La responsabilidad de proteger

La crisis en Siria ha vuelto a despertar el debate de si, en el ámbito del derecho internacional, cabe la posibilidad de intervenir militarmente en un país para salvaguardar a sus ciudadanos de un poder que vulnera los derechos humanos. Hasta los años noventa del siglo pasado, el único argumento para una intervención internacional bajo el amparo de Naciones Unidas era tener la autorización del Consejo de Seguridad, como en el caso de la invasión iraquí de Kuwait en 1991, o tras un “ataque armado”, la razón dada por Estados Unidos para invadir Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre.

“Esa interpretación ignora que el derecho internacional no puede obligar a un Estado a esperar un ataque devastador o incluso letal antes de poder actuar para defenderse”, afirma Louis René Beres, profesor de derecho internacional de la universidad de Purdue, en EE.UU. “Y la bien documentada lentitud del Consejo de Seguridad a la hora de activar los mecanismos de seguridad colectiva refuerzan los argumentos en contra de esa interpretación restrictiva”.

Los genocidios en Ruanda y la antigua Yugoslavia impulsaron el desarrollo de mecanismos por los que la comunidad internacional puede actuar contra países que agredan los derechos humanos. Pero la guerra de Irak de 2003 debilitó la legitimidad de estas intervenciones internacionales. En las conclusiones de la cumbre de la Asamblea General de la ONU de 2005 se afirma que el Consejo de Seguridad podría dar su visto bueno a una intervención, inclusive militar, “si los medios pacíficos resultan inadecuados y es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad”. Esta doctrina, la de la “responsabilidad de proteger”, fue utilizada por el Consejo de Seguridad para autorizar el bombardeo en Libia en 2011.

“Aun antes de los ataques de la semana pasada, había pruebas suficientes de que el régimen de Al Asad no está haciendo lo suficiente para proteger a su población”, afirman desde la ONG Coalición Internacional para la Responsabilidad de Proteger (CIRP). “La ONU dijo en agosto de 2012 que el gobierno sirio ya ha cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, dos de las cosas que la responsabilidad de proteger intenta evitar”. El informe también acusó a los rebeldes de esos mismos crímenes.

El derecho de veto que tienen China y Rusia —esta última el principal aliado del régimen sirio— en el Consejo de Seguridad hace que sea dudoso que la ONU llegue a sancionar una acción militar contra Damasco.

“La doctrina de la responsabilidad de proteger sólo puede invocarse a través del Consejo de Seguridad”, afirma Tamara Alrifai, de Human Rights Watch (HRW). “No sanciona respuestas militares unilaterales o coaliciones de voluntarios, como la que hizo la guerra de Irak”, completan desde la CIRP. El enviado especial de la ONU a Siria, Lajdar Brahimi, hizo hincapié en esa doctrina al recordar: “Creo que la ley internacional es clara en este punto: las acciones militares deben aplicarse tras una decisión del Consejo de Seguridad”.

Más allá de esos dos mecanismos, la justificación para la guerra se sostiene en legitimidades tenues. La más viable es la de la OTAN, que ya decidió intervenir militarmente en 1999, al bombardear Serbia como represalia por la limpieza étnica en Kosovo.

El artículo 5 del tratado fundacional de la Alianza Atlántica afirma que el ataque a uno de sus miembros supone un ataque a todos y cada uno de ellos. En junio de 2012, el Ejército sirio afirmó haber derribado un caza F-4 de la Fuerza Aérea turca, país miembro de la OTAN. La cautela con la que Turquía respondió al incidente hace improbable que pueda articularse como un casus belli viable.

“Si la intervención tiene lugar y el objetivo es dar respuesta al uso de armas químicas contra civiles”, señalan desde HRW, “el resultado debe ser que no vuelvan a cometerse más atrocidades y que los civiles —de todos los bandos— estén protegidos ante ataques indiscriminados”.

Especial de ‘EL PAÍS’, Madrid

La crisis en Siria ha vuelto a despertar el debate de si, en el ámbito del derecho internacional, cabe la posibilidad de intervenir militarmente en un país para salvaguardar a sus ciudadanos de un poder que vulnera los derechos humanos. Hasta los años noventa del siglo pasado, el único argumento para una intervención internacional bajo el amparo de Naciones Unidas era tener la autorización del Consejo de Seguridad, como en el caso de la invasión iraquí de Kuwait en 1991, o tras un “ataque armado”, la razón dada por Estados Unidos para invadir Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre.

“Esa interpretación ignora que el derecho internacional no puede obligar a un Estado a esperar un ataque devastador o incluso letal antes de poder actuar para defenderse”, afirma Louis René Beres, profesor de derecho internacional de la universidad de Purdue, en EE.UU. “Y la bien documentada lentitud del Consejo de Seguridad a la hora de activar los mecanismos de seguridad colectiva refuerzan los argumentos en contra de esa interpretación restrictiva”.

Los genocidios en Ruanda y la antigua Yugoslavia impulsaron el desarrollo de mecanismos por los que la comunidad internacional puede actuar contra países que agredan los derechos humanos. Pero la guerra de Irak de 2003 debilitó la legitimidad de estas intervenciones internacionales. En las conclusiones de la cumbre de la Asamblea General de la ONU de 2005 se afirma que el Consejo de Seguridad podría dar su visto bueno a una intervención, inclusive militar, “si los medios pacíficos resultan inadecuados y es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad”. Esta doctrina, la de la “responsabilidad de proteger”, fue utilizada por el Consejo de Seguridad para autorizar el bombardeo en Libia en 2011.

“Aun antes de los ataques de la semana pasada, había pruebas suficientes de que el régimen de Al Asad no está haciendo lo suficiente para proteger a su población”, afirman desde la ONG Coalición Internacional para la Responsabilidad de Proteger (CIRP). “La ONU dijo en agosto de 2012 que el gobierno sirio ya ha cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, dos de las cosas que la responsabilidad de proteger intenta evitar”. El informe también acusó a los rebeldes de esos mismos crímenes.

El derecho de veto que tienen China y Rusia —esta última el principal aliado del régimen sirio— en el Consejo de Seguridad hace que sea dudoso que la ONU llegue a sancionar una acción militar contra Damasco.

“La doctrina de la responsabilidad de proteger sólo puede invocarse a través del Consejo de Seguridad”, afirma Tamara Alrifai, de Human Rights Watch (HRW). “No sanciona respuestas militares unilaterales o coaliciones de voluntarios, como la que hizo la guerra de Irak”, completan desde la CIRP. El enviado especial de la ONU a Siria, Lajdar Brahimi, hizo hincapié en esa doctrina al recordar: “Creo que la ley internacional es clara en este punto: las acciones militares deben aplicarse tras una decisión del Consejo de Seguridad”.

Más allá de esos dos mecanismos, la justificación para la guerra se sostiene en legitimidades tenues. La más viable es la de la OTAN, que ya decidió intervenir militarmente en 1999, al bombardear Serbia como represalia por la limpieza étnica en Kosovo.

El artículo 5 del tratado fundacional de la Alianza Atlántica afirma que el ataque a uno de sus miembros supone un ataque a todos y cada uno de ellos. En junio de 2012, el Ejército sirio afirmó haber derribado un caza F-4 de la Fuerza Aérea turca, país miembro de la OTAN. La cautela con la que Turquía respondió al incidente hace improbable que pueda articularse como un casus belli viable.

“Si la intervención tiene lugar y el objetivo es dar respuesta al uso de armas químicas contra civiles”, señalan desde HRW, “el resultado debe ser que no vuelvan a cometerse más atrocidades y que los civiles —de todos los bandos— estén protegidos ante ataques indiscriminados”.

Especial de ‘EL PAÍS’, Madrid