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Este martes, la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) se reunirá para discutir “la situación constitucional” del mandato de Nicolás Maduro. En otras palabras, los diputados debatirán si el presidente ha incumplido con su responsabilidad y si ha atentado contra los derechos de los ciudadanos. Aunque existen ciertas herramientas legales para realizar dicho control político, la AN la tiene difícil si su propósito es buscar la destitución de Maduro (un objetivo que se vislumbra desde el apoyo riguroso de la bancada opositora al referendo revocatorio). A pesar de que el líder opositor Julio Borges dijo que Maduro sería sometido a un “juicio político”, tal figura no existe en Venezuela como sí existe en Brasil, donde sirvió para expulsar a la expresidente Dilma Rousseff de la presidencia.
Pese a ello, la Constitución deja abierta varias posibilidades para evaluar la gestión del mandatario. Estas son:
Falta absoluta
La Constitución declara que la AN puede declarar la falta absoluta del presidente por abandonar el cargo. Según abogados constitucionalistas consultados por el diario El Universal de Venezuela, el hecho de no garantizar los derechos humanos de los venezolanos ni de cumplir con solucionar los problemas de la nación puede declararse como abandono del cargo. Comprobarlo, sin embargo, será difícil: Maduro podría argüir que nunca ha dejado el cargo —lo cual es cierto, puesto que sigue en la presidencia— y presentar áreas en las que sí ha solucionado, al menos en apariencia, los problemas que acosan al país (como la creación de las CLAP, los colectivos de alimentos que buscan combatir el desabastecimiento).
En cualquier caso, la Constitución no define qué se entiende por abandono del cargo, de modo que los diputados podrían realizar una interpretación amplia. El opositor Henrique Capriles dijo que Maduro había abandonado el cargo cuando se fue de gira por los países del Golfo Pérsico el jueves pasado y que dicho viaje se había hecho sin autorización de la AN. Sin embargo, su argumento carecía de peso puesto que el presidente, a menos que su viaje sea superior a cinco días (y el de Maduro era de cuatro), no tiene que pedirle permiso a la AN y tampoco constituye un abandono del cargo. En caso de que exista un seguimiento de este tipo, el mandatario buscaría defenderse. Si la AN le prohíbe su derecho de defensa, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) podría aplicar medidas cautelares al mandatario para protegerlo y el proceso quedaría prácticamente anulado.
Además, en un juicio de esta suerte, los argumentos de defensa y acusación podrían extenderse demasiado, una jugada inconveniente para la oposición: si el debate se extiende hasta 2017 y Maduro sale del cargo, lo reemplazaría su vicepresidente. Si es retirado del cargo este año, se lanzan a nuevas elecciones. Sería un proceso demasiado desgastante y una pérdida política para la oposición.
Responsabilidad política
Una de las funciones de la AN es “ejercer funciones de control sobre el Gobierno”. En el mismo artículo, se estipula que “los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio”. La AN podría investigar a Maduro (que no es lo mismo que un juicio político), pero su destitución, en este caso, también tendría que ser definida por el Consejo Moral Republicano y el TSJ. Es en ese último organismo donde caería, dado que la influencia chavista allí es amplia. De nuevo, tomaría demasiado tiempo y resultaría inconveniente para la oposición.
En cualquiera de los dos casos, la AN tendría que comprobar que Maduro no ha ejercido su cargo como debe ser sin tener una real influencia en la decisión final. La oposición ha argüido que Maduro rompió la independencia de los poderes públicos cuando se anuló la recolección de firmas para el revocatorio, pero la relación, al menos en la práctica, no es tan clara, dado que la decisión de anularla fue del Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo en teoría independiente, y dado que tuvo su origen en las demandas de fraude que aceptaron tres jueces regionales en el país. Ligar la decisión de todas estas entidades con Maduro puede ser sencillo en la práctica retórica, pero difícil (quizá imposible) en la legal.
El obstáculo del TSJ
En enero pasado, el TSJ declaró a la AN “en desacato” por haber posesionado a tres diputados cuyas elecciones estaban frenadas por sendas demandas. Al declararlo en desacato, el TSJ aseguró que los diputados no podían tomar las decisiones que les incumbían y que cualquier proyecto de ley que tramitaran estaba, de entrada, muerto. De modo que cualquier decisión que la AN tome este martes o en las siguientes sesiones, mientras esté en desacato, no tendrán ningún efecto jurídico.