Argentina interviene a empresa concesionaria del tren siniestrado

El Gobierno de Argentina ha nombrado un interventor para administrar la compañía Trenes de Buenos Aires (TBA), concesionaria de la máquina siniestrada el miércoles pasado en la que murieron 51 personas."Está en juego el interés público, que nos impone resguardar la seguridad de los usuarios", ha dicho el ministro de Planificación, Julio de Vido, para justificar la medida. El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, ha pedido colaboración a los usuarios porque durante la fase de intervención tal vez haya "menos trenes" o se trabaje con "horarios distintos".

Durante un plazo de 15 días o más, si la investigación judicial se demorase, el ingeniero y funcionario Raúl Baridó quedará al mando de las líneas General Mitre y Sarmiento, con poderes administrativos, técnicos y operativos sobre ellas. De Vido ha indicado que actuaba bajo "precisas instrucciones" de la presidenta. Sin embargo, el anuncio ha llegado por sorpresa un día después de que Cristina Fernández de Kirchner anunciara que no tomaría ninguna medida hasta que la pericia judicial concluyera.

El Gobierno había recibido numerosas críticas por la gestión del accidente. Primero, porque la compañía y sus propietarios, quienes han visto prosperar sus negocios bajo los gobiernos de los Kirchner, habían recibido hasta tres informes negativos por parte de la Auditoría General de la Nación, donde se aseguraba que no invertían de forma suficiente en mantenimiento. Segundo, porque en la primera comparecencia pública tras la tragedia, el secretario de Transporte declaró que el número de víctimas no habría sido tan alto si en vez de un día laborable hubiese sucedido en un festivo o si los viajeros del tren no se hubieran aglomerado en los dos primeros vagones, algo que calificó como una cultura "muy argentina". La representante de las Madres de Mayo, Hebe de Bonafini, declaró sentir vergüenza ajena por un funcionario tan "pelotudo". 'La gente viaja cuando trabaja' añadió. "Otra vez le quieren echar la culpa al trabajador. Yo le pido a la señora presidenta que vigile un poco más a los hombres que tendrían que pensar un poco más en esta patria y en este país'. La presidenta, sin embargo, solo emitió hasta ese momento un comunicado de condolencia a las víctimas.

Al día siguiente, Schiavi compareció en una conferencia de prensa sin admisión de preguntas junto al ministro de Planificación, Julio de Vido, y ambos declararon que el Gobierno se presentaría en la causa judicial del tren como parte querellante. Varios diputados opositores vieron el gesto como una escaramuza para eludir su responsabilidad. Mientras tanto, se dio por concluido el rescate y por identificadas a las 50 víctimas, aunque una familia seguía buscando al Lucas Menghini Rey, de 20 años. Pasaron tres días y la presidenta seguía sin comparecer en público para dirigirse a los familiares. Finalmente, al cabo de 55 horas, el cadáver de Lucas Menghini Rey apareció. Las críticas volvieron arreciar. Para protegerse ante el retraso en el hallazgo del cadáver, el ministerio de Seguridad emitió un comunicado donde se informaba de que el cuerpo se encontraba "dentro de la cabina de conducción del motorman [maquinista] del cuarto vagón, lugar vedado a los pasajeros, que se hallaba en desuso y sin comunicación con el interior del mismo por hallarse las puertas clausuradas'. O sea: Lucas Menghini había entrado al tren por la ventana. Al día siguiente, María Luján, madre de Lucas, se dirigía en público a la ministra de Seguridad, Nilda Garré: "Tratar de convertir a la víctima en culpable es un recurso vil, bajo, bastardo y canalla (…). La responsabilidad sobre el transporte público no es de los usuarios, sino de las empresas. Es responsabilidad de ellas impedir que los pasajeros entren a lugares vedados. Hay responsables de lo ocurrido y hay quienes tienen la obligación de encontrarlos".

No fue hasta la quinta jornada, horas después del comunicado que leyó la familia de Lucas Menghini, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aprovechó un acto de homenaje a la bandera argentina para hablar sobre el accidente. Pidió a la justicia que no tardase más de 15 días. Pero aseguró que no iba a tomar las decisiones necesarias hasta que los jueces y peritos concluyan su investigación. Finalmente, el gobierno ha anunciado la intervención de TBA, al considerar que hay que "actuar de forma inmediata ante circunstancias graves como la presente".

El Gobierno de Argentina ha nombrado un interventor para administrar la compañía Trenes de Buenos Aires (TBA), concesionaria de la máquina siniestrada el miércoles pasado en la que murieron 51 personas."Está en juego el interés público, que nos impone resguardar la seguridad de los usuarios", ha dicho el ministro de Planificación, Julio de Vido, para justificar la medida. El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, ha pedido colaboración a los usuarios porque durante la fase de intervención tal vez haya "menos trenes" o se trabaje con "horarios distintos".

Durante un plazo de 15 días o más, si la investigación judicial se demorase, el ingeniero y funcionario Raúl Baridó quedará al mando de las líneas General Mitre y Sarmiento, con poderes administrativos, técnicos y operativos sobre ellas. De Vido ha indicado que actuaba bajo "precisas instrucciones" de la presidenta. Sin embargo, el anuncio ha llegado por sorpresa un día después de que Cristina Fernández de Kirchner anunciara que no tomaría ninguna medida hasta que la pericia judicial concluyera.

El Gobierno había recibido numerosas críticas por la gestión del accidente. Primero, porque la compañía y sus propietarios, quienes han visto prosperar sus negocios bajo los gobiernos de los Kirchner, habían recibido hasta tres informes negativos por parte de la Auditoría General de la Nación, donde se aseguraba que no invertían de forma suficiente en mantenimiento. Segundo, porque en la primera comparecencia pública tras la tragedia, el secretario de Transporte declaró que el número de víctimas no habría sido tan alto si en vez de un día laborable hubiese sucedido en un festivo o si los viajeros del tren no se hubieran aglomerado en los dos primeros vagones, algo que calificó como una cultura "muy argentina". La representante de las Madres de Mayo, Hebe de Bonafini, declaró sentir vergüenza ajena por un funcionario tan "pelotudo". 'La gente viaja cuando trabaja' añadió. "Otra vez le quieren echar la culpa al trabajador. Yo le pido a la señora presidenta que vigile un poco más a los hombres que tendrían que pensar un poco más en esta patria y en este país'. La presidenta, sin embargo, solo emitió hasta ese momento un comunicado de condolencia a las víctimas.

Al día siguiente, Schiavi compareció en una conferencia de prensa sin admisión de preguntas junto al ministro de Planificación, Julio de Vido, y ambos declararon que el Gobierno se presentaría en la causa judicial del tren como parte querellante. Varios diputados opositores vieron el gesto como una escaramuza para eludir su responsabilidad. Mientras tanto, se dio por concluido el rescate y por identificadas a las 50 víctimas, aunque una familia seguía buscando al Lucas Menghini Rey, de 20 años. Pasaron tres días y la presidenta seguía sin comparecer en público para dirigirse a los familiares. Finalmente, al cabo de 55 horas, el cadáver de Lucas Menghini Rey apareció. Las críticas volvieron arreciar. Para protegerse ante el retraso en el hallazgo del cadáver, el ministerio de Seguridad emitió un comunicado donde se informaba de que el cuerpo se encontraba "dentro de la cabina de conducción del motorman [maquinista] del cuarto vagón, lugar vedado a los pasajeros, que se hallaba en desuso y sin comunicación con el interior del mismo por hallarse las puertas clausuradas'. O sea: Lucas Menghini había entrado al tren por la ventana. Al día siguiente, María Luján, madre de Lucas, se dirigía en público a la ministra de Seguridad, Nilda Garré: "Tratar de convertir a la víctima en culpable es un recurso vil, bajo, bastardo y canalla (…). La responsabilidad sobre el transporte público no es de los usuarios, sino de las empresas. Es responsabilidad de ellas impedir que los pasajeros entren a lugares vedados. Hay responsables de lo ocurrido y hay quienes tienen la obligación de encontrarlos".

No fue hasta la quinta jornada, horas después del comunicado que leyó la familia de Lucas Menghini, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aprovechó un acto de homenaje a la bandera argentina para hablar sobre el accidente. Pidió a la justicia que no tardase más de 15 días. Pero aseguró que no iba a tomar las decisiones necesarias hasta que los jueces y peritos concluyan su investigación. Finalmente, el gobierno ha anunciado la intervención de TBA, al considerar que hay que "actuar de forma inmediata ante circunstancias graves como la presente".