'Es el momento de la moderación en Venezuela'

Desde que Nicolás Maduro llegó al poder en Venezuela, la política de ese país ha estado enfrascada en un ir y venir de acusaciones entre el oficialismo y la oposición, especialmente respecto al supuesto “fraude” electoral por el cual el sucesor de Hugo Chávez llegó al poder. Las vías jurídicas internas para solucionar la pelea parecen muertas desde que el miércoles pasado el Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible la impugnación de las elecciones presidenciales. Ahora a la oposición solo le queda presentar sus argumentos ante tribunales internacionales, aunque sin mucha esperanza de que estas instancias vayan a influir en las decisiones de la Justicia venezolana.

Gustavo Palomares es director del Instituto de Altos Estudios Europeos (IAEE), catedrático en la UNED de España y encabezó en abril pasado la Misión Electoral Internacional en Venezuela. En su opinión, en medio de la extrema polarización política que vive el país, se ha dejado en el olvido la compleja situación que enfrenta la economía nacional, y la nación está a punto de caer en un colapso económico. Para Palomares, en medio de las posiciones políticas tan distintas, es el momento de buscar puntos de entendimiento que favorezcan los intereses de los venezolanos.

¿Cuál es su balance de los primeros días de Maduro en el poder?

Hago un balance crítico. Es un gobierno que se encuentra discutido políticamente, con ese nivel de enfrentamiento, a todas las discusiones que despierta el problema de la legitimidad no solo en el país sino en algunos ámbitos internacionales, se le suma que en estos 100 días se ha incrementado la inflación llegando al record del 25%, muy superior al ajuste salarial, además de la escases en la distribución y acceso a 10 de los 14 productos básicos de la canasta familiar, la vuelta a las expropiaciones y a la inseguridad jurídica, el incremento del endeudamiento y la falta de fondos de tesorería nacional en una proyección a 15 días visto. Por si fuera poco, Datanálisis en su última encuesta señala que el 58% de los venezolanos considera ruinosa la situación económica y demandaría cambios profundos, e incluso un 52.2% de los partidarios del gobierno opina que es urgente un cambio de la política y que incluso el sector privado tiene que ocupar un papel como motor activador de la economía. Creo que si Venezuela sigue así en aproximadamente un mes se acerca peligrosamente al precipicio.

¿Cómo empezar a salir de la crisis?

Hay un escenario de enfrentamiento político y de falta de una legitimidad claramente reconocida y asentada. Hay problemas internacionales a la hora de refundar un liderazgo que en Venezuela en este momento se encuentra en punto muerto. A todos los problemas económicos se les suma también la caída de precios del petróleo, una caída de la producción del 16%. La situación es muy preocupante. El análisis político y diplomático que habría que hacer a partir de este escenario crítico en el que se encuentra Venezuela es que, si hay que buscar una salida, tanto el gobierno como la oposición tienen que tener en cuenta ese escenario. Todas las decisiones políticas que pudiera tener la oposición como consecuencia del rechazo de las impugnaciones, o de la nueva estrategia de recurso a los ámbitos y órganos jurisdiccionales internacionales, tiene que tener en cuenta que la oposición tiene que ser copartícipe de esta situación crítica en la que se encuentra el país.

¿Cómo ve el rechazo a la impugnación de las elecciones por pate del Tribunal Supremo de Justicia?

Esta impugnación es una crónica de una resolución jurídica anunciada. Hay dos planos de análisis: uno, es claro que la inadmisibilidad de la impugnación presentada por la oposición, estriba en gran parte en algo que nosotros hemos estudiado de forma profunda, analítica y científica, en el informe que hizo el IAEE sobre las elecciones del 14 de abril. Hay una gran duda sobre la permeabilidad del Tribunal Superior de Justicia. Incluso la duda iría más sobre su sala constitucional, respecto a la voluntad y al lineamiento del gobierno. Si hay un órgano que tiene que asegurar la objetividad y ser el elemento equilibrador dentro de los poderes del Estado, debe ser la Corte Constitucional en cualquier país. En este caso concreto de Venezuela, la imparcialidad de los 32 magistrados está claramente en entredicho, no solo porque hayan existido muestras de simpatía, por ejemplo la expresidenta Luz Estela Morales luciendo el brazalete chavista en los funerales de Chávez, sino porque desde 2007 no ha existido ninguna resolución jurídica por parte del Tribunal Superior contrario al gobierno. Son seis años sin ninguna decisión jurídica que haya puesto la más mínima duda sobre las decisiones que ha tomado el gobierno.

Y no solamente eso. El primer párrafo de la sentencia del 8 de marzo, en la que el Tribunal Superior autoriza a Nicolás Maduro a ser candidato a la presidencia en una interpretación muy discutible del artículo 229 de la Constitución -donde expresamente se prohíbe que el vicepresidente se presente a elecciones- empieza haciendo loas del presidente, del partido de gobierno, etc. Desde el punto de vista de todos los expertos que hemos consultado, están clarísimos los indicios de que este órgano tiene una condición y una conducta prevaricadora en algunas de las sentencias que ha dictado. ¿Cuál es la situación actual? Muy probablemente es que se ha llegado a una vía muerta jurídica la presentación de esas impugnaciones y ahora hay que ir, como ya lo ha dicho el líder de la MUD, a las instancias internacionales.

El Tribunal dijo que la oposición no presentó suficientes pruebas para la impugnación.

Hay una parte de razón en la ponencia conjunta de la sala constitucional que rechaza y declara inadmisible las impugnaciones contra los comicios presidenciales, cuando dice que existe una falta de claridad y precisión en las pruebas presentadas, que no exponen motivos suficientes. Nuestro gabinete jurídico, que ha analizado perfectamente la presentación de la impugnación y la ponencia de la sala constitucional, coincide en que efectivamente ha existido una falta de claridad y precisión en las pruebas presentadas. Es claro que en el ámbito jurídico solo y exclusivamente existe aquello que se puede probar. En gran parte de lo que ha presentado la MUD se ve una gran debilidad. Consideramos que hubiera sido más acertado escoger cuatro, cinco o seis casos como una prueba inequívoca de que hubo una vulneración de principios y derechos básicos, entre ellos la libertad de ejercicio del voto y la libertad del derecho de representación. En nuestro informe presentamos tres o cuatro casos concretos, netamente documentados con entrevistas, actas, imágenes, etc.

Otra estrategia hubiera sido que en esos cinco o seis casos se hubiera abordado lo que nosotros planteamos, que es una nulidad del proceso a tenor de esa sentencia del 8 de marzo. Hubiera sido muy interesante que, por ejemplo, en la impugnación presentada, se hubieran adjuntado algunos peritos, como algunos catedráticos de derecho constitucional y derecho internacional, que hubieran juzgado si efectivamente esa sentencia del 8 marzo podía caer en alguna conducta prevaricadora. Pero pesó más la precipitación y el calor político que el análisis técnico, procesal, jurídico, en la presentación de las impugnaciones por parte de la MUD.

La oposición parece muy enfrascada en dar la pelea por la legitimidad, mientras tanto el país está en crisis.

Ha pesado más la discusión de la legitimidad del gobierno, el calor del fragor político con la vista hacia atrás, hacia las elecciones, que presentarse como una verdadera alternativa de gobierno. A los venezolanos por supuesto que les importa si tienen un gobierno legítimo o no, pero lo que pesa, y donde Maduro se la juega y se la juega el país, es en el terreno de lo económico. Lo que más les interesa a los venezolanos es llegar al mercado y encontrar papel higiénico, huevos… poder comprar una casa y que no se la vayan a expropiar, salir y que no los vayan a atracar o matar en la calle. La oposición ha hecho más una labor ad intra de la digestión de la derrota, o el “fraude” electoral, y no tanto en ser una alternativa de gobierno. Los venezolanos lo que quieren de la oposición es que se consolide, que se demuestre una verdadera alternativa.

¿Cómo evitar el colapso económico?

Hemos visto que han sacado una emisión de deuda y han sacado al ministro de Economía, a ver si la cosa se reorienta, pero es que estamos hablando de unos fondos de tesorería que no van más allá de una proyección de gasto a 15 días. Ante esta situación, con independencia de que el gobierno tenga su estrategia política y la oposición tenga su contencioso jurídico interno y pueda ir a las instancias internacionales -que creo que es imprescindible que lo hagan-, está claro que hay que abrir un espacio a las posiciones moderadas, por lo menos a una solución transicional sin renunciar a las posiciones políticas que puedan defender cada una de las partes. Hay que abrir un escenario para buscar ciertos elementos de entendimiento, una salida institucional, incluso constitucional, a ámbitos que son indispensables. Es el momento de dar una salida a un país que camina peligrosamente al precipicio. Está situación está hipotecando, sin duda, la apuesta futura de varias generaciones de venezolanos. Es el momento abrir una línea de prudencia y de entendimiento.

¿Cómo va a ser el proceso de ir a las instancias internacionales?

Creo que existe una clara vulneración de principios y de derechos básicos y de segunda generación, de derechos fundamentales que alteran sin duda la libertad de ejercicio del voto, así como el principio y el derecho de la libre representación y el ejercicio libre e inmune de la representación. Me parece absolutamente claro que, ya sea a título individual o colectivo, habría que ir en el ámbito regional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que habría que acudir antes del 10 de septiembre, cuando se hace efectiva la retirada de Venezuela del universo de protección de derechos en el ámbito regional, y por tanto de la Comisión y de la Corte Interamericana. Antes de esa fecha, hay que presentar esa denuncia clara y abierta de la violación de principios y derechos básicos fundamentales. En el ámbito universal parece claro que es a Naciones Unidas a donde hay que ir.

Sin embargo, Venezuela en los últimos cuatro años no ha admitido ni ha cumplido ninguna de las recomendaciones de estas organizaciones, que le afectaban de forma directa en denuncias presentadas por individuales a la Corte, como por ejemplo la denuncia presentada por Leopoldo López cuando se le negó su estatus para presentarse como candidato a las presidenciales de 2012. Venezuela lo que alega es el principio de no injerencia en los asuntos internos, y es claro que un órgano internacional de estas características no crea una condicionalidad, un obligado cumplimiento de la normativa del derecho internacional frente a las disposiciones y normativa interna. En conclusión, la vía internacional hay que seguirla, pero hay muy pocas esperanzas.