El Senado de Estados Unidos confirmó el miércoles otra de las controvertidas designaciones de Donald Trump para ocupar un lugar en un poderoso tribunal federal, mientras el presidente deja una marca cada vez más prominente en las cortes de su país.
La Constitución de Estados Unidos estipula que el presidente debe nominar a los jueces federales y de la Corte Suprema de Justicia, que tienen el cargo de por vida.
El Senado ha confirmado hasta la fecha a 90 nominados judiciales de Trump, mientras el presidente busca hacer más conservadora a la justicia federal.
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Varias de las vacantes en 860 posiciones judiciales permanentes han sido ocupadas por juristas de la conservadora Sociedad Federalista.
Muchos de los nuevos jueces son jóvenes. La semana pasada el Senado dio luz verde a la elegida de Trump, Allison Jones Rushing para una corte de apelaciones, nacida en 1982.
Neomi Rao, su última confirmación, fue aprobada con 53 votos contra 46 en el Senado, donde los republicanos favorables a Trump mantienen la mayoría, a pesar de que algunas cosas que escribió en el pasado fueron interpretadas por críticos como una forma de culpar víctimas de ataques sexuales por haber sido agredidas.
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Rao, de 45 años, ahora se convierte en jueza del Tribunal Federal de Apelaciones de Washington, una de las cortes más poderosas del país, en remplazo de Brett Kavanaugh, quien el año pasado enfrentó un amargo proceso de confirmación tras ser nominado por Donald Trump como miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Durante ese proceso, Kavanaugh enfrentó acusaciones de cometer abuso sexual cuando era un estudiante de bachillerato.
En su propia audiencia, ante la Comisión del Senado para Asuntos Judiciales, Rao se distanció de algunas de las ideas que escribió hace tiempo, mencionando que fueron escritas en "un momento de exploración".
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Si una mujer "bebe hasta el punto en el que ya no puede elegir, pues bien, llegar a ese punto forma parte de su elección", escribió Rao en una publicación cuando era estudiante de la Universidad de Yale a comienzos de los años 1990.
Los demócratas, que se unieron contra ella, acusaron a Rao, una abogada que hasta ahora encabezó la oficina de asuntos regulatorios, de debilitar la protección a los consumidores y del medio ambiente.