acusaciones de corrupción, sólo uno, Palocci, pertenece al gobernante Partido de los Trabajadores. Dos son del Partido del Movimiento Democrático (PMDB, centro), el mayor aliado del gobierno, y otro del Partido de la República (PR, centroderecha). Según Moraes, la presidenta ha mantenido las prácticas de siempre de la política brasileña, como "poner los ministerios en manos de partidos aliados, que tal vez sea lo más peligroso en términos de corrupción: la falta de control del gobierno sobre los propios ministerios".

La corrupción en la política brasileña pone en evidencia una práctica arraigada y difícil de controlar: el reparto por el presidente de altos cargos del gobierno entre partidos aliados a cambio de apoyo parlamentario, explicó recientemente a la AFP el director de la ONG Transparencia Brasil, Claudio Abramo.

Según Abramo, el gobierno brasileño tiene 60.000 cargos de confianza, contra 9.000 en Estados Unidos, una situación que se reproduce en escala aún mayor y más difícil de controlar en los 27 estados y más de 5.000 municipios.  Rousseff, una ex guerrillera de 63 años, heredera política del izquierdista de Lula y en el poder desde el 1 de enero, cuenta con una alianza de nueve partidos. El PR dejó recientemente la coalición enojado con la salida de su ministro, el de Transportes, del gabinete.

Un quinto ministro, el de Defensa, Nelson Jobim (PMDB), dejó el gobierno en agosto tras criticar públicamente a otros miembros del gabinete.

La voluntad sin precedentes de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, de enfrentar la corrupción cobró fuerza con la dimisión del ministro de Turismo, el cuarto que deja el gobierno en 100 días tras ser blanco de denuncias, y alienta un masivo movimiento ciudadano.

"El grado de tolerancia de la presidenta ante las denuncias de corrupción es menor que el de (su antecesor y padrino político Luiz Inacio) Lula (da Silva) y otros presidentes, que blindaban y protegían a los políticos denunciados", dijo a la AFP el secretario general de la ONG Contas Abertas, Gil Castello Branco. "Si hay actos indebidos constatados en el gobierno, adoptaré medidas", ha afirmado en varias ocasiones la presidenta.

El ministro de Turismo Pedro Novais se convirtió el miércoles en el cuarto forzado a renunciar en 100 días, tras denuncias de que pagaba a empleados de su casa con dinero del Congreso. La policía investiga en paralelo a la cartera y ordenó la detención de 38 de sus funcionarios por millonarios desvíos públicos. En agosto cayó el ministro de Agricultura, Wagner Rossi, tras denuncias sobre presuntos desvíos en su cartera y sus relaciones con una empresa agraria; en julio el de Transportes, Alfredo Nascimento, también por denuncias de corrupción, y en junio dimitió el ministro jefe de Gobierno Antonio Palocci, acusado de rápido enriquecimiento cuando era diputado.

La actitud de la presidenta de reclamar la salida del gabinete de sus ministros blanco de denuncias es un reflejo de una sociedad menos tolerante con la corrupción, y coincide con un movimiento ciudadano que comienza a organizarse, explicó el responsable de Contas Abertas, ONG que investiga desvíos de dinero público. "La sociedad está acompañando este momento de una forma que ya no es pasiva. En raras oportunidades la población brasileña se movilizó, y lo estamos haciendo ahora. Esperamos que la limpieza en la política continúe", expresó.

El pasado 7 de septiembre, 25.000 brasileños se manifestaron en Brasilia contra la corrupción, en una protesta organizada a través de redes sociales en internet. Otra masiva manifestación anticorrupción ha sido convocada el próximo martes en Rio de Janeiro. Pero la acción del gobierno contra la corrupción tiene sus límites y no es tan fuerte como se esperaba inicialmente, especialmente por la necesidad de garantizar la gobernabilidad, evaluó a la AFP el politólogo Everaldo Moraes. "Rousseff busca una paz con la opinión pública, mostrando que no es tolerante con la corrupción, pero al mismo tiempo intenta no incendiar la relación con sus aliados", afirma Moraes.

De los cuatro ministros que dejaron el gobierno por acusaciones de corrupción, sólo uno, Palocci, pertenece al gobernante Partido de los Trabajadores. Dos son del Partido del Movimiento Democrático (PMDB, centro), el mayor aliado del gobierno, y otro del Partido de la República (PR, centroderecha). Según Moraes, la presidenta ha mantenido las prácticas de siempre de la política brasileña, como "poner los ministerios en manos de partidos aliados, que tal vez sea lo más peligroso en términos de corrupción: la falta de control del gobierno sobre los propios ministerios".

La corrupción en la política brasileña pone en evidencia una práctica arraigada y difícil de controlar: el reparto por el presidente de altos cargos del gobierno entre partidos aliados a cambio de apoyo parlamentario, explicó recientemente a la AFP el director de la ONG Transparencia Brasil, Claudio Abramo.

Según Abramo, el gobierno brasileño tiene 60.000 cargos de confianza, contra 9.000 en Estados Unidos, una situación que se reproduce en escala aún mayor y más difícil de controlar en los 27 estados y más de 5.000 municipios.  Rousseff, una ex guerrillera de 63 años, heredera política del izquierdista de Lula y en el poder desde el 1 de enero, cuenta con una alianza de nueve partidos. El PR dejó recientemente la coalición enojado con la salida de su ministro, el de Transportes, del gabinete.

Un quinto ministro, el de Defensa, Nelson Jobim (PMDB), dejó el gobierno en agosto tras criticar públicamente a otros miembros del gabinete.