“¿Con qué bala quiere que muera su hijo?”. Es la pregunta que el juez le hace a la familia de los condenados a muerte en China. La elección del calibre de la bala no es una cuestión menor, es un requisito exigido por las autoridades, pues a los pocos días de haber hecho efectivo el fusilamiento, a la familia del condenado le llegará la factura con el valor que deberá pagar por el proyectil “malgastado”.
Este hecho calificado como inhumano por defensores de Derechos Humanos ya no se presentará más en Pekín. Por “razones humanitarias” las autoridades decidieron reemplazar el fusilamiento de los condenados a pena capital por la inyección letal. “Esto es más humano que un tiro en la nuca”, dice el fallo de las autoridades.
Según el diario Beijing Youth Daily, que cita al Alto Tribunal Popular de Pekín, las autoridades están construyendo un recinto especial para llevar a cabo la ejecución por inyección en el centro de detenciones Número 1, en la localidad de Dougezhuang, a 20 kilómetros al noroeste de Pekín. Esta es la séptima ciudad china que aplica este cambio de método. China es el país que más condenas a muerte profiere en el mundo.
Según los legisladores locales, China dicta unas 8.000 penas capitales al año. Reportes de Amnistía Internacional (AI) aseguran que sólo en 2008 el país asiático fue responsable de un 72% de todas las ejecuciones aplicadas en las 59 naciones que incluyen esta condena en sus legislaciones.
El nuevo centro de ejecución está equipado con salas especiales para tal fin, zonas de observación y de almacenamiento de los cadáveres, explica el rotativo pekinés. El Alto Tribunal de la capital está formando a policía judicial para administrar las inyecciones, y equipos médicos que supervisarán el uso del barbitúrico letal y confirmarán las defunciones.
La inyección se legalizó en China en 1997 mediante una enmienda de la Ley de Procesos Penales para proveer un método alternativo de ejecución. Kunming fue la primera ciudad en aplicarla, seguida de Wuhan, Shanghai, Chengdu, Hangzhou y Luoyang. Pekín empezó a usarla en algunas ejecuciones en junio de 2000. La pregunta ahora es, ¿qué pagará la familia?
Por Redacción Internacional
