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La intención del Gobierno mexicano junto con varios empresarios de ampliar el desarrollo turístico en las Barrancas del Cobre, una paisaje al que también se le conoce como ‘El Gran Cañón Mexicano’, fue apaciguada luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación los obligara a constituir un Consejo Consultivo que analizara las condiciones en las que fue firmado el fideicomiso Brrancas del Cobre, un plan con el que se espera la construcción de infraestructura para estimular el aumento de visitantes a esa zona del país.
Recientemente fue constituido el organismo que se encargará de agendar reuniones con las comunidades Rarámuris (ver historia de los atletas más resistentes del mundo ) que habitan desde tiempos ancestrales la sierra Tarahumara.
“Lo único que pidieron los rarámuris es evitar despojos como en el pasado y garantizar el manejo sustentable de los recursos naturales de la Sierra Tarahumara (…) Las obras emprendidas hasta ahora por las autoridades en Barranca del Cobre tuvieron impactos negativos en la región: contaminación del agua, cancelación de manantiales, pérdida de áreas de pastoreo y boscosas, supresión de vías de acceso, acumulación de basura y por ende proliferación de enfermedades, amén de otros problemas como alcoholismo, drogadicción y competencia desleal en la venta de artesanías con artesanos mestizos y productos chinos”, señaló la revista mexicana Proceso.
Según la publicación, los hoteles que ya operan en la región, solo hasta este año, lograron controlar los desechos de aguas residuales que durante dos décadas contaminaron las fuentes hídricas que utilizan estos indígenas para su consumo afectando, especialmente, a los niños.
Desde 1996 inició el proyecto turístico en las Barrancas del Cobre - un grupo de seis cañones que superan cuatro veces el tamaño del Cañón del Colorado en Estados Unidos - y el Estado mexicano se comprometió a que este plan no implicaría la salida de esa comunidad indígena (vea: Indios rarámuris son utilizados por narcos mexicanos para tráfico de drogas). Incluso generaría beneficios para ellos.
“Creado el 13 de febrero de 1997, el fideicomiso tuvo como fin realizar el proyecto turístico en 50 hectáreas de Creel (población turística de Chihuahua) y en 147.6 hectáreas en el Divisadero. Con base en expedientes y documentos con los que cuenta la organización Consultoría Técnica Comunitaria, al ejido Creel le pagaron la hectárea a $20.400 mexicanos y a la empresaria hotelera Ivonne Sandoval $242.200 mexicanos la hectárea en el Divisadero”, dice la nota del medio norteamericano.
Sin embargo, la ley de turismo de Chihuhua aprobada por el Congreso del Estado, en 2012, que no considera la participación de las comunidades en las decisiones que se tomen sobre esa zona, creó unos órganos de dirección como el Consejo Regional de Turismo y el Consejo Municipal encargados de aprobar los proyectos turísticos.
Los rarámuris, si bien no se oponen a estos proyectos exigen ser tenidos en cuenta en los procesos y ser informados de todo lo que se piensa hacer en su tierra. Además quieren que “se consolide un plan regional de turismo comunitario con los proyectos de los pueblos indígenas y propusieron también hacer un programa de radio sobre el proyecto de fideicomiso”.