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La Comisión Europea estaría a punto de aprobar el plan de recuperación postcovid de Polonia, a pesar de las dudas que el bloque de países europeos tiene con respecto a la relación entre el gobierno de Varsovia y el sistema judicial. Así, se espera que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, firme el acuerdo con el que se podrían desembolsar 36.000 millones de euros.
El desembolso del dinero se ha demorado meses porque la Unión Europea ha visto con recelo el control que el gobierno nacionalista de derecha de Polonia ejerce sobre el sistema judicial. A cambio de este dinero de recuperación, Von der Leyen ha exigido desmantelar una cámara disciplinaria para jueces dentro de la Corte Suprema, cambiar el sistema disciplinario judicial y reincorporar a los jueces suspendidos.
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Solo la semana pasada, la cámara baja polaca votó para cerrar el órgano disciplinario utilizado para sancionar a los jueces, alcanzando una votación de 231 sufragios a favor, 208 en contra y 13 abstenciones. Sin embargo, una carta abierta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, firmada por once grupos legales y de derechos humanos, dice que este no es un cambio muy significativo. “El proyecto de ley contiene cambios cosméticos (...) y no satisface las expectativas formuladas por la Comisión”. Además, argumentan que la ley no garantiza la reincorporación de los jueces “suspendidos ilegalmente por la sala disciplinaria”, pero crea un procedimiento para examinar sus casos, que “no garantiza un juicio independiente e imparcial”.
Ahora bien, fuentes europeas le dijeron a The Guardian que aprobar el plan de recuperación no implica dar el dinero de inmediato. “Esta es la aprobación del plan, el primer paso para obtener ese dinero, uno importante, por supuesto, pero el más importante será si Polonia cumplirá lo que prometió”. Además, según afirmó Anna Wójcik, del instituto de democracia de la Universidad de Europa Central, al medio británico, “otorgar al gobierno polaco más libertad y tiempo en este proceso es una concesión innecesaria. Será contraproducente para la comisión y disminuirá la confianza de los defensores del Estado de derecho, en sus acciones como ‘guardianes de los tratados’”.
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