Corte suprema de EE.UU. revisará medidas migratorias de Barack Obama
La iniciativa, bloqueada actualmente por la justicia, busca suspender temporalmente la deportación de más de cinco millones de indocumentados.
Redacción Internacional
La gran iniciativa del presidente estadunidense, Barack Obama, que busca suspender la deportación de más de cinco millones de personas indocumentadas en este país tendría una nueva luz. Esto después de que la Suprema Corte de Estados Unidos decidiera revisar las medidas actualmente bloqueadas.
La propuesta de Obama ha sufrido varios traspiés. El primero cuando en febrero de 2015 el juez federal de Texas, Andrew Hanen, a petición de 26 estados (en su mayoría gobernados por los republicanos) solicitó su bloqueo. Después de esto se solicitó ante el tribunal de apelaciones a levantar la suspensión, no obstante la respuesta fue negativa. De igual forma, a finales de mayo, el Tribunal de Apelaciones de Nueva Orleans (Luisiana) desestimó un recurso de urgencia del Gobierno. Hoy la reforma migratoria sigue bloqueada mientras que el mandatario estadounidense se declara frustrado pero asegura que "está convencido de que lo que estamos haciendo es legal".
En caso de aceptar, y tras meses de litigios, la máxima corte pondría fin al debate sobre la legitimidad del mandatario para otorgar alivio migratorio a los jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo niños, así como a los padres de ciudadanos estadounidenses o residentes que estén en situación irregular.
La iniciativa es considerada una 'amnistía' para extranjeros que permanecen ilegalmente en el país, aunque la Casa Blanca insistió en que los decretos fueron una necesidad ante la incapacidad del Congreso de legislar sobre el asunto.
La principal medida incluida en los decretos presidenciales es la que permite a personas cuyos hijos nacieron en Estados Unidos o ya regularizaron su situación mediante un procedimiento abierto en 2008 tramitar su permanencia en el país y obtener un permiso temporario de trabajo.
En la práctica, la implementación de los decretos literalmente "blinda" a varios millones de personas del riesgo de la deportación, una de las más apremiantes demandas de los entidades de defensa de los inmigrantes.
La gran iniciativa del presidente estadunidense, Barack Obama, que busca suspender la deportación de más de cinco millones de personas indocumentadas en este país tendría una nueva luz. Esto después de que la Suprema Corte de Estados Unidos decidiera revisar las medidas actualmente bloqueadas.
La propuesta de Obama ha sufrido varios traspiés. El primero cuando en febrero de 2015 el juez federal de Texas, Andrew Hanen, a petición de 26 estados (en su mayoría gobernados por los republicanos) solicitó su bloqueo. Después de esto se solicitó ante el tribunal de apelaciones a levantar la suspensión, no obstante la respuesta fue negativa. De igual forma, a finales de mayo, el Tribunal de Apelaciones de Nueva Orleans (Luisiana) desestimó un recurso de urgencia del Gobierno. Hoy la reforma migratoria sigue bloqueada mientras que el mandatario estadounidense se declara frustrado pero asegura que "está convencido de que lo que estamos haciendo es legal".
En caso de aceptar, y tras meses de litigios, la máxima corte pondría fin al debate sobre la legitimidad del mandatario para otorgar alivio migratorio a los jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo niños, así como a los padres de ciudadanos estadounidenses o residentes que estén en situación irregular.
La iniciativa es considerada una 'amnistía' para extranjeros que permanecen ilegalmente en el país, aunque la Casa Blanca insistió en que los decretos fueron una necesidad ante la incapacidad del Congreso de legislar sobre el asunto.
La principal medida incluida en los decretos presidenciales es la que permite a personas cuyos hijos nacieron en Estados Unidos o ya regularizaron su situación mediante un procedimiento abierto en 2008 tramitar su permanencia en el país y obtener un permiso temporario de trabajo.
En la práctica, la implementación de los decretos literalmente "blinda" a varios millones de personas del riesgo de la deportación, una de las más apremiantes demandas de los entidades de defensa de los inmigrantes.